Crisis social, ¿una receta electoral?

Un nuevo período de agitación social está a la vista en Colombia. El paro de camioneros es una realidad, así como la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para una movilización nacional el próximo 19 de marzo, que podría desembocar en paros de educadores y trabajadores del petróleo y la salud, entre otros sectores. Los movimientos campesinos, protagonistas de la movilización ciudadana entre 2012 y 2014, se declaran solidarios con quienes protestan y empiezan a subir el tono de sus demandas. En ese panorama, las fuerzas políticas de oposición, de izquierda y derecha, juegan sus cartas sin perder de vista el año electoral y la posibilidad de golpear la imagen política de la Unidad Nacional y del gobierno Santos.

Lo claro es que la presión de los movimientos sociales y gremiales tiene implicaciones a nivel nacional. En departamentos como Arauca, Santander, Antioquia, Atlántico, Nariño y Cundinamarca, el paro de transportadores de carga se comienza a sentir tanto en los precios al consumidor como en las cuentas de los productores. La tabla de fletes y los precios de los combustibles son los temas que han llevado los camioneros a la mesa de negociación con el Gobierno, al tiempo que denuncian atropellos de parte de la Policía. Al cierre de esta edición, las negociaciones continuaban y no se veía solución a la vista.

En paralelo, la CUT convocó a todas sus organizaciones sindicales “a una gran movilización nacional este jueves 19 de marzo”. Los educadores asociados en Fecode y Sintraunicol; la USO, en representación de los trabajadores petroleros, y Anthoc, que agrupa a los empleados de la salud, ya confirmaron su apoyo a esta marcha y anuncian que si el Gobierno llegara a desconocer las motivaciones de la protesta, irán a paros indefinidos.

En el mismo sentido, movimientos con arraigo en el campo, como Dignidad Agropecuaria y la Cumbre Agraria —si bien tienen una interlocución permanente con el Ejecutivo— empiezan a presionar para que, en tiempos de crisis, “se reduzcan las importaciones, se fomente la producción nacional, se busquen salidas financieras a pequeños y medianos productores y se revisen aspectos transversales como la propiedad agraria”. Además, tejen redes de solidaridad política con camioneros y trabajadores.

En relación estrecha con estos movimientos, los caficultores también están en ascuas y reclaman por la ejecución de más de $850 mil millones que, según ellos, no se han ejecutado del plan de acción que estableció el Gobierno en 2013. De otro lado, las negociaciones entre el Ministerio del Interior y las comunidades indígenas del Cauca por los recurrentes conflictos de tierra no parecen llegar a buen puerto y, por el contrario, los reportes de choques violentos entre la Fuerza Pública y manifestantes se vuelven el pan diario.

De fondo está la crisis financiera advertida por el mismo Gobierno y un Plan de Desarrollo 2014-2018 en discusión que, de acuerdo con la visión de los sindicatos, “es lesivo para los trabajadores”. “Ante la caída mundial de los precios del petróleo, el presupuesto de la Nación podría verse afectado. El gobierno de Juan Manuel Santos, en vez de subirles los impuestos a las multinacionales o frenar el gasto de las EPS, está hablando de congelar los salarios de los trabajadores, desfinanciar la educación pública, cerrar hospitales y una masacre laboral sin precedentes en el sector petrolero”, sostiene la CUT en su llamado a marchar. Sin embargo, el Gobierno, a través de muchos de sus ministros, ha dicho que ni los recortes ni las masacres laborales están a la vista.

En ese escenario, la oposición ha encontrado el caldo de cultivo para darles fondo social a sus críticas al modelo de desarrollo que ha propuesto el mandato Santos. Por un lado, en el Polo Democrático dicen no estar aupando las manifestaciones sino respaldando los justos reclamos de sectores agropecuarios, de la salud y del magisterio. “Este año empieza a manifestarse la crisis económica y social del país. Lo que tiene que decidir Santos es quién va a pagar la crisis. Parece que ya lo hizo y quedó claro en el Plan de Desarrollo que van a aprobar y que, por citar un solo ejemplo, va a favor de entregar zonas rurales a mineras y compañías del agronegocio”, sostuvo un parlamentario que prefirió hablar extramicrófonos.

A su vez, el uribista Centro Democrático ha criticado al Gobierno por, supuestamente, lesionar la confianza inversionista y, si bien no comparte muchas de las agendas de quienes se movilizan, tiene una oportunidad para demostrar una presunta crisis de gobernabilidad de la Unidad Nacional. En concreto, ha pedido “mano dura” en contra de las protestas indígenas y ha manifestado su solidaridad con los camioneros y rechazo a las actuaciones del Ejecutivo que, a su juicio, están afectando directamente a exportadores e importadores.

Lo cierto es que, en un año en el que las urnas definirán el poder local, en la Casa de Nariño las órdenes son explícitas en evitar a toda costa que se repitan los estragos políticos que representaron las movilizaciones campesinas ocurridas entre 2012 y 2014. Ahora las protestas no solo giran alrededor del campo, sino que tocan a sectores claves de la sociedad y, combinadas, podrían desembocar en un verdadero polvorín social. Con la billetera apretada y con la promesa de sostener la inversión, el poder de negociación del Ejecutivo está menguado. La virtud política será la clave para enfrentar problemas sociales que están a la orden del día y que podrán ser instrumentalizados en el debate electoral.