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Las plenarias del Senado y la Cámara, así como las de un par de comisiones, se convertirán en el escenario donde se calentará aún con más fuerza la dura pugna que tienen en varios frentes el oficialismo del presidente Gustavo Petro y los partidos que le hacen oposición.
Y si bien el Capitolio es el lugar natural para este tipo de debates, la diferencia ahora está en que ambos bandos quieren medir fuerzas a modo de abrebocas para el proceso electoral del próximo año, en el que se dirimirá si la izquierda continúa en el poder o si la derecha es la que tiene la capacidad de retomarlo.
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Por eso, no es gratuito que desde todos los frentes se estén moviendo con fuerza para incidir en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, en lo que pase con el tercer debate de la reforma a la salud y, por supuesto, sobre el futuro de la consulta popular con la que precisamente el progresismo busca medir su fuerza en urnas bajo la tesis de darle un nuevo aire a la hundida reforma laboral.
El primer pulso, en el que se definirá a quien sucederá a Cristina Pardo por la culminación de su periodo en el máximo tribunal constitucional, es uno de los de mayor interés para petrismo y contradictores del Ejecutivo, pues quien llegue a esa instancia puede incidir en las cargas de la sala plena.
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La terna salió de la Casa de Nariño y la elección debe darse en la plenaria del Senado, una instancia que ha sido en no pocos momentos adversa a los intereses palaciegos, pero en la que el Ejecutivo también ha logado victorias.
El presidente Petro radicó una terna con los nombres de Karen Caselles Hernández (magistrada auxiliar de la Corte Constitucional), Dídima Rico Chavarro (magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz) y Héctor Carvajal, uno de los abogados personales del jefe de Estado y del propio Pacto Histórico.
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Y es precisamente este último al que ven con más resistencia en por su cercanía al oficialismo, aunque su trayectoria profesional lo ha llevado a trabajar, entre otros, con políticos que hoy están en la orilla de la oposición.
En todo caso, este abogado tiene una amplia experticia en materia jurídica y sus relaciones son a muy alto nivel en diversos sectores, al igual que las juristas Caselles y Rico, quienes también buscan espacio en esa elección.
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El grueso de la discusión se concentra en que los contradictores del Gobierno aseguran que la llegada de otra persona tan cercana al presidente a la Corte, pues su exsecretario Jurídico Vladimir Fernández ya tiene una silla en ese alto tribunal, podría impactar en la distribución de fuerzas a la hora de tomar decisiones de fondo. Todo en medio de los constantes choques que el jefe de Estado ha tenido con varias instancias, incluyendo a la Rama Judicial.
Pero ahí no para el pulso entre oficialismo y oposición. Hay otro tema que desde esta semana entró a jugar con fuerza en la polarización que hay en el debate político, pues la Comisión Séptima del Senado retomó el tercer debate de la reforma a la salud.
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En esa célula legislativa se hundió hace un mes la reforma laboral cuando ocho congresistas de diversas fuerzas le dijeron no a la iniciativa progresista, lo que derivó en una dura confrontación entre el presidente Petro y los legisladores que se apartaron de sus intereses; desde Palacio promovieron el relato de que supuestamente se cercenó la deliberación legislativa por no avalar la iniciativa, mientras que en el Capitolio defendieron la separación de poderes y la independencia constitucional frente a sus decisiones.
La presidenta de la Comisión Séptima, la senadora del Partido Conservador Nadia Blel, le dijo recientemente a El Espectador que los constantes dardos del jefe de Estado y sus aliados han generado, según ella, un escenario de animadversión que pone en riesgo la integridad de los legisladores.
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“Nosotros nos debemos a los colombianos y entendemos que estamos representándolos, pero lo que sí no es posible es que el Gobierno ahora pretenda valerse de cualquier tipo de mecanismo para que el miedo, las amenazas y los descalificativos intenten doblegar las posturas del Congreso. Sepan que no vamos a ceder ante las amenazas y el miedo”, aseguró Blel en una referencia directa a Petro.
La respuesta del mandatario fue directa: “Yo no amenazo, senadora Blel, usted ha amenazado a todas las familias trabajadoras de Colombia al meterse en su casa y quitarles el descanso y el mercado”.
