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David Racero es presidente de la Cámara (2022-2023) y desde que fungía como concejal de Bogotá, hasta la fecha, ha defendido la idea de reducir gastos en las corporaciones colegiadas. Una de ellas es el Congreso. Hace poco, el representante por el Pacto Histórico emitió una orden para que los vehículos de propiedad de la Cámara (que son más de 60) no se siguieran utilizando para transportar a las direcciones administrativas y a los secretarios de las comisiones, alegando que era un gasto innecesario.
(Para contexto: Camionetas del Congreso: las preguntas sobre el controvertido y alto gasto)
Ahora se abre un nuevo debate: el costo del esquema de seguridad de los congresistas. Este incluye camionetas Station Wagon 4×4 que, según el convenio interadministrativo firmado entre la Unidad Nacional de Protección y la Cámara, deben ser modelos 2020 o superiores. Como expuso El Espectador a partir de la voz de varios exfuncionarios de alto rango de la UNP, garantizar la seguridad de los parlamentarios no está en discusión, sino más bien cómo un tema de seguridad termina mutando en privilegio. Aunque para algunos el debate puede rayar con el populismo, Racero respondió a este diario preguntas sobre qué puede hacer él como presidente de la Cámara para abordar la situación. Al parecer, hay varios caminos.
Usted ha hablado de su intención de reducir los costos/ gastos de la Cámara, entre esos están las camionetas de los representantes. ¿Tiene conocimiento del último convenio interadministrativo entre la dirección administrativa de la cámara y la UNP? ¿Sabe que tienen aprobados hasta 388 carros y que -más escoltas y eso- la cifra asciende a un poco más de 77 mil millones hasta diciembre de 2022? ¿Qué consideraciones le merece ese contrato, pues aumentó significativamente con respecto al de 2021.
Sí, tengo conocimiento de ese contrato, pero cuando se firmó en enero de este año yo no estaba aún como presidente de la Cámara. Yo llego a mitad de año a la dignidad y la mayoría de las cosas ya están firmadas, contratadas, y andando. El convenio se viene haciendo cada año y aunque sus números nos generan zozobra porque son muy grandes, lastimosamente, en este momento no puedo intervenirlo. Peor aún, pensando a futuro es un escenario complejo porque la asignación de camionetas blindadas a los congresistas no depende de mí, no pasa por la dirección administrativa. Obedece al decreto presidencial 1066 de 2015, del Ministerio del Interior que menciona cuáles son los cargos que por sus funciones pueden tener un riesgo extraordinario por ese cargo. Ahí enlistan a una serie de funcionarios como magistrados, ministros, fiscales y congresistas. Por eso, solo por ser congresista en el país en el que nos encontramos ya se tiene un riesgo extraordinario, y se le asigna un esquema de seguridad que incluye policía, hombres de protección y vehículo.
Hace cuatro años cuando llegue al Congreso a mí se me asignó un esquema de seguridad y yo desistí a la policía y también a la camioneta. En ese momento fueron varios los congresistas los que hicieron eso mismo, como la exrepresentante Juanita Goebertus.
¿Usted en que tiene injerencia con respecto a ese gasto?
Nosotros no podemos pasar por encima de ese decreto. De ahí se desprenden varias cuestiones. La primera es si el Congreso debe, por obligación, hacer un convenio con la Unidad Nacional de Protección. Puede que sea más barato que la UNP lo haga directamente y no con la intermediación de la Cámara. La segunda discusión es si en verdad los congresistas requerimos de esos esquemas de seguridad. Esa es la discusión que yo vengo planteando desde mucho tiempo atrás porque yo creo que congresistas, concejales, diputados, deben ser catalogados de entrada como cargos con riesgo extraordinario.
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¿Cuál es su propuesta?
Que los congresistas salgan de ese decreto del Ministerio del Interior, que se modifique el papel. Eso lo puede hacer el ministro Alfonso Prada. Esto haría que los congresistas entren a un estudio de riesgo personalizado. Es más, cuando uno entra al Congreso le hacen ese estudio, pero uno ya sabe que le van a dar el esquema de seguridad, incluida la camioneta.
Pero según las fuentes de alto rango en la UNP, usted sí tiene potestad como presidente de la Cámara para modificar no este contrato vigente hasta diciembre, sino el del próximo año. Por ejemplo, tiene la capacidad de decidir que en el próximo contrato no se apruebe que las camionetas deban ser modelo 2022, sino que se mantengan en un menor rango para que sean menos costosas.
Sí. Ahí toca mirar que se ahorre en el gasto lo más que se pueda. Creo que sí es posible revisar el convenio que se firme para el próximo año. Si el decreto no se ha modificado, si no ha habido ningún cambio con relación al convenio interadministrativo, miraremos la forma de que este contrato sea lo más barato y económico posible. Se puede mirar que no haya vehículos blindados, sino unos muchos más económicos.
