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La emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto que decretó el presidente Abelardo de la Espriella ya entró en marcha con las fases de análisis que se implementan desde las regiones mayormente afectadas por esa crisis. Será con ese mandato emitido desde el despacho presidencial que se firmó el pasado 19 de agosto con el que se trazará la ruta de atención a los damnificados, pero que tiene sus principales interrogantes desde el apartado de las finanzas. Además, de forma paralela, surgen medidas que buscan fortalecerla y que tienen su origen en el Congreso. La articulación inició esta misma semana, aunque tendrá inevitablemente un grueso componente político que podría retrasar su trámite.
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Son COP 30 billones los que se han proyectado a través del decreto 1261 del 2026 por parte del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El monto, sin embargo, es tan solo una estimación que hace el Ejecutivo para un proceso de reconstrucción que tendrá foco prioritario en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío y que finalmente gerenciará Jaime Andrés Uribe a través del “Fondo Milagro”. No obstante, voces menos optimistas hablan de la necesidad de al menos COP 50 billones.
Esa iniciativa busca administrar los recursos que ingresen a través de donaciones, los donativos en especie, las ayudas humanitarias y de paso se encargará de la coordinación de los equipos de ayuda nacionales e internacionales que se han desplegado para atender la emergencia. Sin embargo, uno de los grandes interrogantes que han presentado tanto en el Ejecutivo como desde el Congreso radica en el apartado fiscal. Y es que el presidente De la Espriella, así como su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, han remarcado en un “enorme” déficit fiscal que obliga a buscar nuevas fuentes de financiación para abordar la emergencia.
El retrovisor del nuevo Gobierno apunta a la herencia del expresidente Gustavo Petro. En ese contexto, De la Espriella remarcó que “la deuda bruta supera el 60 % del PIB y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación”. Su plan, no obstante, ya contempla el recorte de proyectos no prioritarios que vienen de la anterior administración y que tendrán ahora como destino el programa de ayudas humanitarias que –según aseguró el ministro del Interior, Rodrigo Lara– entraría en vigencia en cuestión de horas.
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“Estamos buscando los caminos jurídicos para canalizar los auxilios de vida, que comúnmente se llamaban subsidios de arriendo. Esto va mucho más allá de un subsidio, porque es más integral y se adapta mucho más a las opciones de vida de los colombianos. Hablamos de un subsidio monetario que se va a canalizar a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Queremos que estos lleguen y habrá que modificar normas a través de la emergencia económica”, indicó Lara luego de su última visita a Cali.
Pero las labores también se están moviendo desde otra rama. En este panorama recupera importancia el papel del Congreso. Aunque la mira se pone en las labores del Ministerio de Hacienda, el primer proyecto que llegó al Legislativo es desde la cartera que administra Mauricio Gómez Amín. El exsenador y ahora ministro presentó una iniciativa que tiene como objetivo impulsar el proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa antitrámites para reducir cargas burocráticas, eliminar duplicidades y establecer tiempos más claros de respuesta para quienes producen, invierten y generan empleo.
Según Amín, pretenden “quitarle obstáculos al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las Mipymes, para que puedan crear empresa y construir patria”. También habrá un énfasis primario en las comisiones económicas, pues son las que deben dar trámite tanto al Presupuesto General que presentará la próxima semana el Ministerio de Hacienda, así como una ya anunciada reforma tributaria que tiene como sustento el recorte de impuestos, pero un mayor recaudo.
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No obstante, el Legislativo también iniciará con sus trámites correspondientes para fortalecer políticas de Estado que respalden las medidas de fuerza que a través de la emergencia económica implemente el Ejecutivo.
Ese primer refuerzo tiene que ser, precisamente, tanto en el presupuesto como en la nueva política tributaria. El gobierno propondrá un recorte sustancial, pues el déficit estaría situado entre COP 30 y COP 50 billones, respecto a los COP 575,6 billones que presentó el exministro de Hacienda Germán Ávila previo a dejar el Ejecutivo. Las bancadas de gobierno se encuentran alineadas en esa postura, pero, según le dijeron varios congresistas a El Espectador, no hay fuentes claras para ingresos a corto plazo. ¿Se requerirán más tributos?
Y pensando en la urgencia manifiesta, sectores tanto oficialistas como de oposición presentaron un pliego de propuestas con los que se daría oxígeno a las víctimas del terremoto. El primero, que ya aplicó el Gobierno, fue prorrogar los plazos para la declaración de renta. Pero en esa línea sectores del Centro Democrático y el Partido Conservador presentaron iniciativas enfocadas en alivios tributarios y subsidios temporales a la nómina, crédito, reactivación turística, conectividad e incentivos para la recuperación empresarial.
También, el representante Óscar Darío Pérez pidió reforzar la política de “obras por impuestos” que ya ha tenido un “éxito comprobable” en Antioquia y que, de hecho, el pasado miércoles presentaron el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según dijo Pérez a este diario, debe haber una articulación completa del sector público y privado, además que es clave ajustar las proyecciones en los montos para la reconstrucción.
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“En 1999 se necesitó entre el 2 y 2.5 puntos del PIB para la reconstrucción del terremoto. Si se toma el mismo montó, son cerca de COP 50 billones. (…) A punta de aportes pasaría lo de ese año y es que solo del sector privado se pudo cubrir el 5 % del total. Con la propuesta de obras por impuestos se cubre el monto anual en COP 10 billones, y el de obras por regalías en unos COP 12 billones. Esa cifra está en las fiduciarias y se puede utilizar”, indicó Pérez en diálogo con El Espectador.
