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En los últimos 13 años, en Colombia se han denunciado 57.582 casos de corrupción; de estos, el 93,99 % (54.122) se quedan en la impunidad, sin condena, capturas o en etapa de indagación. Así lo revela un alarmante informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que relaciona los delitos que más se repiten y los departamentos más afectados.
Tras una investigación que ahondó en las cifras de los últimos 13 años, la entidad encontró un total de 57.582 denuncias, de las cuales el 93,99 % no tienen condena, el 89,7 % no presentan capturas, y el 77,1 % están en etapa de indagación.
En diálogo con El Espectador, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, aseguró que estas estadísticas son el reflejo de un “mar de impunidad”, lo que obliga a que las instituciones del Estado pongan en marcha un plan de choque, sobre todo antes de las elecciones regionales del 29 de octubre.
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Idárraga explicó que, para atender el problema, desde Presidencia convocarán a la Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia anticorrupción. En este mecanismo, liderado por el presidente Gustavo Petro, tienen asiento el fiscal general, la procuradora, el contralor, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Justicia y del Interior.
“No es un llamado a la confrontación, es un llamado a trabajar de manera mancomunada con la Fiscalía y la justicia. En las regiones tenemos que tomar medidas que impidan el archivo de procesos, pero además tenemos que trabajar en prevención, investigación y sanción, para eso cada ente de control tiene delegados en las regiones, dijo Idárraga.
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El funcionario le pidió al fiscal Francisco Barbosa considerar un cambio en los lineamientos de investigación y judicialización, con el objetivo de impedir que “haya regiones o políticos impunes ante la corrupción”. Además, anunció que solicitarán el estándar de debida diligencia, para relacionar cada investigación y determinar si generan graves violaciones a los derechos humanos, como sucede en La Guajira, donde según Idárraga se han perdido más de $85.000 millones que debieron invertirse en salud, educación y saneamiento básico.
“Hacemos un llamado a la Comisión de Disciplina Judicial, para investigar, de manera urgente, a todos los fiscales y jueces de la República que tienen a Colombia en este estado de impunidad. Apelamos a los buenos oficios del Consejo Superior de la Judicatura para implementar todas las acciones que eviten que estos procesos sigan engavetados o en una carrera hacia la prescripción”, agregó Idárraga.
El top 10 de delitos relacionados con corrupción
Además de los datos de impunidad, el informe de la Secretaría de Transparencia revela que, con base en las más de 57.000 denuncias, los delitos de corrupción administrativa más recurrentes son el peculado por apropiación con un (26 %), el contrato sin cumplimiento de requisitos legales (24,6 %); concusión (10,1 %), cohecho por dar u ofrecer (9,8 %) e interés indebido en la celebración de contratos (7,4 %).
En una segunda línea aparecen el cohecho propio (3,7 %), peculado por aplicación oficial diferente (3,5 %), enriquecimiento ilícito (3,1 %), tráfico de influencias de servidor público (2,4 %) y peculado por uso (2,1%).
Para ejemplificar, cabe recordar que por peculado por apropiación han sido condenados políticos como Mario Castaño, Samuel Moreno, Andrés Felipe Arias, entre otros. Por contratación sin requisitos han caído otros como Carlos Alberto Palacios, exgobernador de Putumayo, y Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira.
Los departamentos más afectados
Aunque la Secretaría tenía planeado publicar el top 10 de los departamentos con más casos de corrupción, al final encontró que 20 de los 32 departamentos presentan un índice de impunidad entre el 95 % y 99 %. El primer puesto lo ocupa San Andrés, con la alarmante cifra de un 99 % de denuncias sin solución.
La Procuraduría encontró que, tras el paso del huracán Iota, en el archipiélago se celebraron más de 318 contratos, por un valor de $7.035 millones, que no estaban relacionados con la recuperación de las casas e infraestructura en general. » Más grave que los huracanes Eta e Iota es el huracán de la corrupción en San Andrés”, dijo en 2020 el entonces procurador Fernando Carrillo.
En el departamento se han registrado casos como el del exgobernador Ronald Housni Jaller, condenado por irregularidades en contratación que suman cerca de $2.070 millones. Sin embargo, cabe recordar que esta es una de las excepciones, ya que la regla general, según la Secretaría de Transparencia, es la impunidad.
El top cinco los completan Guaviare (99 % de impunidad), Bolívar (98,5 %), Putumayo (97,6 %) y La Guajira (97,5 %). Aunque la entidad territorial menos afectada es Bogotá, no deja de llamar la atención que el porcentaje de casos sin una solución clara sea del 88 %.
“Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6 %, hecho que, como Nación, causa vergüenza”.
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