¿Es usted operador del gasto en la Cámara?
No. Soy presidente de la Cámara, pero yo no firmo nada. Quien firma es el director administrativo de la corporación. Eso obedece a una modificación que se hizo hace unos 10 años, que dictó que la ordenación del gasto debía separarse de la presidencia de la Cámara.
Pero usted sí hace parte del comité de gastos de la Cámara, y ahí sí puede actuar.
Sí hago parte, pero te lo digo con sinceridad: el que firma es el que manda. John Abiud Ramírez, el director administrativo actual, es muy abierto y me copió cuando le dije que suspendiéramos el gasto innecesario que representaban los vehículos que usaban los secretarios de las comisiones y otras direcciones de la Cámara. No obstante, yo no soy el jefe de él. Sus jefes son los representantes pues lo escogen para el cargo.
Según fuentes de alto rango de la UNP, el problema de ese trámite del estudio de riesgo es que está viciado.
Lastimosamente, varios de los que hacen esos estudios son contratistas que el contrato les dura un año. Eso es muy complicado porque ellos pueden estar envueltos en una intermediación de presión. El contratista es un trabajador muy vulnerable porque la condición de su contrato hace que pueda someterse a presiones diferentes a alguien de planta que tiene estabilidad, que sabe que su trabajo no depende del director de ese momento.
Hace dos años hice un debate de control político relacionado con el caso de María Claudia Cayita Daza. Según el informe de la UNP al que tuve acceso, ella dijo que estuvo en una reunión y amenazaron a algunas personas que estuvieron allí presentes. Afirmó que como ella participó en el espacio se sintió con riesgo a su seguridad. Además, dijo que una vez vio a unas personas que la estaban mirando. Con eso le dieron esquemas de seguridad. Este ejemplo es para decir que el procedimiento del estudio de riesgo se debe arreglar.
A cada congresista le hacen un estudio de riesgo: es individual, es protocolario, y existen los registros, pero en todo caso se sabe que la camioneta o camionetas van a ser entregadas.
Para algunas personas, reducir el gasto en las camionetas de los congresistas cae en el populismo porque permitir que un legislador esté expuesto a una situación de peligro puede resultar siendo más costoso para el Estado. ¿En su crítica a este servicio usted ha analizado esa variable?
Creo que eso no está argumentado correctamente. El tema de seguridad de los funcionarios es muy costoso para el Estado. Ahora, este debe ser asimilado teniendo en cuenta las condiciones y el contexto del país. En el fondo lo que he planteado durante años es un tema de equidad: un congresista no debería tener un privilegio por encima de la gente del común. Eso es un principio moral mío. Lo que digo es que todos, en términos de seguridad, se deben medir con el mismo racero. En ese sentido, creo que se debe aplicar un enfoque verdaderamente diferencial en los estudios de riesgo para que las camionetas no se conviertan en un tema de privilegio como pasa actualmente.
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Esta discusión la empecé en solitario y me ha generado muchos enemigos, que no son solo los políticos que no quieren perder su comodidad, sino también quienes se ven beneficiados económicamente con estos contratos. ¿Cuáles son las empresas que suministran camionetas blindadas en Colombia? No pasan de tres.
Lo que yo pido al Ministerio del Interior, a la UNP, al Congreso, es que tengamos un enfoque diferencial: no metamos a todos los parlamentarios en la misma bolsa porque hay algunos que tienen riesgo alto a su seguridad y requieren un esquema completo, pero otros tienen un riesgo medio y otros que tienen casi que cero riesgo. Yo en Bogotá, por ejemplo, me puedo mover en Transmilenio y en mi carro por lo general. A quiénes estén más expuestos al peligro pues que se les dé un esquema más robusto, y a los otros unos más blandos.
La Cámara tiene su propio parque automotor compuesto de vehículos propios y algunos están para la venta. ¿Por qué no usan los carros que están en buen estado para que el monto máximo a contratar con la UNP sea menor?
Para mí es absolutamente costoso que cualquier entidad tenga vehículos porque esta entra en unos gastos que no son misionales. Opino que las entidades deben subcontratar aquellas cosas que no tienen que ver con su misionalidad. Además porque una institución estatal compra un vehículo y se queda ahí 10 o 15 años, hay que mantenerlo y, en últimas, termina generando más costos. Pero el otro año, cuando me toque a mí revisar estos convenios, miraremos qué se debe hacer para ahorrarle presupuesto a la Cámara. Por otro lado, el dinero que generen los vehículos que ya están a la venta no le entran a la Cámara, sino que se va directo al fisco.
¿Ya habló con Augusto Rodríguez, el nuevo director de la UNP, sobre esta materia?
Sí. Me pidió que le dé una semana para llegar. Espero que en dos semanas nos sentemos a revisar el tema.
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