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Mientras en la Secretaría del Senado avanzaba un cónclave de partidos de oposición y del oficialismo con presencia de delegados del Gobierno, el presidente Gustavo Petro dio un golpe de mesa y a las 4:12 p.m. anunció la publicación oficial del decretazo de su consulta popular. La rúbrica del documento de 33 páginas no solo calentó la discusión de la reforma laboral, sino que le planteó la encrucijada al registrador Nacional, Hernán Penagos, sobre el paso a dar, pues por ley es el encargado de organizar toda cita a urnas, que en Casa de Nariño esperan que sea el 7 de agosto.
En el decreto se reiteró que, a juicio del Gobierno, la votación del pasado 14 de mayo sería “inexistente” por cuenta de presuntas irregularidades y que, por tanto, el Congreso no se pronunció a tiempo sobre la consulta. “Negar al presidente esta posibilidad implicaría convertir al Congreso en órgano con poder de veto al pueblo sobre el ejercicio de un derecho fundamental”, se señaló en ese acto administrativo. Es decir, en medio de vientos de negociación para revivir un acuerdo nacional, el Gobierno señaló al Legislativo de interponerse en sus decisiones y por eso dejó explícito que el 7 de agosto quiere ir a urnas.
La reunión que recibió el cimbronazo de la rúbrica presidencial comenzó pasadas la 1 de la tarde. En el encuentro, que fue citado por la mesa directiva del Congreso y en el que estuvieron los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, los congresistas intentaron llegar a acuerdos en temas espinosos del proyecto.
Pero cuando llegó la notificación de la publicación de Petro en X, el ambiente en la reunión se tensó. Aunque desde el Ejecutivo y la bancada oficialista insistieron en que no se trata de una suerte de “chantaje”, y que por lo mismo el presidente afirmó que podría derogarse, en la oposición se vio como un ultimátum.
He firmado el decreto que convoca a la consulta popular.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025
Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes.…
Como lo contó este medio, el decreto ya tenía la firma de todo el gabinete desde hacía más de una semana, pero se pospuso su publicación tras el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe, el pasado 7 de junio. De hecho, su redacción fue la primera tarea que tuvo Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia, quien materializó así una apuesta de tinte electoral que se revistió de juridicidad.
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En todo caso, con la firma y el eventual envío del decreto a la Registraduría, parte de la responsabilidad ahora recae en el registrador Penagos. En la entidad están esperando a que llegue el documento para estudiar su aplicabilidad jurídica, sobre el cual se podría hacer una consulta a las altas cortes sobre los pasos a seguir, pues hace 8 días –el 3 de junio–, el senador Cepeda envió una comunicación confirmando que la consulta se había hundido el pasado 14 de mayo, con 49 votos en contra y 47 a favor. Esto, a juicio del Capitolio, ya invalidaría el decretazo. Pese a ello, y como se lee en el papel, el propósito es que la convocatoria a urnas se haga el próximo 7 de agosto, cuando comienza el último año del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
En el documento se argumenta que la plenaria del Senado estuvo viciada, calificándola en el decreto de tener “graves yerros insubsanables que (lo) afectaron de manera sustancial”. Además, en la parte motiva, se citan a filósofos como Jürgen Habermas y Niklass Luhmann, que es una forma de Montealegre para blindar la decisión cuando sea evaluada por una alta corte, bien sea el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, otro asunto que ha generado discusiones.
Esa firma y la discusión de la reforma laboral, que se pospuso hasta las 8:00 a.m. de este jueves, marcó el regreso de las discusiones políticas justo donde habían quedado. Estas entraron en una suerte de pausa por el sacudón que significó el atentado contra el senador Uribe.
Fue precisamente ese el motivo por el que el decretazo no salió el pasado domingo, como se esperaba en un primer momento. También por el que se tuvieron que cambiar algunas de las firmas, como la de la canciller Laura Sarabia y el ministro de Minas, Edwin Palma. Como ambos viajaron este miércoles a Bruselas, firmaron, respectivamente, los ministros encargados Rosa Villavicencio y José Luciano Sanín.
