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Si bien todo está listo para que entre este martes y miércoles se defina el pronunciamiento del pleno del Senado en torno a la consulta popular con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere darle un oxígeno electoral a su hundida reforma laboral, las fuerzas en el Capitolio no están del todo definidas. Aún se percibe un vertiginoso ajetreo de llamadas y reuniones para determinar qué camino tomar y cómo sacarle rédito a la ruta que se adopte.
La razón es que el petrismo, con el jefe de Estado a la cabeza tras volcar al Ejecutivo en su conjunto a una campaña electoral bajo la tesis de promover la cirugía al sistema laboral que el Congreso le frenó, ya tiene una ventaja sobre las demás fuerzas. El motivo es que más allá de los $700.000 millones que se deben destinar solo para el día en que se convoque a urnas, y eso contando con que pase por el Congreso, recuperó un relato hacia sus bases.
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De esto último es consciente la oposición, por lo que no quiere ir en contravía de sus votantes y al menos para las sesiones plenarias del proyecto que radicó Petro el pasado 1° de mayo se inclinarán por su rechazo a la iniciativa. Esa es la decisión que ya tomaron el Centro Democrático y el Cambio Radical, que sumados tienen 24 curules en una corporación con 105.
Aquí hay un movimiento clave y es que Ciro Ramírez ya fue oficialmente notificado de que puede volver al Congreso luego de recuperar su libertad pese a estar inmerso en un proceso penal por posible corrupción, pero como no ha pasado a la etapa de condena aún no es aplicable la figura de la silla vacía para el Centro Democrático que lo avaló.
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La importancia de esa curul, así sea una, es que la captura del senador Iván Name (Alianza Verde) por su supuesta participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) dejaba a la oposición sin un voto, pero con el retorno del investigado Ramírez lo recupera en medio de la negociaciones que se están haciendo para que los 24 votos negativos que ya están asegurados se puedan aumentar.
Y, para intentarlo, durante este fin de semana se cruzaron mensajes delegados de esas dos colectividades y del Partido Conservador, quienes el pasado martes estuvieron en una cita a puerta cerrada buscando unificar una postura de cara a la votación de la siguiente plenaria. De hecho, según le confirmaron a este diario, la señales también se le remitieron a senadores de fuerzas como Alianza Verde (13 curules), liberales y otras que han mostrado desacuerdos con la administración del presidente Gustavo Petro.
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Entre ellos, por ejemplo, estaría el senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe, quien es un duro contradictor del Ejecutivo. Pero hay duda de la decisión que tomen otros, como la legisladora Angélica Lozano, quien ha dicho que votaría sí siempre y cuando el proceso de urnas sea posterior a las elecciones, algo a lo que el Gobierno se opuso y ya es un tema superado.
Pero ahí entra en juego el otro bando, el del oficialismo, que arranca la batalla con 25 votos fijos por el sí sumando las 20 curules del Pacto Histórico y las cinco de Comunes. Y cuenta, además, con algunos otros en las mismas toldas verdes, donde tiene el apoyo explícito de León Freddy Muñoz, y en las de La U, colectividad en la cual el presidente Petro ganó el apoyo irrestricto del senador Antonio José Correa.
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Por eso es que hay respaldos que se han venido cotizando al alza en el intercambio burocrático y de representatividad que caracteriza la relación histórica entre la Casa de Nariño y el Congreso y que ahora mismo, con el presidente Petro al frente, no ha cambiado.
Esto quedó explícito con la definición de Diana Marcela Morales como próxima ministra de Comercio, un cargo que llevaba varias semanas vacante tras la salida de Luis Carlos Reyes. Ella es la actual secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara y varios en el Congreso la ubican como una persona aparentemente cercana al exrepresentante Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal.
Esta colectividad tiene 13 senadores, pues perdió uno tras la captura y posterior fallecimiento en una cárcel de Mario Castaño tras su condena por un escándalo de corrupción. Y hay un sector de ellos que reconoce esa cuota ministerial como suya y no se descarta que termine respaldando la consulta, pese a que el expresidente Gaviria invitó a sus legisladores hace menos de tres días a decirle no.
“Yo creo que eso, pues si fue pactado por algunos senadores, no lo hicieron a nombre del partido, lo hicieron a nombre propio y eso no compromete las posiciones institucionales del partido”, dijo el senador liberal Mauricio Gómez cuando La W le preguntó por la designación de Morales como ministra de Comercio en representación de su colectividad.
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En una situación similar están los 15 senadores del Partido Conservador, pues su presidenta, Nadia Blel, y el jefe del Senado, Efraín Cepeda, han sido contrarios al Gobierno y de hecho han recibido duros dardos de Petro por sus posturas frente al Ejecutivo. Su llamado ha sido a que, como bancada, se tome una decisión que no termine dinamitando la unidad azul.
Pero en estas toldas está el senador Carlos Trujillo, un antioqueño que viene trabajando de la mano con el petrismo y a quien se le ha visto algunas veces en la Casa de Nariño. Si bien no tiene influencia sobre el grueso de la bancada, la representación que tiene en el Ejecutivo puede ayudarle a convencer a algunos de respaldar la iniciativa progresista.
En La U cuentan con 10 curules y, salvo el senador Correa, los otros nueve integrantes de esta colectividad no se han expresado en torno a si apoyar o no la consulta en las sesiones de debate que arrancan formalmente este martes. Los codirectores del partido, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, se han movido buscando alianzas con otras colectividades, incluyendo una reciente cita del segundo con Gaviria, pero todo ha versado en torno a las elecciones de 2026.
“El Gobierno nunca ha amenazado y menos al Congreso. Lo único que se está diciendo es que el senador que no quiera que el pueblo hable, pues no va a ser reelegido. Así de simple. Ahora, que lo diga en un tono más ferviente, que haya una forma oral del señor presidente, pues no es para estar llorando como están llorando”, le dijo a El Espectador el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una reciente entrevista cuando se le preguntó sobre la expresión “revocar” que usó Petro durante la presentación de su consulta.
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Ese apartado también es importante, porque durante el fin de semana y las siguientes 48 horas el Ejecutivo, con Benedetti al frente y contando con el apoyo de otros ministros, como el de Trabajo, Antonio Sanguino, ha estado buscando respaldos en el Congreso para asegurar la mayoría que se requiere en la plenaria del Senado: la mitad más uno de los presentes en la sesión después de superar el quórum decisorio.
Todos los partidos, y con Petro analizando lo que viene desde China –país al que llegó en medio de la tensión que hay con Estados Unidos para reforzar las alianzas con la administración de Xi Jinping–, están pendientes de cómo se desenvuelven estos movimientos, pues para el siguiente 20 de mayo está prevista la elección de un magistrado de la Corte Constitucional en el mismo recinto.
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Esta decisión se dará entre los juristas Dídima Rico, Karena Caselles y Héctor Carvajal, quienes han venido buscando apoyo partidista en las últimas semanas. Y aunque aún no hay ventajas claras, el último tiene el plus de ser uno de los abogados personales del presidente Petro y además haber trabajado con políticos que hoy están en la oposición más férrea a la Casa de Nariño.
Lo que pase con este proceso es clave para lo que viene en cuanto al equilibrio de fuerzas en el alto tribunal, según lo han advertido por separado el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), las dos voces más fuertes de la oposición en la actualidad.
Y a toda esta ecuación hay que sumarle que esta semana se debe definir también si la minirreforma laboral que presentó el Partido Liberal, sobre la cual el Gobierno mandó mensaje de urgencia, coge o no fuerza. Algunas voces dicen que si las negociaciones se mueven bien, el Ejecutivo pediría incluirle algunos temas y así esquivar una consulta que, en todo caso, implica que salgan al menos 13,6 millones de personas a darle el sí en urnas.
Esta semana, en definitiva, es clave para el ajedrez político que se mueve con el propósito más electoral que ha sacado a relucir el presidente Petro en los casi tres años que lleva al mando de la Casa de Nariño –la consulta popular–, pero que además tiene un impacto directo en cuando a la conformación de nuevas mayorías en el Capitolio y un viso de negociación silencioso que no para. Al fin y al cabo, los legisladores también buscan mostrar músculo hacia sus regiones.
Este ese texto de la consulta que analizará el Senado:
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