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En todo caso –y con esos enfrentamientos de por medio–, la Comisión ya programó cinco audiencias públicas que se realizarán entre el 22 de abril y el 20 de mayo. Así mismo, se tienen programadas cuatro mesas técnicas con los médicos, pacientes, las EPS e IPS que comenzaron este lunes, continúan el próximo jueves y el 8 y 22 de mayo. Las audiencias contarán con transmisión del canal del Congreso.
Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, coincidieron –a pesar de la derrota con la reforma laboral en esa misma comisión– en que la cirugía al sistema de salud que propone el Gobierno aún tiene posibilidades de obtener ocho votos positivos para pasar a la plenaria del Senado a su cuarto y último debate. Sin embargo, aún no están claros esos respaldos.
Todo eso conecta con el tercer gran pulso, que será el proyecto de ley con el que el Ejecutivo quiere darle piso jurídico a su consulta popular. El grueso del cuestionario –que no es mayor a 12 preguntas– ya tiene el visto bueno de Petro y de todo su gabinete. Además, se incluye una memoria justificativa en la que en plata blanca se dice que el “constituyente primario” es el llamado a dirimir las diferencias entre las ramas del poder público que tienen origen en el voto.
Y aunque el temario es amplio y busca incluir ítems como la contratación de los aprendices del Sena y el fortalecimiento de ciertas actividades sindicales –entre otros asuntos–, la nuez para el Ejecutivo está en dos factores que generan división entre varios sectores políticos y algunos voceros de los privados.
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Se trata del reconocimiento del recargo nocturno desde las 6 de la tarde y el pago de un 100 % de los dominicales y festivos trabajados, aspectos que han generado resistencia entre un sector empresarial por los costos que esto traería pero que –en contraste– han sido una petición formal de los trabajadores del país desde hace varios lustros cuando, bajo la tesis de fomentar el empleo, fueron modificados durante la administración del ahora expresidente Álvaro Uribe.
“Estamos terminando de formular las preguntas, que tienen que ser limpias, sencillas y leales con la reforma laboral que este Gobierno ha venido impulsando y sobre la que los colombianos ya saben quiénes se atravesaron en su camino; esto es por la recuperación de derechos”, le confirmó a El Espectador el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
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En todo caso, tras su radicación en el Senado, se debe surtir su trámite en la plenaria en un plazo de máximo 30 días: 20 iniciales y 10 más de prórroga que contempla el ordenamiento jurídico.
En todos estos escenarios de la plenaria del Senado el Gobierno arranca el debate con al menos 25 votos fijos (20 del Pacto Histórico y cinco de Comunes). Por mecánica congresional, una propuesta como el proyecto de la consulta necesitaría de una mayoría simple, lo que se traduce en la mitad más uno de los senadores que estén presentes el día en que se convoque la discusión de fondo del articulado.
En contraste, el Centro Democrático (12 senadores) –del expresidente Uribe– y Cambio Radical (11 senadores) –del exvicepresidente Germán Vargas Lleras– ya dijeron que sus bancadas votarán no a la consulta en el Congreso, lo que indica que ya hay 23 votos negativos. Eso implica que colectividades que están fraccionadas internamente, como los partidos Liberal (13 senadores), Conservador (15 senadores), Alianza Verde (13 senadores) y La U (10 senadores), entre otras fuerzas minoritarias, verán cómo se valoriza su postura por el poder de inclinar en cualquier sentido la balanza.
Pero el pulso por librar no es sencillo, pues a este ajedrez político y electoral hay que sumarle que los liberales presentaron un proyecto de ley que, en resumen, busca que se pague el recargo nocturno desde las 6 de la tarde y que se reconozca el 100 % de los dominicales y festivos laborados, dos aspectos claves que el Gobierno quiere tramitar vía consulta popular.
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Lo que pasa de fondo es que la iniciativa liberal está tomando fuerza, al punto de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), aseguró que ese proyecto puede lograr consensos entre varias bancadas y obtener su aprobación con celeridad. Eso derivaría en que la consulta se quede sin oxígeno, pero el Ejecutivo no quiere ceder.
Ahora bien, y como ya lo dijeron los alfiles de cada bando, es en medio de estas turbulentas aguas legislativas que Petro y sus contradictores quieren medir fuerzas que anticipen el debate electoral del 2026, en el que la izquierda quiere otra oportunidad en el poder y la derecha, por el contrario, busca recuperar el solio de Bolívar.
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