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Se sabe que anualmente la corrupción le quita alrededor de $50 billones a la nación, que hay casos más sonados que otros como el de Odebrecth, Agro Ingreso Seguros o Reficar, por mencionar algunos, que la percepción en el país no muestra mejoras, que el soborno es la principal manifestación de este flagelo en Colombia. Pero poco se sabe cómo la corrupción afecta a poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y la comunidad LGBT+.
Para entablar dicha relación, Transparencia por Colombia y la Embajada de Reino Unido en Colombia, junto con organizaciones de mujeres y LGBT+, estudiaron cómo se unen dichos conceptos para entender, con perspectiva de género, las diferencias de percepción y afección entre mujeres y hombres y entre las disidencias sexuales.
Lo primero que arrojó la investigación fue la diferencia en la denuncia. “Nuestro centro de asesoría legal anticorrupción encontró que mientras un 72% de hombres denunciaban hechos de corrupción, solo un 28% de mujeres lo hacía. Ese fue un punto de partida para entender el gran desequilibrio que hay en la denuncia de la corrupción entre grupos de género”, dijo a El Espectador Claire Launay, directora de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia.
La pregunta sobre corrupción y género también se basó en otras investigaciones de Transparencia por Colombia, que no necesariamente buscaban algún patrón de corrupción, como es el de tema de seguimiento a la financiación de mujeres, acceso a créditos y donaciones, como elemento para promover su participación política efectiva que la organización ha estudiado por años, así como lo hecho por Transparencia Internacional sobre sextorsión.
“Esos tres puntos nos impulsó, de forma urgente, a profundizar y estudiar más la corrupción cómo afecta el género”, agregó Launay. En el informe, se hace énfasis en la conceptualización de la corrupción, que va más allá del robo de recursos públicos y el detrimento patrimonial. Para la investigación, se adopta la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que considera que la corrupción viola derechos humanos.
“También reconoce que los derechos a la participación y representación política se ven comprometidos por los actos de corrupción que terminan afectando la legitimidad del sistema democrático”, comparte el informe sobre las conclusiones de la CIDH en el documento Corrupción y Derechos Humanos. Además de la legitimidad del sistema democrático, directamente a las mujeres las afecta en su derecho a la participación política en igualdad de condiciones que los hombres.
Y aquí es donde se conjugan estudios previos de Transparencia por Colombia sobre el acceso a financiación para participar en política, así como el compromiso de los partidos y movimientos en invertir recursos para la formación y capacitación de mujeres en política, publicidad, mercadeo, entre otras áreas que le permitan capacitarse para competir equitativamente con los hombres.
Precisamente, la participación política de las mujeres fue uno de los tres casos con los que el informe quiso tejer la relación entre corrupción y género. Y algunos hallazgos que encontraron fue la instrumentalización de las mujeres para cumplir con la Ley de Cuotas en las listas, sin ninguna responsabilidad de prepararlas o brindarles todos los insumos legales y normativos para su participación. Esto se ha visto reflejado en las investigaciones que abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) a algunas candidatas por incumplir con la ley que exige publicar todos los ingresos y gastos de campaña en la plataforma Cuentas Claras.
“Al momento de investigar y sancionar a los partidos y movimientos políticos por dichas irregularidades, el CNE encontró un hecho que afectaba directamente a las candidatas que fueron investigadas por incumplimiento de los requisitos legales de transparencia y rendición de cuentas”, comparte el informe. El desconocimiento no exime de la responsabilidad individual, sin embargo, la pregunta es cuál es el compromiso de las organizaciones políticas que entregan avales sin cerciorarse que sus candidatos tengan todas las herramientas e información para participar de un proceso electoral.
Otros derechos que Transparencia por Colombia encontró que se vulneran debido a la corrupción son el de la salud y la educación. “La CIDH subraya que la corrupción tiene consecuencias en el goce de los derechos humanos al agravar situaciones de discriminación y desigualdad. En ese sentido, el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe (2019) destaca cómo las mujeres se ven más afectadas por la corrupción al encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad y estar más propensas a pagar sobornos por el acceso a los servicios estatales como salud o educación, además que evidencia el fenómeno de la extorsión sexual como una forma de corrupción basada en género”, complementa el informe.
Así pues, el documento cuenta situaciones no aisladas en las que las mujeres aceptan pagar sobornos por la reconexión de servicios públicos o para asegurar un cupo en el colegio para sus hijos, por mencionar algunos de los casos. En conclusión, las mujeres, en estos casos, incurren más en corrupción por necesidad.
“La corrupción exacerba las asimetrías de poder y goce de los derechos humanos y acceso a bienes y servicios básicos entre hombres y mujeres”. Sin embargo, lo que evidencia la investigación es una invisibilización aún mayor cuando se trata de hablar de corrupción y disidencias sexuales. “Algunos informes han expuesto la necesidad de incorporar la perspectiva de las personas LGBTIQ+ en relación con el fenómeno de la corrupción. Pese a ello, existe poca información empírica y doctrinal sobre los impactos diferenciados que la corrupción tiene en estos grupos poblacionales”.
De lo identificado en la investigación, se encontró que la población LGBT+ es más propensa a pagar sobornos para evitar la violencia policial, siendo esta una de las principales formas de violencia física de las cuales son víctimas. La poca información para analizar y sistematizar es un llamado a nivel nacional para estudiar de fondo la corrupción y la interseccionalidad, pues esta tiene efectos más severos en mujeres pobres, racializadas, con discapacidades o de la diversidad sexual.
“Lo cierto es que las mujeres sufren de forma diferenciada los efectos de la corrupción y suelen involucrarse en actos de corrupción para beneficiar a su hogar”, se puede leer como conclusión del estudio.
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