Congreso pandémico: el papel legislativo en el gobierno del expresidente Iván Duque

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Las falencias del anterior mandatario va más allá de su aprobación como presidente, que cerró en 33% según Cifras y Conceptos, sino que se sustentan también en datos que señalan que su movida en el Congreso no fue la mejor. De acuerdo con el informe “Congreso entre el desgobierno, la pandemia y la protesta” de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Iván Duque fue el presidente cuyo gonierno tuvo más mociones de censura contra sus ministros y dejó varias “cuentas pendientes” en materia legislativa.

¿Cuántos proyectos de ley se presentaron en el gobierno Duque?

De acuerdo con la Comisión, durante el gobierno Duque se radicaron en el Congreso 2.989 proyectos de ley, de los cuales 230 eran reformas constitucionales o de Acto Legislativo, 84 proyectos de ley estatutaria, 37 de ley orgánica y 2.838 proyectos de ley ordinaria. También así, la CCJ encontró que del total de proyetos radicados, 2.820 fueron presentados por congresistas, 157 los presentó el gobierno y 12 fueron “radicados por otros actores como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura”.

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De todos estos miles de proyectos radicados, dice la CCJ, solo 283 se convirtieron en leyes; además, varias de estas normativas están “relacionadas con conmemoraciones, estampillas y/o homenajes”, pero también llama la atención que durante el periodo Duque “no existan reformas profundas en cuanto la protección del derecho a la protesta y la reforma policial”. Pero, dice la Comisión, el alto número de proyectos y leyes aprobadas “demuestran que a pesar de la pandemia y el hecho de que el legislativo trabajará de forma remota, la producción de leyes no disminuyó ni tampoco aumentó comparativamente con otros cuatrienios”.

Respaldos de Duque en el Congreso

El inicio de su periodo presidencial tuvo fuerza y se esparaba que sacara adelante reformas y proyectos de caracter económico, principalmente: la ley de financiamiento, el plan nacional de desarrollo y las exenciones tributarias para la copa América, así como la reforma política y la reforma a la justicia. A pesar de esto, la relación entre el gobierno y el Congreso no fue estable y los apoyos para sacar estas iniciaivas fueron perdiéndose. La principal causa de esta situación, dice la CCJ, “es que el Gobierno no logró consolidar un bloque político que respaldara sus proyectos de ley y, por el contrario, se vio obligado a negociar con los partidos declarados en independencia (Cambio Radical, Partido de la Unidad Nacional y Partido Liberal) los votos necesarios para aprobar cada una de estas iniciativas”.

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A finales de la primera legislatura y comienzos de la segunda, el Congreso fue un ring político, sobre todo en los temas relacionados con la paz. La campaña de Duque prometió modificar el Acuerdo de Paz, incluyendo la gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero encontró en el Capitolio una resistencia, que no le permitió avanzar en sus intenciones. Las distancias que se asomanban entre el gobierno y el legislativo se incrementaron en 2020 por la pandemia, porque Duque expidió decretos presidenciales sin necesidad de que se tramitaran en el Congreso.

Por otra parte, durante lo que quedó de 2020 y 2021, la agenda gubernamental siguió moviéndose, logrando que la reforma al Código Disciplinario pasara, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte IDH en el caso del ahora presidente Gustavo Petro, por su suspención como alclade de Bogotá por parte de la Procuraduría. Aún con este “logro”, Duque no consiguió que la reforma a la salud se diera ni tampoco la reforma tributaria que propuso con el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que llevó al estallido social.

¿Cuántas mociones de censura tuvieron los ministros de Duque?

“Los Ministros del Gobierno completaron un total de 10 mociones de censura entre 2018 y 2022″, en las cuales, nunca se consiguió el mínimo de votos requeridos para que se destituyera a los funcionarios, pero sirvieron, dice la CCJ, para que con “presión mediática” y social, los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la ministra de las TIC, Karen Abudinen, renunciaran después de las polémicas por la reforma tributaria y el fallido contrato con la unión temporal Centros Poblados para llavar internet a varias zonas del país, respectivamente. Aún así, el Ministerio que más mociones acumuló fue el de Defensa, en el cual, los ministros Gillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo y Diego Molano tuvieron que ir siete veces a responder en los debates de Senado y Cámara de Representantes.

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¿Qué pasaba con la Corte Constitucional en el gobierno de Duque?

