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Un terremoto de magnitud de 7,4 obligó al gobierno de Abelardo de la Espriella a “cambiar las prioridades” del inicio del mandato y reorientarlas para atender la crisis. Pero en paralelo a esa definición de las acciones para hacer frente al desastre, todos los ministros y directores de entidades que llegan al Gobierno tienen una tarea: hacer un “análisis muy minucioso” de cada uno de sus entes para cumplir –al menos en parte– el objetivo de campaña del reducir la estructura del Estado.
Por ello es que una gran parte de las revelaciones que dejó el llamado “Libro de la Verdad” que presentaron el mandatario y su vicepresidente y líder del empalme, José Manuel Restrepo, a entes de control esta misma semana contó con un largo listado de denuncias por el crecimiento de la contratación —especialmente bajo la figura de prestación de servicios— en los últimos cuatro años. Detrás, además, está el hecho de que el grueso del equipo de De la Espriella llegó a sus respectivas carteras profundizando en ese tema y, de paso, recopilando información sobre el estado real de cada entidad.
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El plan es simple: “ajustar la planta” para acabar con los “cargos corbata” y dejar solo “los necesarios”, como le dijo a El Espectador un alto funcionario del Gobierno. Es un cambio que no requiere la aprobación del Congreso y que comenzará por no renovar los contratos OPS que finalizan entre agosto y diciembre próximos. Bajo la óptica del Ejecutivo, casi que en su totalidad no cumplen con los estándares de mérito o necesidad dentro del Estado.
Hay varias entidades sobre las que ya hay una lupa y que van en línea con alertas de la Contraloría. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, denunció que son 18.310 de estos cargos que dejó el gobierno anterior en esa cartera y que le cuestan más de COP 1 billón al Estado. De esos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se lleva más de la mitad, con 9.281 puestos que representan un monto de COP 451.000 millones. La respuesta del exdirector de la entidad, Felipe Harman, se encaminó a que “hay contratos de cuatro y cinco meses que se vencieron y los cuentan doble vez y hasta triple vez” en esas cifras.
Algo similar se evidenció en las carteras de Paola Holguín (Cultura), Mauricio Gómez (Comercio), María Nohemí Arboleda (Minas), Fabio Arjona (Ambiente) y Omar Bula (Cancillería), de acuerdo con el llamado “Libro de la Verdad”. En todas se pone de plano el aumento en esta forma de contratación: la de Minas habla del 237,6 % y, la de Ambiente, del 744 %. El Departamento de la Función Pública, que asumió el excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta esta semana, indicó que se trata de un “uso desmedido” de este tipo de contratación para “cubrir funciones permanentes” que creó, a su vez, “una gigantesca nómina paralela que puede superar anualmente los 900.000 contratistas”.
En todo caso, no hay claridad de cuántos de esos contratos fueron suscritos por primera vez en estos cuatro años y cuántos de ellos fueron renovados, y serán los órganos de control lo que entrarán a investigar. Los integrantes de la administración de Gustavo Petro, por su lado, han negado que la contratación haya llegado hasta esos niveles y han señalado que son cifras “inconsistentes”.
Ese es el número al que este Gobierno apunta a reducir mientras decide cómo terminar de responder a la situación de desastre en los 15 departamentos afectados por el sismo del pasado 10 de agosto. Y esto último será clave, sobre todo para encaminar el Plan Nacional de Desarrollo que sirve como “hoja de ruta” para el Ejecutivo. Mientras una de las prioridades de campaña era casi que “rediseñar entidades”, ahora eso se convirtió en ver “qué peso se le va a dar a las inversiones regionales”, como le confirmaron a El Espectador fuentes del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Eso significa, por ejemplo, darle prioridad al Departamento de Prosperidad Social (DPS), una de las entidades más importantes del Estado porque funciona como una suerte de chequera para atender a las poblaciones más vulnerables y que, solo para la vigencia de 2026, tiene una apropiación de COP 8,7 billones.
