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Luego de que saliera a la luz pública que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adjudicó de manera directa dos contratos por más $20.000 millones a una empresa del Valle con nexos en el Partido de La U y señalada de incurrir en la opaca práctica de la subcontratación, denuncia hecha por El Espectador, acaban de surgir las pruebas de un tercer convenio con características muy similares.
La protagonista ahora es Impretics y, según pruebas en poder de este diario, se trata de una empresa controlada por la Gobernación del Valle, hoy en cabeza de Dilian Francisca Toro (La U), que está detrás de un contrato de inicialmente $172 millones para almacenar y administrar el archivo de la entidad. Aunque el plazo de este convenio se terminó el pasado 20 de mayo, la presidenta del CNE, Maritza Martínez, política también ligada directamente a La U, autorizó una prórroga de dos meses más y una adición de $45 millones.
Lo que llama la atención es que Impretics no aparece directamente relacionada, pues el contratista oficial es Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., una sociedad mixta que se quedó con el proceso al presentar una propuesta de menor valor comparada con las de otras dos interesadas, entre estas 4-72 o Servicios Postales Nacionales. De acuerdo con los registros oficiales, las acciones de Archivos del Estado están controladas en un 51 % por Impretics y el 49 % restante por el privado A & G Investment.
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Actualmente, Impretics es gerenciada por Luis Alfredo Gómez Guerrero, quien fue anunciado en el cargo por la gobernadora Toro incluso antes de su posesión oficial, para reemplazar a Fernando Céspedes Martínez, quien estuvo durante ocho años al frente de la firma y el pasado mes de febrero recibió una imputación de la Fiscalía por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Es en este punto en el que empiezan a aparecer una serie de irregularidades que rodean nuevamente al CNE. Céspedes Martínez está acusado junto al exsecretario de Seguridad de Cali Carlos Fernando Rojas por suscribir un convenio irregular de $5.700 millones para la compra y mantenimiento de cámaras de seguridad. Según el ente, Rojas no verificó la capacidad técnica del contratista (Impretics), por lo que para dar cumplimiento al objetivo se habría acudido a la subcontratación.
Impretics ha sido señalada de utilizar repetidamente esa figura, por lo cual algunos órganos de control la han incluido en las listas de los llamados “contrataderos”, empresas que aprovechan los convenios interadministrativos para saltarse la ley y subcontratar, usualmente con un presupuesto menor al del contrato original, a otras compañías de las que no se tiene información.
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En 2023, la Procuraduría alertó por la suerte de $3,3 billones entregados “a dedo” a 19 “contrataderos”, entre estos Impretics, que de acuerdo con la investigación firmó 17 contratos por un valor de $13.000 millones. “El ente de control investiga si estas organizaciones tenían la experiencia e idoneidad para ejecutar los respectivos proyectos y si se adelantaron procesos con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio de procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas, excluyendo a posibles competidores o presuntamente incumpliendo los principios de la función administrativa”, dijo en su momento la Procuraduría.
Y la Contraloría –también a finales de 2023– le puso la lupa a Impretics y anunció que adelanta varias acciones en su contra, todo en el marco de una investigación de más de 900 contratos que ascienden a los $130.000 millones.
Pero el tema no para ahí y toca aún más a la gobernadora Dilian Francisca Toro, ya que el pasado mes de mayo el diputado del Valle Jonhy Acosta (Pacto Histórico) denunció que Impretics le entregó millonarios contratos a empresas asesoras de comunicación que trabajaron en la reciente campaña a la Gobernación de Toro. Uno de estos convenios suma más de $680 millones y fue suscrito con Estrategia y Poder, cuyo director ejecutivo donó a la campaña de la hoy gobernadora.
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Este diario le preguntó a la presidenta del CNE, Maritza Martínez, por qué se eligió a Archivos del Estado como contratista. Según explicó, el proceso arrancó en la pasada presidencia del tribunal, a cargo del magistrado conservador Alfonso Campo Martínez, por lo que ella solo firmó una prórroga para evitar que las 13.000 cajas de archivos terminaran en la calle. Así mismo, aseguró que no conoce la empresa ni sabe quiénes están detrás, pues solo cumple su función como ordenadora del gasto.
Sin embargo, la magistrada sí reconoció que la entidad está trabajando para abandonar la figura de los polémicos contratos interadministrativos; de hecho, se comprometió a que durante su administración en el CNE todos los nuevos contratos se manejarán a través de licitaciones públicas.
Sobre los otros dos contratos cuestionados, la presidenta del CNE respondió que también se trató de una urgencia para no perder los sistemas informáticos y que, al igual que en el proceso con Archivos del Estado, fue el magistrado Campo quien firmó el primer contrato y ella quien representó a la entidad en el segundo proceso para solucionar a tiempo el acceso a redes y protección de datos en línea.
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No obstante, es de resaltar que no son pocas las voces que criticaron que la entidad contratara una solución que ya tiene la Registraduría, pues consideran que todo debería funcionar bajo la sombrilla de la organización electoral. “Con la disculpa de su deseo de tener independencia frente a la Registraduría, se pactó esa inversión en tecnología. Un absurdo. La Organización Electoral es una sola. No deben existir contratos redundantes”, dijo el senador Humberto de la Calle.
Desde la entidad le respondieron a este medio que –de no hacerse esa adquisición– el CNE continuaría como una “apéndice” de la Registraduría, lo que va en contravía de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Además, este diario buscó a la gobernadora Toro para conocer su versión de estas denuncias, pero al cierre de esta edición no había respondido.
En todo caso, en el interior del organismo sigue generando ruido la aparición de nuevos contratos ligados al Partido de La U y más aún al tratarse de contratistas cuestionados por los entes de control. Además, este nuevo proceso y los otros dos por más de $20.000 con la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT) despertaron las voces que piden una reforma profunda a la autoridad electoral, esto con el fin de desligarla del poder político, que incluso ha afectado procesos claves como el que se lleva contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en 2022.
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Por David Efrén Ortega
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