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El presidente Gustavo Petro les ordenó a sus ministros, altos funcionarios y congresistas aliados combinar todas las formas de lucha para capitalizar la derrota que les propinó el Senado al hundir la consulta popular. Mantener el relato de un posible fraude, radicar tutelas, cuestionar a los opositores, preparar una nueva consulta y, especialmente, activar las bases del oficialismo para una nueva oleada de manifestaciones son las estrategias que hacen parte del paquete de respuesta del Ejecutivo.
Aunque la directriz se conoció tras el resultado de 49 contra 47 votos que negó definitivamente el llamado a las urnas que pretendía el presidente, este diario conoció que días antes de la decisión varios alfiles del mandatario hablaron de cómo reaccionar al posible hundimiento e incluso pusieron sobre la mesa la huelga general, la misma que le planteó Petro al ministro del Interior, Armando Benedetti, en el momento exacto del hundimiento.
Así las cosas, la instrucción del jefe de Estado también ha sido mantener en pie todo el andamiaje de la consulta, lo que incluye los cerca de 1.500 comités que, según cifras del oficialismo, se habían conformado en favor del SÍ, y todos los eventos que se tenían programados para impulsar el mecanismo. A esto se sumarán los llamados cabildos populares que ya iniciaron este fin de semana en varias regiones y que contarán con una primera participación del presidente este martes en Barranquilla.
Parte de la estrategia incluye movilizar miles de millones para garantizar la realización de los eventos. De acuerdo con información en poder de este diario, hace aproximadamente un mes se planteó en la Casa de Nariño la necesidad de reforzar estas actividades en plaza pública, por lo que se autorizó destinar $11.700 millones más para la producción de los eventos a los que asistirá el presidente Petro.
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Varios funcionarios de Palacio trabajan a contrarreloj para encontrar un operador logístico y adjudicar un contrato por ese valor en la última semana de junio, pues se estima que para esa fecha se agotarán los $10.638 millones que la Presidencia le ha dado a la empresa Feeling Company para la producción de las apariciones en público del mandatario. Esta firma, de hecho, ha sido la encargada de que en las últimas semanas se hayan llevado a cabo encuentros claves para la consulta popular, como el del pasado 24 de abril, en Soledad (Atlántico), en el que el presidente instaló los comités por el SÍ y, de paso, lanzó un duro discurso contra el Congreso y calificó como “mucho HP” al presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda (Partido Conservador).
Lo mismo ocurrió el pasado 25 de abril, en Yopal (Casanare), en otra instalación de un comité por el SÍ a la consulta, a la que asistió el ministro Benedetti para pronunciar un discurso en el que habló de una “mini reelección del presidente”, declaración que luego tuvo que matizar. Según los registros, ambos eventos fueron cargados a la cuenta del contrato con Feeling Company.
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Los detalles del contrato para eventos del presidente Petro
Con el nuevo proceso por $11.000 millones, la administración Petro ajustará siete convenios para el mismo fin, por un valor que supera los $51.000 millones. El nuevo contrato deja claro que parte de la misión de dicha inversión es fortalecer el diálogo social que, según se lee en su justificación, depende de que todos los ciudadanos tengan derecho a participar en la “conformación, ejercicio y control del poder político, para lo cual, podrán tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática”.
La Casa de Nariño también señala que los recursos se usarán para fomentar la “gobernanza participativa”, para lo cual se tiene previsto llevar a cabo cuatro espacios liderados por el presidente: Mesas de trabajo con alcaldes y gobernadores, Gobierno Escucha/Diálogo Social, Gobierno con el Pueblo y Barrios Populares y Cumpliendo con el cambio. Según voces de la Consejería de Regiones, dependencia que organiza estos eventos, todos están enfocados en mostrar resultados y, por esa vía, en la promoción de las reformas sociales y ahora la consulta popular, factores claves en la apuesta de reelegir el progresismo en 2026.
De acuerdo con la Consejería, se espera que solo en el segundo semestre de este 2025 el presidente lidere 13 eventos de este tipo, por un valor cercano a los $1.900 millones, lo que arroja un promedio de $146 millones por evento. En cada uno se garantizará refrigerio y transporte para los participantes, al igual que la instalación de una tarima con sonido y pantallas, carpas y más de 2.000 sillas.