“La Corte Constitucional tuvo un papel importante en los cuatro años del Gobierno de Iván Duque. Por su función de control constitucional de la ley, la Corte declaró como inconstitucionales varias leyes importantes para el Gobierno Nacional”, dice la Comisión. De igual manera, aclaran que “una parte importante de estas declaratorias se deben a vicios de procedimiento, es decir a problemas o irregularidades en el trámite legislativo, lo que pone especial atención sobre el hecho de que los legisladores aprobaron leyes desconociendo requisitos mínimos del procedimiento legislativo”.

Una función vital que tuvo el Alto Tribunal en el pasado cuatrienio fue la protección de los derechos humanos. Según la CCJ, los magistrados declararon inconstitucional la ley Gilma Jiménez, “la cual buscaba reglamentar la cadena perpetua revisable para violadores y asesinos de niños y adolescentes en Colombia”. En ese momento, la Corte dijo que dicha ley “además de que el Congreso sustituyó la Constitución y se extralimitó en sus funciones también desconoció el derecho a la dignidad humana de los condenados, así como el hecho de que el fin de la pena es la resocialización”.

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Aún hoy, con Duque fuera del poder, la Corte Constitucional debe decidir sobre algunas demandas en contra de la ley de seguridad ciudadana y contra la reforma al Código Disciplinario. Sobre la primera de estas, una de las demandas sostiene que “la ley de seguridad ciudadana viola el principio constitucional de unidad de materia, el derecho fundamental al debido proceso y vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar, entre otros”.

Las deudas del Congreso

La CCJ encontró que además, la gestión del Congreso en 2018-2022 dejó algunos pendientes:

Protección de personas defensoras:

“En primer lugar, durante el periodo presidencial de Iván Duque aumentó considerablemente la violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos”, dice la Comisión, que además argumenta que a pesar de las cifras y alarmas sobre la problemática, al pasado Congreso poco le interesó el tema. “Tan solo a finales de 2021 la Comisión de Paz del Congreso realizó una audiencia pública sobre la situación de las personas defensoras, esto a petición de las organizaciones de la sociedad civil”, aseguran.

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Siendo Colombia el país donde más líderes sociales y ambientales son asesinados, en la pasada administración el legislativo tuvo pocas iniciativas en relación con la protección de estas personas. Igualmente, la CCJ recalca que, aunque el pasado gobierno firmó el Acuerdo de Escazú, “no le dio el suficiente impulso político en el Congreso para que este fuera aprobado, y aunque el proyecto de ley para ratificar el acuerdo se presentó varias veces el partido de gobierno fue uno de sus los más férreos opositores a que este pasará el trámite legislativo”.

Acuerdo de paz:

“En cuatro años, el Congreso de la República solo tramitó cinco normas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, a pesar de que la implementación del acuerdo es de crucial importancia para lograr una paz estable y duradera para este Congreso y el gobierno de Iván Duque este no fue un tema de prioridad”, dice el documento de la Comisión. De la misma manera, se recalca que aunque en la primera legislatura se le impidió a Duque reformar el Acuerdo de Paz y la JEP, “después de 2019 y con la llegada de la pandemia y la movilización social, el Congreso se olvidó por completo de desarrollar normas que le permitieran implementar el Acuerdo de Final”.

Para la Comisión, el Congreso que se acaba de posesionar “le queda entonces la labor de reactivar después de cuatro años el debate y aprobación de las normas necesarias para la correcta implementación del Acuerdo de Paz restaurando así su legitimidad y estableciendo un nuevo compromiso con la paz”.

Protesta y reforma policial

El rol del Congreso durante las movilizaciones sociales fue cuestionado, sobre todo por no haber movido ninguna iniciativa sobre la reforma a la Policía y la protesta social. “Mientras en las calles de Colombia los jóvenes protestaban contra el gobierno, el Congreso no tuvo un rol determinante como foro de discusión y toma de decisión política. Esta actitud de indiferencia se mantuvo hasta el final del periodo legislativo”, asegura la CCJ, que recalca que durante el mandato de Duque se presentaron más de nueve iniciativas que buscaban reformar la institución, y que todas “fueron archivadas mientras el legislativo continuaba ajeno a la necesidad de proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta”.

Medio Ambiente:

Los avances en el Congreso para la proteción del medio ambiente durante 2018-2022 exisiteron, pero no fueron suficientes y se desatendió un gran número de iniciativas. “El Congreso continúa debiendo una regulación o prohibición a la práctica del Fracking, el Congreso evitó legislar sobre esta materia y los proyectos que se presentaron sobre la materia se hundieron”, manifiesta la Comisión, que además señala que “el balance es negativo pues no se expidieron leyes marco para la protección del medio ambiente y se archivaron o hundieron iniciativas importantes en esta materia”.

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