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Como lo hacen cada miércoles, los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirán en Sala Plena el próximo 24 de abril. Pero, esta vez, el tema a discutir podría tratarse del caso más importante que ha investigado la entidad en el último año: las presuntas irregularidades que se presentaron en la campaña con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022.
Mientras se conoció que los dos magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicarán el caso ante la Secretaría del CNE la próxima semana, en el Legislativo tenía lugar otra escena relacionada, igualmente, con la campaña. En el edificio nuevo del Congreso, específicamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, se dieron las declaraciones de tres voces claves del expediente.
Ante la comisión rindieron testimonio Ricardo Roa, exgerente de la campaña del primer mandatario y presidente de Ecopetrol; Euclides Torres, el empresario del Atlántico que aparece mencionado en el expediente de Nicolás Petro -primogénito del presidente- en la Fiscalía; y María Lucy Soto, quien fue la auditora de todos los gastos e ingresos durante el proceso electoral.
Con los testimonios que entregaron, y con la noticia del CNE, todo indicaría que en los siguientes días el debate sobre las presuntas irregularidades durante la primera y segunda vuelta presidencial de la campaña Petro tomará un nuevo impulso y en varios frentes.
Roa se presentó en el recinto de la Comisión de Acusaciones sobre las 8:00 de la mañana de este jueves y dio su declaración al triunvirato a cargo de la investigación, conformado por los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).
Al término de la diligencia, el también presidente de Ecopetrol esquivó preguntas y prefirió no ofrecer ninguna declaración por el principio de reserva del proceso. De hecho, guardo un largo silencio cuando le preguntaron si había razones para formularle cargos por parte del CNE.
Y la Comisión, encargada de la investigación de aforados, tal como magistrados de altas cortes, fiscales y al presidente, sesionó solo para cumplir una de varias diligencias, pues llamarán próximamente a otros nombres que presuntamente estarían relacionados con las irregularidades en la campaña.
Los congresistas citarán al empresario Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca, al exnarco Samuel Santander Lopesierra o “El Hombre Marlboro”, al exdiputado Máximo Noriega y a Christian Daes, quienes estarían relacionados con algunas de las pruebas que tiene la Fiscalía en el caso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Además, la célula legislativa también citará a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez (Pacto Histórico), que están siendo indagados por la Corte Suprema por supuestamente haberse beneficiado de los presuntos dineros irregulares que habrían estado destinados a la campaña presidencial.
Por ahora, lo que determine el CNE será clave frente a la actuación de la campaña, pero también frente a la posible responsabilidad del presidente, pues la organización electoral deberá compulsar copias al Congreso, en donde el caso podría terminar en un eventual juicio político, solo si los representantes encuentran mérito en la investigación y presentan ponencia positiva de acusación, que deberá ser sometida a votación de los 18 que integran la célula legislativa.
En todo caso, en el folio en el CNE la primera pregunta que responderán los magistrados Ortiz y Prada será si la campaña violó o no el tope máximo de gasto, que para la primera vuelta quedó en $28.536 millones y para la segunda en $13.347 millones. De acuerdo con la información que se había recaudado con corte a febrero de este año, la campaña estaba a menos de 1 % de sobrepasarlo, es decir, a un poco menos de $150 millones.
El dinero que pudo haber gastado la campaña, pero que no habría sido reportado en el aplicativo de Cuentas Claras, se centra en supuestas facturas anuladas; viajes aéreos de la comitiva del Pacto Histórico; giros en efectivo a algunos de los 80.000 testigos electorales que cuidaron y recuperaron votos; y pagos por propaganda electoral.
Para esto, los magistrados pidieron copia del informe de auditoría que realizó la empresa Nexia Montes & Asociados, designada por la Registraduría para revisar los libros contables de la campaña, y que estableció que se anularon algunas facturas para registrarlas nuevamente por un menor valor. Una de estas habría sido para contratar un servicio de seguridad con la firma Olimpo Seguridad.
Adicionalmente, solicitaron las facturas electrónicas de Red Empresarial de Servicios S. A. —Supergiros—, Matrix giros y servicios S. A. S. —Su Red—, Efecty y Jer S. A., empresas de giros a través de las cuales se les pagaron a algunos testigos electorales por su labor. El exgerente Roa ha asegurado en varias oportunidades que sí hubo pago de dinero, pero que fue únicamente a coordinadores. No obstante, hay otras versiones.
A la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) también le fueron solicitadas facturas y libros de vuelo, que están hoy bajo escrutinio del CNE. En esos documentos deberían estar los pagos que le hizo el Pacto Histórico por prestar el servicio de transporte aéreo. Pero, además, se busca aclarar por qué en las cuentas de los senadores de la coalición aparece un ingreso de $60 millones aproximadamente de dicha organización, a pesar de que los congresistas desmienten haber recibido aportes. A su vez, Ortiz y Prada tienen en sus despachos facturas de pagos a empresas de publicidad y de personas naturales que estuvieron vinculadas a la campaña de 2022.
Paralelamente, la Comisión de Acusaciones también ha recopilado pruebas, para lo que el triunvirato ya escuchó a Nicolás Petro en dos ocasiones: en una sesión virtual el 7 de febrero y otra presencial el 14 de marzo en una sala del Tribunal Superior de Barranquilla. Y las declaraciones tomadas este jueves a Torres, Roa y Soto serán incorporadas oficialmente al expediente contra Petro, que reúne las denuncias de al menos de 11 ciudadanos, quienes ya fueron citados a ratificar.
Y este jueves se completaron todas esas diligencias relacionadas con los denunciantes. Entre tanto, el empresario Euclides Torres se acogió a su “derecho constitucional de no auto incriminarse y guardar silencio”, pero, aun así, dio lectura a una declaración en la que aseguró que ni él ni su familia hacen parte del denominado “Clan Torres”.
Además, reiteró que nunca aportó dineros a la campaña presidencial, aunque sí reconoció que apoyó con “algunos aspectos logísticos mucho antes que Petro fuera siquiera candidato”. Torres ha sido señalado por supuestamente financiar el evento con la tarima en forma de P en Barranquilla. Y, de hecho, Nicolás Petro ya había dicho ante la Comisión que Torres sí financió ese evento, pero que fue anterior al inicio formal de la campaña presidencial (29 de enero de 2022).
Efectivamente, el evento fue el 10 de septiembre de 2021, pero eso sumaría un nuevo interrogante, ya que podría configurarse como presunta ejecución de propaganda política antes del tiempo permitido por el calendario electoral (arrancó el 28 de febrero del 2022).
Lo cierto es que a partir de toda la información recopilada y frente a una eventual radicación de la ponencia en el CNE, los ocho magistrados deberán definir su voto a favor o en contra de formular cargos contra la campaña, lo que daría inicio a una investigación formal en la que se tendrá hasta 2025 para concluir y que sumaría más pruebas al folio contra Petro en el Congreso.
Y en medio de esto, un nuevo capítulo se abrió, pues la Fiscalía confirmó que “se investigan presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de la vicepresidenta Francia Elena Márquez”. La mandataria expresó que “hemos hecho las cosas con transparencia y nuestra campaña fue limpia, bonita, y se movió desde la raíz del pueblo y de los territorios más excluidos y marginados”.
En todo caso, fuentes cercanas al CNE aseguran que la Sala Plena no tiene la mayoría absoluta para tomar una decisión, por lo que en el proceso podrían entrar a participar algunos de los 18 conjueces que tiene la organización electoral, que son abogados nombrados para actuar cuando se presenta un empate en una decisión.
Magistrados indican que el voto de Altus Alejandro Baquero (Partido Liberal) sería el que desenredaría la votación, llegando a los seis apoyos, pero este continúa suspendido por orden del Consejo de Estado, luego de que concluyera que no cumplía con los 15 años de experiencia necesarios para el cargo.
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