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Una sola frase de convocar la consulta popular vía decreto volvió a caldear los ánimos entre el Capitolio y la Casa de Nariño a contadas horas de que el mismo presidente Gustavo Petro pisara el Congreso para radicar la iniciativa este 1° de mayo. Y ya se suman apelaciones, mensajes de urgencia e insistencia y votaciones atrasadas entre las estrategias que delinean de lado y lado.
No es gratuito que en las mismas 24 horas que se hubiera anunciado que se radicaría mensaje de urgencia para la “mini reforma laboral” del Partido Liberal, el jefe de Estado haya dejado planteado que, de no discutirse la propuesta en el Senado, tendría la capacidad de convocar la consulta a través de un decreto.
Y es que no son pocas las experiencias previas para respaldar esa advertencia del mandatario, cuya lista incluye las normativas ya expedidas sobre la reforma de la salud hundida y la posibilidad de que a estas se sumen algunas sobre los artículos de la laboral. Precisamente por esa razón, este último llamado sobre una convocatoria firmada por el gabinete y saltándose el Senado ya abrió el debate sobre las facultades que tendría el mismo jefe de Estado para lograrlo.
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Si bien la Ley 1757 de 2015 es clara en que el concepto previo de la cámara alta es imperativo para poder invocar esta figura, también el artículo 33 de esa misma normativa detalla que la convocatoria “se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado para ello“.
Pero, a diferencia del plebiscito, no indica específicamente que “cuando dentro del mes siguiente a la fecha en la que el Presidente de la República haya informado sobre su decisión de realizar un plebiscito, ninguna de las dos cámaras por la mayoría simple haya manifestado su rechazo, el Presidente podrá convocarlo”, como se lee en el artículo 20 de esa misma norma.
Mientras esa discusión queda pendiente en los 30 días que tendría el Senado para decidir sobre las preguntas que radicará el mandatario este jueves, lo cierto es que este mensaje de darle un propulsor a la iniciativa laboral que vino desde los liberales tampoco fuera visto con buenos ojos desde el Congreso.
Justamente, este último ya fue materia de discusión interna en las toldas rojas, pues el texto original —radicado por el senador Alejandro Chacón— habría sido modificado en la ponencia positiva presentada por el senador Miguel Ángel Pinto, quien ha sido en no pocas ocasiones el blanco de los dardos del jefe de Estado por haber sido el autor del texto negativo que hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima. E incluso, el articulado ya fue también materia de críticas desde el Gobierno por incorporar solo algunos de los puntos claves de la reforma, sin haber ido al fondo del asunto.
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Ahora, los cambios introducidos en la ponencia despertaron otra vez las críticas, pues de acuerdo con Chacón, esta no es “ni parecida” al texto original. Entre los cambios que se hicieron al articulado, está que la hora de finalización de la jornada diurna haya pasado de las 7:00 p. m. a las 8:00 p. m y que algunos sectores, como bares y hoteles, hayan sido excluidos de pagar el 100 % del recargo nocturno.
“Viola el principio de igualdad y es prácticamente no hacer nada. No estoy de acuerdo”, precisó Chacón, quien agregó que esperaría a que la iniciativa llegara a la plenaria para ajustar esos detalles.
Y lo cierto es que podría restarle un largo tramo a la “mini reforma” antes de aterrizar para su segundo debate. Después de que el mensaje de urgencia e insistencia presentado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, —antecedido por un breve mensaje en su cuenta de X en la que le pedía a los liberales “definirse” sobre su posición con respecto al articulado—, este quedó en un limbo legislativo que podría tomar dos caminos.
Por un lado, al haber sido radicado después de que hubiera sido presentada la ponencia, ya se impide que las dos comisiones deliberen conjuntamente. Sin embargo, alteraría el orden del día en la Comisión Séptima del Senado de tal forma que no pueda sino pronunciarse al respecto, golpeando el trámite, además, de la reforma a la salud. Pero esto también puede sufrir retrasos, pues sería necesario que la comisión de la Cámara se active para definir ponentes y estudiar el texto. En todo caso, la decisión de ambas comisiones tomaría tiempo que podría, incluso, cruzarse con las deliberaciones alrededor de la consulta popular en el Senado.
“La norma constitucional también deriva del mensaje de urgencia la obligación del Congreso de dar prelación a la iniciativa respectiva, excluyendo del orden del día de la comisión cualquier otro asunto, hasta tanto se haya decidido sobre la misma”, se lee en una sentencia judicial citada por el mensaje de urgencia e insistencia radicado. En ella, también se señala que “el Gobierno nacional manifiesta su respaldo” a la iniciativa de los liberales.
En todo caso, las votaciones serán, por si solas, decisivas. Aunque no puedan tomar deliberar conjuntamente, incluso una votación de 50/50, en la que una comisión vote a favor de la “mini reforma” y una en contra, podría terminar hundiendo el proyecto. Y, en este punto, valdría la pena recordar que la Comisión Séptima de Cámara, a diferencia de la de Senado, sí le ha dado el guiño a todas las reformas del Gobierno.
“Va a poder acelerar el proceso, ponerlo en los primeros órdenes del día, reducir los tiempos. Y eso va a ayudar a sacar adelante, que yo creo es una intención también que tiene la séptima, de avanzar con los proyectos, de devolverle los derechos progresivos a los trabajadores”, señaló Chacón este martes.
¿Nuevo aire para la apelación del hundimiento?
En todo caso, otra vía podría abrirse en los próximos días con la reforma laboral. Esta depende de la posibilidad de que el Senado le dé el visto bueno a la ponencia positiva que radicaron este lunes dos senadores pertenecientes a la comisión accidental que se creó para evaluar el hundimiento del articulado.
Allí se propone “aprobar el referido recurso de apelación a la negación del Proyecto de Ley”. Además, establece que, de ser avalado, continuaría “su trámite legislativo en primer debate en el Senado de la República en la Comisión Primera Constitucional Permanente de esta misma Cámara”.
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Pero las cosas tampoco están tan sencillas. Ese texto solo tiene la firma de dos de los seis integrantes de esa comisión —integrada por todos los presidentes de Comisiones Constitucionales del Senado más el presidente del Congreso, aunque sin la cabeza de la Comisión Séptima, Nadia Blel (Partido Conservador)—: los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico).
A los cinco restantes no les cayó bien, de todas formas, que esa ponencia haya sido radicada 48 horas antes de la reunión que había sido citada, desde hacía una semana, entre los integrantes de esa comisión accidental. Eso abre la posibilidad, ya desde antes planteada, de que salga otro informe, esta vez negativo, sobre el hundimiento: eso sí, la decisión sobre cuál será acogido tendrá que pasar a voto limpio en la plenaria.
La ponencia radicada, de todas formas, no ha sido anunciada y la mesa directiva todavía no tiene luz verde para votar, al menos hasta la próxima semana, cuando está citado otra vez el Senado en pleno.
En contadas horas, el presidente pisará el Congreso con la espada de Bolívar desenvainada, un acto que no se aleja de las grandes demostraciones simbólicas del mandatario, para radicar su apuesta más grande en el último año. Eso sí, aunque el Congreso tenga que afinar los 105 votos para darle el guiño o no a la iniciativa, la lucha será en las urnas, donde el Gobierno tendrá que conseguir 13,6 millones de sufragios por el sí en las 12 preguntas.
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Por María José Barrios Figueroa
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