El congresista señala la necesidad de “repensar” el desarrollo de las ciudades antes de la implementación de las políticas nacionales y eso debe ser una de las prioridades de las administraciones locales y distritales. En esa misma línea desde los sectores del Pacto Histórico se propuso la expedición de nuevos bonos del Estado con los que se podría financiar deuda y con ello adquirir recursos para la atención de las víctimas.
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La propuesta fue presentada por el senador Alejandro Ocampo, quien plantea la creación de un fondo para el control y seguimiento de los recursos dedicados a la emergencia. Y aunque esa iniciativa estaría enmarcada en el decreto ya publicado por el gobierno de De la Espriella, tendría una vigencia máxima de 12 meses. Es por ello que desde el Congreso se buscaría dar un sustento jurídico a lo que Ocampo denominó como el “Fondo Colombia Renace” –Fondo Milagro según el gobierno– para que este se encuentre operativo durante los próximos cuatro años.
“Se crearía una estampilla renacer que pagaría contratos privados o servicios públicos para que permita que se pueda tener un recurso diferente sin que haya afectación del PGN.(…) Permite que el gobierno pueda centralizar los recursos y tener la posibilidad de una única cuenta. En el Eje funcionó muy bien”, manifestó Ocampo. Además, el congresista dijo a este diario que se podría contemplar la eliminación del IVA a productos dedicados a la reconstrucción, la implementación de aranceles como al acero. “Necesitamos que todos los mecanismos puedan operar”, afirmó.
Desde los bloques Conservador y Liberal también se ha remarcado la necesidad de extender alivios. Así lo expresó el representante caldense Octavio Cardona, quien propuso “subsidios para vivienda nueva y usada, sin importar el estrato, siempre que la afectación sea superior al 50 % y establecer una fórmula para subsidiar el impuesto predial. Muchos se quedaron sin vivienda, pero siguen siendo responsables del predial”.
Ahora bien, en los pasillos del Congreso se ha extendido la disputa alrededor del control de los recursos y cómo estos funcionarán desde el fondo que ya estableció la administración de De la Espriella. En la bancada del Pacto Histórico el vocero para la emergencia, el senador Kevin Gómez, le aseguró a El Espectador que “se debe plantear un control político exhaustivo del Congreso y los órganos de control”.
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Alineado a la declaración reciente de los dos jefes de la oposición, el expresidente Petro y el senador Iván Cepeda, Gómez agregó que en su partido están llamando “a hacer una organización de base que obligue a un seguimiento a todas las fases de reconstrucción y de entrega de ayudas y de subsidios”. Y aunque reconoció la existencia del déficit en las finanzas, el legislador añadió que se debe dar respaldo a una reforma tributaria y, para ese caso, sería necesaria la presentada por la anterior administración que propone gravar, entre otros, grandes capitales y juegos de suerte y azar en línea. Esto, en todo caso, no tiene ambiente en el Capitolio porque surge de quienes ahora son oposición.
La mirada del Congreso no se ha situado solamente en la atención inmediata de la crisis. Además de las varias propuestas en materia fiscal que ya se presentaron para su discusión, también hay dos iniciativas en el Senado que buscan la prevención, atención y fortalecimiento de las medidas para evitar emergencias similares y actualizar las políticas de construcción con un amplio componente sismorresistente.
Una de esas fue presentada por los senadores Norma Hurtado (La U), Luis Carlos Rua (ASI) y el representante Víctor Salcedo (La U) que busca actualizar el reglamento colombiano en la sismorresistencia. Hurtado indicó que “hay plazos muy amplios en la actualización de la metodología y los instrumentos que permiten tener edificaciones más sólidas y que cumplan con las normas y tecnologías que deben adoptar los países en Latinoamérica”. Su planteamiento indica que se debería actualizar este régimen cada cinco años y desligar esa decisión de los gobiernos de turno.
Además, la senadora María Lucía Villalba (Nuevo Liberalismo) también presentó una iniciativa que permite la implementación de un sistema de alertas tempranas para la detección de eventos telúricos y la transmisión automatizada de alertas masivas en tiempo real a la población. En síntesis este proyecto busca “que tanto las autoridades científicas y de gestión del riesgo como los operadores de telecomunicaciones, canales de televisión y emisoras de radio deberán integrar sus redes bajo estándares regulatorios obligatorios y vinculantes. Así, el Estado asume la responsabilidad de poner la tecnología al servicio directo de la protección de la vida”.
Con esta emergencia que con corte al 21 de agosto deja 321 víctimas mortales y 284.185 damnificados, según cifras de la Ungrd, la articulación entre Ejecutivo y Legislativo se tendrá que reactivar, a pesar de la distancia que el gobierno de De la Espriella ha marcado con el Capitolio, más allá de su discurso relacionado al “respeto por la institucionalidad”. La crisis en 15 departamentos, agudizada en cinco de ellos, así como la búsqueda de soluciones conjuntas entre las ramas del poder será un medidor sobre el interés político en medio de un escenario polarizado y con un gobierno que afronta su primera gran crisis sin siquiera haber establecido todo el andamiaje para su funcionamiento.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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