Contratos y denuncias en la Cámara de Representantes

Contra Garzón Tenjo cursa un proceso penal en la Fiscalía por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la “proveeduría integral y distribución de elementos de oficina, elementos de papelería e insumos para equipo de impresión y fotocopiado”. El contrato se firmó por $469 millones en 2010 y condujo a una demanda interpuesta por el Banco Colpatria contra la Cámara de Representantes, que fue la que finalmente perdió.

A juicio del expresidente de la Cámara, el representante Fabio Amín –que fue quien interpuso la demanda– , Garzón elaboró los términos de la licitación, realizó la evaluación técnica, jurídica y financiera de los proponentes, así como también proyectó la resolución de adjudicación de la licitación a favor de la empresa Ferlag Ltda., la cual ganó el contrato y lo ejecutó. Pero Garzón niega estos señalamientos. Afirma que fue quien hizo la supervisión del contrato, que se realizó a satisfacción, pero sostiene que él es un funcionario del “nivel de un mensajero” y que no tiene las facultades que le atribuyen ahora.

El tema, complicado por los vericuetos legales y administrativos, se resume de la siguiente manera: en 2010 se abrió la licitación de papelería de la Cámara de Representantes. Ferlag ganó el contrato y le pidió a Colpatria que le prestara el dinero para ejecutarlo. Así lo hizo el banco, pero a cambio pidió que se hiciera una sesión irrevocable de los pagos. Es decir, que la plata del contrato debía pagársele a Colpatria y no a Ferlag.

Hasta ahí todo está claro, sólo que el pagador de la Cámara, Álvaro de Jesús Miers, le canceló a Ferlag una serie de facturas. Colpatria pidió a la corporación que los dineros del contrato fueran consignados al banco y no a la empresa, y como ya era demasiado tarde, demandó. Al final, la entidad financiera ganó el pleito y la Cámara se vio obligada a cancelarle los dineros exigidos. Así las cosas, el contrato se pagó dos veces y costó el doble de lo proyectado.

Entonces vino la controversia entre la Dirección Administrativa de la Cámara y Garzón. El operador de sistemas asegura que advirtió que el proceso se perdería por carencias en la defensa técnica. Y cuando el fallo fue adverso a la Cámara, Garzón sugirió a su presidente, en ese momento el representante Fabio Amín, que elevara una acción de repetición para que los funcionarios involucrados en el proceso asumieran la responsabilidad económica del detrimento patrimonial.

Hecho que desencadenó una pelea que tienen cientos de documentos de por medio. Amín y Raigoza denunciaron ante la Fiscalía a Garzón, acusándolo de ser el responsable de los sobrecostos del contrato. Pero Garzón va más allá. Dice que el origen de esta disputa son las denuncias e investigaciones que él mismo ha adelantado contra la directora administrativa de la Cámara.

Las denuncias del operador son de grueso calibre. Dice el funcionario que elevó un derecho de petición para que se esclarecieran una serie de contratos sospechosos realizados por Raigoza. En el documento, que no obtuvo respuesta de la Dirección Administrativa, Garzón pidió protección personal porque, según dijo, su vida y la seguridad de sus allegados están en riesgo.

Y agregó que entre el 2 y el 22 de enero de 2014, un día antes de que empezara a regir la Ley de Garantías, la Dirección Administrativa había firmado 400 contratos que suman más de $6.300 millones. Garzón aseguró que revisó los contratos uno a uno y que encontró que 130 corresponden a lo que se conoce como nómina paralela, es decir, contratos con funciones que ya existen en otro cargo.

También denunció que entre los 400 cargos muchos de estos fueron otorgados a familiares de funcionarios de la Cámara, de los secretarios de las comisiones o hasta de los mismos políticos. Asimismo, el operador de sistemas indicó que entre los contratistas hay cuatro que tienen procesos penales por homicidio y pertenecían a grupos armados al margen de la ley.

Y, finalmente, una denuncia más. Garzón concluyó que también encontró que entre los cientos de contratos hay uno para la modernización de la arquitectura empresarial de la Cámara de Representantes, que costó más de $380 millones, cuando en el Senado la inversión para lo mismo fue de $60 millones. Y que entre 400 contratistas analizados, 41 contratos, que suman $850 millones, benefician a personas que votan en el Quindío, departamento del cual es oriunda Raigoza.

El Espectador contactó a la directora administrativa, quien dijo que las denuncias de Garzón han sido solo ante los medios de comunicación. “Yo expliqué que, efectivamente, en 2014 había contratado a 400 personas, pero no en tiempo récord sino acorde a la Ley de Garantías”. Y agregó que se hizo la salvedad de que los contratos de la parte legislativa arrancaban el 16 de marzo.

Raigoza rechazó la tesis de que es una retaliación y enfatizó que la denuncia contra Garzón fue instaurada en 2012, dos años antes de que el operador de sistemas lanzara sus acusaciones. “Ese año encontramos que Colpatria nos demanda por un dinero que no le habían pagado. Perdimos el proceso. Como se dictó acción de repetición contra los presuntos responsables, entre ellos él, a eso se debe la actitud del señor Garzón contra la Dirección Administrativa. Dijo que habíamos contratado a personas al margen de la ley, pero cuando se le pidió la información precisa, no lo pudo demostrar. Todo eso es mentira”, concluyó la alta funcionaria del Congreso de la República.

Así es como la pelea entre la directora administrativa de la Cámara de Representantes y un operador de sistemas de la misma corporación pasó de ser una diferencia interna a un intercambio de señalamientos ante los estrados judiciales, donde uno y otro se acusan de corrupción. Lo lamentable de la situación es que el dinero que habría sido mal utilizado es el que los colombianos aportan para el sostenimiento de nuestra democracia.