Consulta previa desmoralizada

No es un mecanismo de habilitación o autorización del proyecto, obra o actividad por parte de las comunidades étnicas. Esto les corresponde a las autoridades administrativas con sujeción a la ley. La consulta previa es una expresión de máxima participación democrática que no admite ningún tipo de discriminación de las partes intervinientes. No es aceptable que la consulta previa represente una barrera de acceso y un desincentivo a la inversión. El abuso del derecho se convierte en un fenómeno que lo debilita y que perjudica a todos los colombianos al frustrar la oportunidad país en términos de puestos de trabajo, regalías, impuestos, infraestructura, etc.

Largos periodos de duración de las consultas previas y exigencias económicas que supeditan su continuidad desmoralizan una institución jurídica que hoy día es antagónica a sus fines y principios integracionistas que la acompañan. La apuesta del Estado y el sector privado es por fortalecer la consulta previa como derecho y como procedimiento, para que recupere su finalidad y verdaderamente favorezca a comunidades étnicas y sociedad colombiana.

La consulta previa versa sobre derechos humanos inalienables como la vida, el ambiente sano y el acceso al agua. Si bien esta no es un espacio de transacción de derechos porque estos no son removidos entre los participantes a cambio de un valor económico, es cierto que representa para las comunidades étnicas importantes beneficios sociales en forma de medidas de manejo de impactos y compensaciones, que, traducidos en mejoramiento de vías, fortalecimiento de gobierno propio, proyectos productivos, entre otros, deberían mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

De allí que tampoco es aceptable que las comunidades étnicas sean desplazadas en la toma de sus propias decisiones por asesores inescrupulosos que solo persiguen su lucro personal y exponen a las comunidades étnicas al rechazo que ya por muchos años han cargado desgraciadamente.

Estos tiempos de pandemia nos refuerzan el sentido de solidaridad y nos someten a recordar que, independiente del origen, sexo raza o condición, todos somos colombianos habitando un mismo territorio. La invitación a las comunidades étnicas es a empoderarse de sus decisiones y participar activamente en las consultas previas, enfocándose en todo aquello que realmente asegure una construcción colectiva de largo plazo en paz.

En relación con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Rom y el Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, la invitación es a definir, junto al Gobierno y el sector privado, un procedimiento de consulta previa que logre un equilibrio entre las diferentes visiones de desarrollo lo que contribuya a la construcción de un país económicamente sólido para la efectiva garantía de los derechos de todos los colombianos.

A su salida, Nancy Patricia Gutiérrez dejó listo el proyecto de ley estatutaria de consulta previa que define reglas claras de juego de la consulta previa, en un ejercicio técnico que elimina y administra los incentivos negativos que desnaturalizan la consulta previa, en aras de recuperar una institución definitiva para la riqueza cultural y económica de nuestra Nación. Corresponde a Alicia Arango adelantar el proceso de consulta previa frente a esta medida legislativa, que les valdrá a los colombianos $ 18.000 millones de pesos y posteriormente someterlo a consideración del Congreso.

Consecuencia del COVID-19 el distanciamiento social es una responsabilidad y una obligación. Afortunadamente la tecnología ofrece a toda la humanidad escenarios virtuales de participación que son adecuados y prácticos a los fines perseguidos por la consulta previa. Un acuerdo entre las instancias de consulta previa de las comunidades étnicas y el Gobierno Nacional que reviva las consultas previas virtuales, nos podría ahorrar gran parte de la mencionada suma y así recuperar un camino político que desapareció del panorama con la revocatoria de la circular CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo de 2020.

Si solucionamos el fenómeno de la consulta previa, serán miles de colombianos que podrán encontrar garantía en un amplio número de derechos que demandan recursos públicos para su ejercicio y que el sector privado se encuentra en capacidad de aportar, a la vez que comunidades étnicas podrán salvaguardar su idiosincrasia y modo de vida.

* Ex viceministro (e) para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior.