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Paros, plantones y reuniones que llegan hasta la madrugada han marcado el accidentado cierre del convenio de más de $175.000 millones ($175.311’826.573) para la operación de Jóvenes en Paz. El acuerdo, firmado entre el Ministerio de Igualdad y la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP), es el centro de una pelea interna por alegatos de “incumplimientos” en uno de los programas estrella del presidente Gustavo Petro, que ya llegó a entes de control y que golpearía a los más de 28.000 beneficiarios, así como a los trabajadores encargados de su implementación.
Tal es la situación de zozobra que ya hay riesgos de que queden en el aire los cerca de $83.000 millones que no han sido desembolsados, a lo que se suma que el actual operador cesaría funciones en cuestión de días. Y el programa está bajo la supervisión del propio jefe de Estado, que lo describió como un “fracaso” por no alcanzar la meta esperada.
Y no es poco lo que pasa, pues ocurre cuando la cartera todavía está bajo la sombra de las tensiones entre la vicepresidenta Francia Márquez y quien la reemplazó en el cargo como ministro de Igualdad, Carlos Rosero, quienes eran amigos y trabajaron juntos desde antes de que Márquez hiciera parte del “Gobierno del cambio”.
Jóvenes en Paz ha estado bajo el escrutinio público desde que comenzó, bajo la premisa de “pagar para no matar”, con la meta de integrar a 100.000 jóvenes de 14 a 28 años en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y la guerra. Con más de un año en funcionamiento —en el que el Minigualdad ha tenido dos ministros, dos personas han estado a la cabeza del Viceministerio de Juventudes y al menos cuatro en la dirección del programa—, se ha logrado vincular a 28.886 jóvenes en 73 municipios.
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Y en los últimos 11 meses, la UTTYP —integrada por la Fundación Universitaria Claretiana, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Promoción Claretiana para el Desarrollo (Proclade)— ha estado vinculada como la encargada de aportar la infraestructura, el personal, los alimentos, los materiales y el soporte administrativo necesarios para la implementación de este programa en todo el territorio colombiano. Ahora, el Ministerio de Igualdad alega unos “incumplimientos” por parte de esta unión temporal, con la que había renovado en marzo un convenio que tenía una duración inicial de ocho meses, para que funcionara hasta el 31 de julio de este mismo año.
En medio quedan los $54.228 millones ya desembolsados, que representan tan solo el 30,9 % de todo el valor de este convenio de cooperación, y que es el centro de la pelea entre el Minigualdad, la unión temporal y los sindicatos de la organización, cuyos trabajadores no han recibido el pago por su labor desde abril.
De acuerdo con el convenio 062-2024, la cartera, específicamente a través del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional en Inequidad Territorial (FSB), aportaría un poco más de $137.000 millones ($137.245’826.573). El aporte de la UTTYP sería en especie, de cerca de $38.000 millones ($38.066’000.000), “determinado por la capacidad instalada, infraestructura, equipo y experiencia documentada y registrada”.
En pocas palabras, el mantenimiento de lo que aportaría la unión temporal dependería en su totalidad de los desembolsos del FSB, una fiducia de Fiduagraria S. A., que habían sido acordados para distribuirse de la siguiente manera: el primero por un 20 %, el segundo por un 30 %, el tercero por un 40 % y el cuarto por un 10 %. Todos sujetos a informes previamente aprobados por la interventoría del FSB, que debían incluir cronogramas, planes de contratación y trabajo, informes de acuerdos de participación y corresponsabilidad, así como del uso de la alimentación, los materiales y la infraestructura.
Pero en las últimas semanas, el Ministerio de Igualdad anunció que frenaría esos pagos. En entrevista con El Espectador, el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, afirmó que “la comunidad religiosa” elegida para este convenio “no conocía” el reto operativo que presentaba la implementación de Jóvenes en Paz y anunció que se había tomado la decisión de iniciar un “trámite de un posible incumplimiento del convenio 062”, con lo que “no [podía] autorizar más desembolsos” por “las condiciones en las que está el [acuerdo]”.
“Cuando nosotros hablamos de eso, uno buscaría cierta idoneidad en el cooperante, ¿cierto? Que conozcan ese core de negocio, ¿cierto? En este caso se eligió una comunidad religiosa que sabe hacer muchas cosas bien, que tienen un trabajo de décadas atendiendo los territorios excluidos, pero el reto operativo desde luego no lo conocían”, aseguró.