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Tampoco lo pudo firmar su autor, Montealegre, porque no se ha posesionado como ministro de Justicia; en su lugar, la rúbrica la puso Augusto Ocampo. En todo caso, luego del anuncio de Petro, Montealegre salió a defender el decretazo y a explicar sus implicaciones. Benedetti hizo lo propio, antes de entrar a la plenaria del Senado, y dijo que, dependiendo de la reforma laboral que se apruebe, podría retirarse.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha consumado un golpe frontal contra la democracia colombiana, materializando las amenazas que durante meses han inquietado a la nación. El denominado "decretazo" no es solo un acto arbitrario: es la violación flagrante del Estado de…
— Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) June 12, 2025
En todo caso, durante el lunes y el martes, la conversación política giró en torno al rechazo al ataque contra el precandidato presidencial del Centro Democrático. Y, de hecho, en el Congreso acordaron detener todas las discusiones durante 72 horas, contadas desde el atentado y que se cumplieron este martes a las 5 de la tarde. Por ello, el senador Cepeda citó la plenaria este miércoles a las 8:30 de la mañana.
Las primeras horas de la mañana, sin mayor contratiempo, se dedicaron a votar los impedimentos de los senadores. No obstante, sobre el mediodía, los congresistas del Pacto Histórico, y los ponentes de la Comisión Cuarta –Juan Felipe Lemos (La U), John Jairo Roldán (Liberal), Aída Avella (Pacto Histórico), Carlos Meisel (Centro Democrático), Samy Merheg (Conservador), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), Richard Fuelantala (Aico) y Lozano– salieron para reunirse en la oficina del secretario del Senado, Diego González.
Uno de los asistentes, que pidió no ser citado, en un momento salió asegurando que “no tenía sentido” que estuviera toda la bancada del Pacto y “solo unos del Senado”. Cuando ya iban más de dos horas de discusión, según supo El Espectador, apenas se habían discutido dos de los 14 artículos en pugna, del total de los 82 de la reforma laboral. El puntillazo final a la dificultad de negociar llegó con el decreto.
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Con el anuncio de la convocatoria, Petro afirmó: “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso”.
Desde Cali, el presidente Petro pidió un minuto de silencio por Uribe y se comprometió a bajarle al tono, pero sin ceder en sus ideas reformistas. Precisamente, reiteró que la consulta es “conveniente”. Muchos han dicho que es ilegal, inconstitucional y han amenazado a mi gabinete. Pero yo me sentiría orgulloso, porque tendrían que poner preso a unos funcionarios y a un presidente que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”, aseveró.
Pero lo cierto es que, cuando se retomó la discusión en la plenaria, sobre las 4:30 de la tarde, los ánimos estaban caldeados. Un alto funcionario del Gobierno Nacional aseguró que “es como cuando se negocia en guerra: se dice en qué se puede ceder, pero no se dejan de lado las alternativas”. Es decir, aunque aseguró que el decreto no es un “chantaje”, es la forma de reiterar que no cederá en sacar adelante la reforma. “El mecanismo es secundario”, afirmó el funcionario, asegurando también que, si la reforma que se apruebe satisface al Gobierno, no se seguiría adelante con la convocatoria.
De ahí que en el decreto se insista en hechos como que no se leyera la proposición, que se cambiara el sentido del voto del senador Édgar Díaz (Cambio Radical) y que se cerrara, en tres minutos, la votación, lo que, dice el Ejecutivo, habría evitado el voto de senadores proconsulta.
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En la oposición, no obstante, y como lo dijo uno de los ponentes, fue visto como un desafío del Senado y que, por tanto, la única solución sería resolver las diferencias a voto limpio en la plenaria.
La discusión quedó en la ponencia mayoritaria, porque la ponencia que presentó la senadora Avella se hundió, luego de que se reanudara la plenaria, con 57 votos en contra y 32 a favor. Así las cosas, y pese a los mensajes de lado y lado de “bajar el tono” de las discusiones, en la práctica quedó en evidencia que el Gobierno y la oposición han decidido no ceder en sus posturas. El desenlace está por conocerse y para el Ejecutivo, la resolución sería el próximo 7 de agosto cuando espera que se realice la consulta.
Este es el decreto que firmó el presidente Petro:
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Por Leonardo Botero Fernández
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