La declaratoria de emergencia económica —que calculó en COP 30 billones las pérdidas que causó el terremoto— dejó una guía del papel que tomará en estos meses y fue clara al señalar que una gran parte de las personas damnificadas por el sismo tienen una subsistencia que “depende de manera directa e inmediata de la continuidad” de las transferencias monetarias del DPS. Más allá de eso, también pone de manifiesto que gran parte de los recursos destinados para ese ente serán “reasignados” en la atención de la crisis y le dio al jefe de Estado facultades extraordinarias para concretar eso.
Todo esto toca la reorganización interna que sufrirá el Estado con las funciones que tendrán que asumir tanto el DPS como el Ministerio del Interior para “absorber” al polémico Ministerio de Igualdad, hoy en proceso de liquidación. Esa cartera, que en su primer año manejó un presupuesto de COP 1,8 billones y estuvo marcada por la baja ejecución, ya trabajaba de la mano con Prosperidad Social para el pago de subsidios. Con un nuevo liquidador (el pastor John Milton Rodríguez) y con la orden de mantener la “austeridad”, cualquier tipo de traspaso de los contratos de los cinco viceministerios y las 21 direcciones de un lado a otro es visto como “una burla a la Corte Constitucional”. Estas palabras fueron del vicepresidente José Manuel Restrepo.
Eso sí, el centro del despliegue estatal en materia financiera se hará a través del llamado “Fondo Milagro” que tiene en su cabeza a Jaime Uribe, cuyo nombramiento como presidente de ProColombia se cayó. Bajo su dirección, esta figura operará con el modelo del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), hecho para atender los daños del terremoto de 1999 en esa región del país. De acuerdo con De la Espriella, este ya cuenta con un préstamo de USD 200 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial y la idea es que opere, principalmente, con donaciones de privados que ya superan los COP 1,6 billones.
Bajo la dirección de ese fondo entrarían a trabajar los nuevos “gerentes” que el jefe de Estado ha anunciado para regiones como el Chocó y Buenaventura. Esa nueva figura se había delineado con Bogotá como un tipo de operario para mejorar la conexión con el gobierno distrital, pero los que operen bajo el marco del “Fondo Milagro” le responderán directamente a Uribe. El caso es diferente para la de la capital, la concejala Clara Lucía Sandoval, que le respondería directamente al presidente De la Espriella. De hecho, aun no ha dejado su curul en el cabildo porque no se ha concretado su nombramiento.
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De acuerdo con fuentes del DNP, la proyección es que ese “Fondo Milagro” funcione apalancado con el sector privado. Eso sería vía alianzas público-privadas (APP), así como con una estrategia de “obras por impuestos” —que llegó de la mano del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez— y los proyectos con recursos de las regalías. En ese punto tomará más relevancia la Consejería Presidencial para las Regiones, que dirige Valerie Lafaurie, y cuya labor se enmarcará en mantener una comunicación directa con las regiones, pero también de gestionar “soluciones para los territorios”.
Y el cambio de nombre de consejería a “Gerencia de las Regiones”, como lo bautizó el mismo mandatario, tiene ese enfoque del desarrollo en mente. Pero no es el único que está previsto para la estructura de la Presidencia como tal, en la que figuras como el director del Dapre, Carlos Ríos, y el secretario jurídico, Andrés Barreto, tendrían que trazar el plan de acción.
En esa sombrilla también caerá la reestructuración y, con ello, el cambio de enfoque en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Fue uno de los anuncios que hizo De la Espriella en campaña y se está a la espera de la materialización de esa transformación de la política de paz que viene de la mano de un proyecto que no ve con buenos ojos el Acuerdo de Paz firmado con las Farc.
Inicialmente, el despacho que ocupó Otty Patiño en el gobierno anterior pasará a ser la Consejería de Seguridad y abarcará entidades como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Incluso, absorbería a la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Por ahora, no hay un nombramiento oficial para ninguna de esas oficinas y es uno de los cambios que no requiere el guiño del Congreso.
