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El roce diplomático causado por la detención de ocho colombianos en Venezuela, acusados de espionaje por el gobierno de Hugo Chávez Frías, y el arresto de una docena de campesinos en el estado de Miranda, señalados de conformar un grupo paramilitar, pasó de castaño a oscuro. En un hecho sin precedentes, la Cancillería colombiana advirtió sobre los peligros de viajar al vecino país y recomendó “tener particular cuidado a la hora de desplazarse hacia ese destino, como consecuencia de las situaciones recientes que han afectado a connacionales”.
El comunicado oficial reitera que Colombia ve con mucha preocupación las detenciones de sus ciudadanos, pues existen serias sospechas sobre las evidencias para encausarlos y, lo que es peor, la ausencia de garantías a la luz del debido proceso. Y, de colofón, recalcó que se han documentado homicidios de colombianos en el vecino país sobre los cuales no ha habido investigaciones profundas ni serias, como el caso de la masacre de diez personas, oriundas de los Santanderes, Cesar y Meta. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya puso en conocimiento de la ONU y la OEA estos graves acontecimientos, que de nuevo atizan las ya agrietadas relaciones con el segundo socio comercial colombiano.
Lo había advertido el presidente Uribe con vehemencia la semana pasada, al mencionar que en el caso de los ocho colombianos que tenían una fábrica de helados en Barinitas (Venezuela), “se les están violando los Derechos Humanos, bajo la presunción de que son criminales porque son colombianos”. A su turno, el canciller Jaime Bermúdez les ordenó a los miembros de los cuerpos consulares que no asistan a las celebraciones del bicentenario de Venezuela el próximo 19 de abril. “No nos parece adecuado tener este tipo de participación en eventos sociales cuando los colombianos están recibiendo el trato que están recibiendo en Venezuela, donde no encontramos garantías”.
La expedición de un comunicado de advertencia sobre los riesgos de colombianos en esa nación revela las fracturas diplomáticas que no han podido ser conjuradas ni por la mediación de presidentes amigos, la Unasur o la Cumbre de Río. No es un asunto menor, si se tiene en cuenta que más de dos millones de colombianos viven en Venezuela y que las operaciones comerciales son de la órbita de más de US$6.000 millones al año, cuando las relaciones no se habían alterado. En la nota de protesta enviada por la Cancillería al gobierno Chávez la semana pasada, se quejó Colombia de la práctica sistemática de estigmatización que se viene configurando para juzgar a colombianos por el solo hecho de serlos.
Los colombianos bajo sospecha de Caracas viven hace 17 años en Venezuela, tienen una pequeña fábrica de helados y nunca fueron objeto de pesquisas judiciales. No fue sino que accidentalmente capturaran la imagen —en un paseo familiar— a lo lejos de unas antenas del Servicio de Inteligencia venezolano, que pasaron de heladeros a espías. Su caso ha causado controversia en Colombia y en criterio de analistas revela la paranoia del mandatario Hugo Chávez Frías, acrecentada tras el acuerdo que contempla siete bases militares en Colombia con presencia de contratistas de Estados Unidos. Sobre los detenidos en Miranda, se alegan excesos judiciales parecidos.
Lo cierto es que las medidas de advertencia vuelven a poner en el escenario internacional el pulso de dos mandatarios que ajustan casi tres años de peleas públicas y descalificaciones mutuas. Desde julio del año pasado la administración Chávez bloqueó comercialmente a Colombia y los esfuerzos diplomáticos han sido insuficientes para restablecer los negocios entre ambos países. El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, se ofreció como mediador una vez más y prometió avanzar en diálogos constructivos, pero no parece posible amainar pronto la tormenta. Al cierre de esta edición, Caracas no se había pronunciado sobre el comunicado del canciller Bermúdez.
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