El equipo de la vicepresidenta Francia Márquez fue contactado para conocer su versión, pero hasta el momento de esta publicación, no se había recibido respuesta. Por su parte, el exviceministro Gareth Sella, quien fue el encargado de implementar el programa y el convenio, aseveró que este se realizó siguiendo “paso a paso todos los procesos internos que tenía Igualdad y sucede en el lapso de varios meses”.
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“E incluso para conocerlos más, la misma vicepresidenta les entrevista, estudia su idoneidad y les da su visto bueno, con base a la experiencia y contrapartida que jurídicamente demostraron. Y finalmente con todo lo que jurídicamente se demostró FonIgualdad y la Unión Temporal firman el convenio”, agregó.
La noticia de que el convenio no se renovaría ya había sido abordada en una reunión del comité del acuerdo el 7 de mayo, días después de que el mandatario dijera que el programa era un “fracaso”. Allí se llegó al acuerdo de que se haría un “proceso gradual de cierre”, que implicaba el cese de las operaciones el 31 de mayo, con lo que la unión temporal tenía dos meses para hacer el cierre administrativo de todo el convenio.
Pero un presunto incumplimiento nunca se puso sobre la mesa en ese momento. Ese hecho solo lo llegó a conocer la UTTYP, según le dijeron a este diario voceros autorizados de esa organización, a través de la entrevista dada por Zabala. Incluso, se quejaron de que no se pudo entablar comunicación con el Minigualdad sino hasta el jueves, cuando se concretó la primera citación de la cartera a la unión temporal.
En diálogo con El Espectador, los voceros de la UTTYP enfatizaron en que se trata de un convenio de cooperación, por lo que ellos no están “ganando un solo peso” de ese acuerdo. Sumado a eso, subrayaron que llegaron a ese proceso por invitación del Ministerio de Igualdad que hizo la selección bajo la modalidad de “contratación directa”, como aparece en la minuta de ese mismo documento.
“Que, una vez recibida la solicitud, el Fondo para la Superación de Brechas revisó el perfil de la Fundación Universitaria Claretiana (UNICLARETIANA) identificada con NIT No. 900.005.936-6, institución de educación superior privada, fundada por la Congregación de Misioneros Claretianos y procedió a remitir la invitación a contratar”, se lee en el punto número 10 de ese convenio. Allí también se validó que la UTTYP “anexó los documentos requeridos en la invitación para validar la idoneidad y la posterior contratación, en donde [se soporta] que cuenta con experiencia y las capacidades de ejecutar el objeto del convenio”.
Además, indicaron que no se puede alegar un incumplimiento del acuerdo porque en el mismo convenio no existe un aparte en el que se especifique una cláusula de incumplimiento. En esa misma línea, señalaron que la firma del otrosí para alargar el plazo ocurrió bajo petición del mismo ministerio, pues –inicialmente– la UTTYP quería finalizar el convenio en marzo, debido a que no estaban recibiendo “ningún beneficio” de este, al ser un “convenio de cooperación”, que implica que ninguna de las partes está recibiendo un beneficio monetario de ese acuerdo.
“Los Misioneros Claretianos como parte de la iglesia que vive en América Latina, hemos hecho la opción por los más empobrecidos. Nosotros no nos presentamos a una convocatoria. Nosotros fuimos invitados a cooperar con un proyecto para población vulnerable, en este caso, los jóvenes vulnerables del país. Fuimos invitados: por nuestra presencia histórica en los territorios vulnerables, por nuestro compromiso social y de promoción humana como parte constitutiva del evangelio y del proyecto evangelizador que realizamos como iglesia”, respondió el representante legal de la unión temporal, el padre José Agustín Monroy Palacio, ante un cuestionario enviado por este diario al no admitir un diálogo directo.
Precisamente por ese desconocimiento inicial de las causas del “incumplimiento” alegado por el Ministerio de Igualdad fue que radicaron una solicitud ante la Procuraduría y la Contraloría —que por el momento no se han pronunciado— para acompañar el proceso de cierre del convenio y están analizando “las posibilidades jurídicas que [tienen] como Unión Temporal para dar respuesta a todas estas acusaciones”. Pero los problemas que rodean a este proceso van más allá de las consecuencias disciplinarias y contractuales que tendría.
Desde inicios de este mes los trabajadores de Jóvenes en Paz, contratados por la UTTYP, han denunciado incumplimiento en el pago de sus salarios y esas denuncias han llegado a la opinión pública a través de las manifestaciones y plantones hechos por el Sindicato Popular de Trabajadores y Trabajadoras (Sintrajenpaz) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz (Sindipaz). La culpa de estas demoras se ha estado lanzando de un lado a otro.