Este paso ha sido cuestionado por el expresidente y nobel de paz, Juan Manuel Santos, quien fue el artífice del acuerdo de 2016. Incluso, ha sido el centro de la incertidumbre por la que esta misma semana el antiguo secretariado de las Farc radicó un derecho de petición al Dapre para conocer los detalles del futuro del cumplimiento de lo suscrito en La Habana. En esa misiva, solicitaron los estudios técnicos, jurídicos y fiscales que justifiquen la eliminación del Comisionado de Paz, así como las actas, diagnósticos y documentos que se elaboraron durante el proceso de empalme gubernamental respecto a la paz.
De la mano con eso, viene un cambio total en el sector de las comunicaciones. Con la llegada de la ministra Alexandra Falla a las TIC, se anunció la reestructuración de Inravisión (antes RTVC) y la revisión de más de 1.000 contratos firmados solo en lo que va del año. Tras una reunión entre la jefa de la cartera y Ángela María Mora, la nueva gerente del Sistema de Medios Públicos, se acabará por completo la franja noticiosa y de opinión –tanto en radio como en televisión– y, de la mano con eso, también se decidió que las 20 Emisoras de Paz y las otras 11 descentralizadas cambiarían su programación habitual por espacios musicales mientras se da toda la reestructuración; parte de esta información la reveló El Armadillo.
El primer anuncio se sustentó en que la operación de noticias representaba cerca del 90 % de los recursos y el personal en los medios públicos. Según el nuevo Ejecutivo, terminaron siendo solo un “aparato de propaganda” que se debe frenar.
“Esta determinación desconoce que estas emisoras fueron creadas con fundamento en lo dispuesto en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz y el deber que le asiste a las autoridades estatales de cumplir de buena fe lo pactado”, aseguró el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) al informar que presentaría una tutela ante el MinTIC e Inravisión por, presuntamente, vulnerar “los derechos fundamentales a la información, a la libertad de expresión y a la paz”.
Todos estos son cambios que están a la mano para el nuevo Gobierno y llegan vía orden directa de los jefes de las entidades o por medio de decretos, como sería el caso para la reorganización de la Consejería de Paz. Temas como la fusión de los ministerios pasaron a segundo plano y están en veremos, no solo porque es una meta ambiciosa que, si bien reduciría costos, también significa un cambio de fondo en la estructura del Estado y, para lograrse, necesita de un trámite legislativo que desgasta la relación entre el Gobierno y el Congreso.
Inicialmente, se había planteado la fusión de las carteras de Cultura y Deportes, que vienen de ser institutos: Coldeporte y Colcultura. Otro caso sería el de Interior y Justicia, cuya unión ya había sido adoptada por gobiernos pasados. En todo caso, no se descarta que se planteen en el Plan Nacional de Desarrollo a través de más “facultades extraordinarias”.
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Esto lo está tomando en cuenta el Palacio de San Carlos —la sede alterna de la Presidencia en la capital— para decidir cuáles son las prioridades del gobierno en estos primeros meses. Esta semana ya se le acaba el plazo para “corregir” el presupuesto de COP $575,6 billones que venía de la administración anterior —con un déficit incluido de unos COP 30 billones—, por lo que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que el 26 de agosto lo radicará de nuevo ante el Congreso.
Si bien se planteó una tributaria para septiembre, que reemplazaría a la que dejó el pasado gobierno y con la que buscaba recaudar COP 21,6 billones, el nuevo Ejecutivo ha sido cuidadoso en enfatizar en que no habrá nuevos impuestos, pero es claro en decir que el país está en una crisis fiscal por la que se necesita apretar el cinturón. Eso es parte de lo que motiva a la reestructuración del Estado y el redireccionamiento del gasto.
“El presidente dirá cómo imagina el Estado. Pero nadie estaba contando con esta tragedia, ahora todas las entidades están volcadas a la reconstrucción”, le dijo un alto funcionario del Gobierno a este periódico frente a la pregunta de cómo piensa el mandatario hacer el “tijeretazo” que prometió a la estructura estatal.
Lo cierto es que las prioridades de la nueva administración están en plena reorganización. Mientras trata de atender una crisis en el proceso de transición, de la mano con una cascada de nombramiento, también está planeando las próximas movidas para reconstruir al país y, al mismo tiempo, implementar así sea parte del programa de gobierno por el que llegó a la victoria en las urnas.
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Por María José Barrios Figueroa
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