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Los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que este martes se posesionaron en Barranquilla ante el presidente Abelardo de la Espriella, ya marcaron diferencias en su sala plena. Siete de estos togados son de corte oficialista y hace menos de una semana tuvieron una reunión privada para hablar sobre cómo se moverán ahora que lideran este tribunal político. Las dos que vienen de la oposición hicieron lo propio a través de encuentros con sus antecesoras, pero su condición de minoría las dejó en otro escenario. En todo caso, solo hasta este 1° de septiembre, se dio un primer diálogo de todos después de su elección.
A Barranquilla llegaron Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (Partido de la U), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (ambas del Pacto Histórico) para ese cara a cara con el mandatario. Allí, el jefe de Estado le dejó un mensaje al órgano que revisará a fondo las cuentas de su propia campaña presidencial y en cuya composición su gobierno tuvo incidencia.
Los siete primeros llegaron con el apoyo directo del ministro encargado de la política, Rodrigo Lara, y representaron la primera victoria de esta administración en el Congreso. La mano del nuevo Gobierno se ve directamente en la composición del tribunal, en donde superó los necesarios para asegurar las mayorías (seis). Eso quedó evidenciado con el botón de jaguar y de mariposa amarilla que portaron este martes las dos magistradas pertenecientes al Pacto Histórico con lo que buscaron marcar distancia del resto de sus compañeros de sala.
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De ese grupo que tiene el guiño del mandatario viene el que será, por el momento, el primer presidente del nuevo CNE: Alarcón, quien llegó por un acuerdo entre el MIRA y el Centro Democrático, y ocupa, alfabéticamente, el primer puesto en la lista. Ese nombre se definió en la cita que se dio entre los siete oficialistas el pasado 26 de agosto.
Ahora, el encuentro de este martes con el presidente al frente y como pleno del CNE ocurrió unos minutos antes del evento de posesión oficial. Desde la sede presidencial en el Batallón Paraíso, el mandatario recibió a todos los magistrados para un saludo protocolario y estuvo en todo momento acompañado por su jefe de despacho, Nicolás Gómez Martínez.
Si bien ninguno de los funcionarios de confianza del mandatario estuvo sentado en la primera fila, sí estuvieron figuras que fueron claves en esos diálogos para la elección del pasado miércoles, como el senador Alfredo Deluque (Partido de la U) y el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda. A su lado estuvo el procurador Gregorio Eljach y junto a él, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático).
Dos ausencias fueron notorias: la del registrador, Hernán Penagos, y la del recién posesionado contralor, Jorge Eliécer Laverde. El primero se encuentra en Brasil como el jefe de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) para los comicios de ese país, mientras que el segundo asumió su puesto oficialmente este martes en la sede del órgano de control fiscal.
Frente a la mirada de altos funcionarios del Estado, De la Espriella estrechó la mano de todos los magistrados por igual, pero en su discurso hizo referencia a su antecesor directo, Gustavo Petro. Señaló al gobierno anterior de poner en curso “intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones” y subrayó que “absolutamente nadie tiene derecho a poner en riesgo el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes”.
“Desde el día de las elecciones presidenciales, el régimen anterior se ha empeñado contra toda evidencia en desconocer el resultado que los colombianos expresaron en las urnas. En esa sucia maniobra —que es tremendamente irresponsable, valga decirlo, y corrosiva para nuestra democracia y la República— quien pierde la elección tiene derecho a controvertir y a hacerse oposición, eso nunca lo voy a desconocer, de eso se trata la democracia, pero no tienen derecho a pretender borrar la decisión de la mayoría de los colombianos que eligieron lo que quisieron”, agregó.
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Incluso, les dejó un mensaje para que identifiquen “las dificultades” del sistema electoral y le “propongan al país las reformas que consideren necesarias”. Es un trabajo que el nuevo CNE tendrá que ir adelantando con miras a las próximas elecciones regionales, cuyo cronograma se presentará en octubre, de acuerdo con el registrador Hernán Penagos, y tendrá que ser formulado de la mano con esta nueva cohorte.
Todavía no hay fecha para un encuentro entre Penagos y los magistrados. Ese diálogo será clave no solo para los comicios, sino para la reorganización interna de la organización electoral tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó uno de los artículos del Plan de Desarrollo de Gustavo Petro y le quitó al CNE la posibilidad de manejar de forma autónoma su presupuesto.
Esa independencia les permitió, por ejemplo, contratar la plataforma de acreditación de testigos electorales que ha sido cuestionada por el costo de COP 529 millones que representó en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales. Desde LinkTIC, la empresa detrás de esos contratos, han dicho que buscaron llenar “un rezago” que tenía el Estado colombiano para realizar ese proceso.
“Esperaremos a que lleguen los nuevos magistrados. Seguramente nos postularemos para poder volverlo a hacer (…). Les propondremos, como estamos haciendo en Bolivia, en El Salvador, en Estados Unidos y en otros países, nuestras ideas, a ver si son aceptadas”, le dijo Fernán Ocampo González, director de LinkTIC, a El Espectador.
A partir del 1 de enero de 2027, lo que tenga el tribunal dependerá por completo de la Registraduría, cuyo monto asignado es de COP 5,7 billones, de acuerdo con el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para la vigencia de 2027. Según conoció este diario, los nuevos magistrados están trabajando en un “instrumento jurídico apegado a la ley” para que el CNE vuelva a tener autonomía presupuestal.
Pero los nueve magistrados también tendrán que cerrar por completo todo tipo de papeleo que tenga que ver con la reposición de votos de las elecciones pasadas, así como la revisión en materia de financiación. La sala plena pasada solo aprobó la autorización del giro para la campaña de la exalcaldesa Claudia López y fue ese el único movimiento que, a la fecha, ha cumplido con todas las etapas de revisión y auditoría. La de la exsenadora Paloma Valencia, que participó en su propia consulta, sigue a la expectativa de que finalice ese proceso con los nuevos magistrados.
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Más allá de eso, tendrán que revisar punto por punto las chequeras de campaña de De la Espriella y del senador Iván Cepeda (Pacto Histórico). El primero reportó gastos de COP 31.915 millones para primera vuelta y COP 17.676 millones en segunda, y segundo, COP 23.843 millones para el llamado a urnas del 31 de mayo y COP 18.183 millones para el 21 de junio.
Y a la sala plena también llegarán otros pendientes que tocarán, inevitablemente, las próximas elecciones. Entre ellos, los de la personería jurídica de La Fuerza, del exembajador Roy Barreras, y Movimiento Bolivariano, del ideólogo de la campaña de De la Espriella, Carlos Alonso Lucio. Ambos tienen ponencias favorables, pero faltará ver si los nuevos integrantes les dan el visto bueno. En una vía similar están los divorcios políticos de Alianza Verde, en cabeza la representante Catherine Juvinao y con el guiño del partido, y del Centro Democrático, por parte de la exsenadora María Fernanda Cabal, que no ha tenido aprobación interna.
El CNE se enfrentará a varias decisiones clave en materia política mientras, de forma paralela, el Congreso decide si avala o no la reforma propuesta al tribunal. Aunque ese tipo de proyectos no suelen prosperar, sí le abrirán la puerta a una nueva discusión en torno a la elección de los magistrados y sus hojas de vida. Por ahora, la nueva cohorte se alista para unos cuatro años agitados en materia política.
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Por María José Barrios Figueroa
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