Mientras el Ministerio de Igualdad alega que es la unión temporal la que tiene que pagar esos salarios con los desembolsos ya hechos, esta ha dicho que es imposible, debido a que todo el dinero ya entregado por el FSB ha sido invertido en el programa y que el pago de esos 2.100 empleados depende del tercer desembolso, que no fue aprobado por la interventoría.
El Espectador accedió a los registros contables de la UTTYP, en la que se señala que de los aportes recibidos ($54.228 millones), se ha ejecutado el 97 %, es decir $52.688 millones, lo que deja un monto de $1.448 millones, “que resulta insuficiente para cubrir las obligaciones de la Unión Temporal en el marco de la ejecución del proyecto”.
“Las dificultades técnicas, tecnológicas y operativas presentadas por el Ministerio han generado retrasos que impactan negativamente la implementación del programa ‘Jóvenes en Paz’”, señala la unión temporal en un comunicado.
En medio de esa pelea entre la UTTYP y el Minigualdad quedaron tanto los trabajadores —cuyo contrato finalizaría con el cierre del convenio este 31 de mayo— como los beneficiarios en 73 municipios del país, incluso en el Cañón del Micay y en la región del Catatumbo, que, en pocas palabras, se quedarían sin un operador en el territorio, más allá de los enlaces que tiene la cartera.
“Los jóvenes [beneficiarios] se han organizado. Hay unas asambleas, mesas de trabajo, incluso con el Ministerio. Entonces efectivamente hay una preocupación sobre lo que está ocurriendo alrededor del programa, incluso lo que ocurre con los profesionales que trabajamos con ellos. Pero pues se ha logrado llegar todo como de la mejor forma también”, señaló uno de los voceros del sindicato de Jóvenes en Paz a este diario.
Y agregó: “Nuestra intención nunca ha sido ni hablar mal del ministerio, ni hablar mal del UTTYP, ni de la interventoría, sino, por el contrario, estamos exigiendo nuestros derechos. También que las y los jóvenes [beneficiarios del programa] puedan decidir sus derechos a partir de lo que hemos llevado trabajando en este tiempo”.
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Justamente esa discusión fue la que se tomó la mayor parte de las reuniones del pasado jueves que finalizaron a las 3:00 a. m. con un acuerdo entre las partes, aunque no habrían quedado contentos con el resultado. Posterior a eso, la UTTYP aseguró haber iniciado “la gestión de los recursos para cumplir con las obligaciones financieras a partir del 23 de mayo, mientras se logra el desembolso por parte del Fondo de Superación para las Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial”.
“Este esfuerzo busca garantizar una respuesta positiva y oportuna para el pago de las nóminas de abril y mayo de 2025, seguridad social del mes de mayo proveedores de espacios, alimentos, materiales y todas las garantías legales establecidas en el contrato obra labor, dentro de los plazos que conlleve dicho proceso, que tendrá como fecha máxima el 20 de junio”, aseveró la UTTYP.
Al preguntarle al Minigualdad cuáles serían los pasos a seguir con el programa, teniendo en cuenta que los contratos con los trabajadores encargados de la implementación del programa finalizarán en una semana, la cartera respondió que ya están “avanzando en términos de referencia y demás para buscar oferentes”. Además, “se hará la gestión para que, en la medida de lo posible, el nuevo operador contrate a las personas que han venido trabajando en el programa, pero no se puede garantizar 100 %”. El dinero que no se ha desembolsado, según la cartera, se mantendrá en fiducia como saldo a favor para el próximo convenio.
“El programa no se suspende, mientras se asigna el nuevo operador se hará una atención flexible directamente por funcionarios del Ministerio y se pagarán los aportes a los jóvenes también de manera directa, esa es la fase de transición”, le respondió el equipo del Minigualdad a este diario.
En todo caso, la sombra de las peleas internas todavía acecha el futuro del programa. Mientras el viceministro aseguró que esta política está en “cuidados intensivos”, ya se están pidiendo resultados más contundentes, específicamente por el pago de las transferencias condicionadas a los jóvenes, que siguen siendo el centro de la atención. Especialmente, cuando el mantenimiento de la cartera todavía está en veremos por la decisión de la Corte Constitucional que tumbó su creación y los cuatro debates, todavía pendientes, en el Congreso para dejarla en firme.
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Por María José Barrios Figueroa
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