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Este martes, precisamente, se verá un adelanto de este tipo de espacios, pues se espera que el cabildo popular que liderará el presidente desde Barranquilla, en el Paseo Bolívar, tenga una magnitud similar y convoque a cientos de simpatizantes de la causa petrista. En medio de su viaje por China e Italia, el mandatario envió al ministro Benedetti para que hiciera una avanzada, por lo cual durante todo el fin de semana el funcionario se reunió con sindicatos y otras organizaciones que respaldan la consulta popular. Se espera que el presidente llegue después de las 3:00 de la tarde y que, tras escuchar a los asistentes, defina el futuro de la nueva consulta popular, que tendría una pregunta sobre salud, y el de la huelga general.
En este punto cabe anotar que el Ministerio del Interior también inyectará una millonaria cifra a los eventos en el marco de los debates por las reformas y la consulta, pues la semana pasada la cartera firmó un convenio por más de $88.000 millones, con RTVC, para la operación logística de los eventos, encuentros y demás actividades de la entidad. La noticia levantó ampolla en la oposición, ya que varios en ese sector aseguran que ese dinero terminará en la campaña por un mecanismo que fue hundido en el Legislativo.
Campaña en todos los frentes por la consulta popular
Si bien el presidente aún no ha regresado al país para liderar la estrategia de los cabildos, sus funcionarios ya recibieron la orden de empezar por su cuenta, por lo que varios, durante todo el fin de semana, hicieron la tarea. La Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de su director Felipe Harman, reunió en el Magdalena Medio a cerca de 500 campesinos que conformaron lo que el funcionario bautizó como el “primer cabildo campesino en respaldo de la consulta popular”.
En una entrevista con este diario, el propio Harman reconoció que el movimiento campesino le ha generado buenas expectativas al Gobierno con su capacidad de movilización, por lo cual en las cuentas del Ejecutivo hay 450 comités de reforma agraria que se transformarían en 450 grupos que apoyarían lo que defina el mandatario en respuesta al revés que tuvo en el Congreso.
Por otra parte, en Córdoba, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, junto a varios congresistas del Pacto Histórico y exfuncionarios del gabinete como Andrés Camacho (exministro de Minas), lideró la conformación del “Cabildo Social en la Universidad de Córdoba”, también con el propósito de respaldar la consulta.
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Así mismo, en Bogotá se dieron cita otros sectores afines al Gobierno y llevaron a cabo las primeras reuniones organizativas del “cabildo distrital”. En otras ciudades y municipios se realizaron ejercicios similares, actos culturales y cacerolazos. “Le solicito a las juventudes campesinas, barriales, universitarias, si el pueblo decide la huelga general, el uso al máximo de la cultura y arte”, dijo el presidente Petro en uno de sus trinos.
De acuerdo con el mandatario, este sería otro “paro nacional”, que debería votarse en las plazas públicas para que él, este martes, tome una decisión de acuerdo con los reclamos de los manifestantes. “El presidente obedecerá la decisión popular tomada en las asambleas municipales”, agregó.
Según congresistas del oficialismo, esta vez la apuesta del mandatario no será llevar a cabo una sola gran marcha, como la del 1 de mayo, sino mantener a sus bases activas todo el tiempo, con eventos cada fin de semana y pequeñas concentraciones en todo el país hasta que el Congreso retome la discusión de sus reformas. Esto implica afianzar el respaldo de centrales obreras y organizaciones indígenas, éstas últimas cuestionadas por tener contratos con el Estado que suman al menos $180.000 millones.
Así las cosas, en la agenda aparecen visitas a las regiones, “plazoletazos” y hasta grandes conciertos, como el de “la esperanza”, que organizó RTVC para el próximo 8 de junio y que tuvo un costo de más de $3.800 millones. A la par, desde este mismo lunes, la bancada progresista presionará porque la resucitada reforma laboral se apruebe en menos de un mes e incluso para que la votación de la consulta popular se reabra por los supuestos fraudes de la mesa directiva.
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Por David Efrén Ortega
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