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El país decidió cambiar de modelo, dar un nuevo giro y pasar al otro extremo del péndulo político. Abelardo de la Espriella es la cara de una nueva derecha y el próximo 7 de agosto recibirá el poder de la izquierda que Gustavo Petro no logró reelegir. Y aunque el tradicional empalme pinta tortuoso, Colombia ya comenzó a andar hacia lo que serán los próximos cuatro años de gobierno.
En ese escenario los símbolos también serán determinantes. El 7 de agosto, cuando se dé el relevo oficial del poder, habrá una ceremonia que va más allá de la Plaza de Bolívar en Bogotá. Las filas de Defensores de la Patria están moviéndose para que la transmisión de mando se haga en una guarnición militar.
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Para ello –según la ruta trazada– hay consultas sobre la viabilidad de hacerlo en la base de Larandia (Caquetá) o en la Tolemaida (Cundinamarca). Además, al Congreso ya le llegaron pedidos informales de información para saber si la toma de juramento, que constitucionalmente debe liderar quien funja como presidente del Senado, puede hacerse fuera del Capitolio.
Ninguna de las dos cosas está prohibida, y es una forma de De la Espriella de marcar que sí habrá un giro en la nueva administración. Petro, hace cuatro años, emitió su primera orden como presidente recién posesionado pidiendo llevar la espada de Simón Bolívar al evento que lideraba frente al Capitolio. Iván Duque había dicho que, mientras ejerciera como mandatario, no permitiría que ese objeto histórico saliera de la Casa de Nariño.
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Y eso último es clave, porque si bien al Ejecutivo saliente no le parece que el cambio de gobierno se dé en una guarnición militar, porque asegura podría ser la politización de la Fuerza Pública, el episodio de 2022 demuestra que después de la toma de juramento el mandatario electo puede tomar ese tipo de medidas.
Además, mientras esto se va acomodando, ya es un hecho que este martes se instalará formalmente el equipo con el que el mandatario entrante le recibirá al saliente su gestión administrativa. Se trata de un grupo que supera las 400 personas y que hará un barrido palmo a palmo por todos los sectores que dependen del Ejecutivo y cuyos resultados serán la base de otro de los pasos en clave simbólica que dará el nuevo gobierno.
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En efecto, se desplegará una auditoría forense –que harían de forma conjunta una firma nacional y otra extranjera– sobre toda la Rama Ejecutiva que durante el último cuatrienio se manejó bajo los lineamientos del petrismo. Los cálculos iniciales indican que ese proceso costaría al menos COP 20.000 millones y, de acuerdo con fuentes de la administración entrante, serían fondeados por recursos propios del nuevo jefe de Estado y con la reposición de votos.
Su ejecución será coordinada por el despacho del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y lo que se proyecta es que en un plazo no mayor a 12 meses se tenga un arsenal de pruebas técnicas que sustenten uno de los mensajes que –en su primer discurso como presidente electo– dejó contra el saliente mandatario al calificarlo de “degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos, sembrando en el alma de muchos el odio de clases”.
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El protagonismo de Restrepo no solo estará en este punto. El Espectador también estableció que los sectores de relaciones exteriores, hacienda, comercio y salud estarán a su cargo y que los nombramientos que se realicen en estas áreas pasarán por su tamiz. Eso se traduce en que al menos cuatro ministerios tendrán liderazgos previamente avalados por el próximo vicepresidente.
Con el sector de la salud ya se comenzaron los acercamientos y se está trabajando para encontrar al menos COP 10 billones que se calcula es lo requerido para atender la crisis en la que queda al final de la primera administración de izquierda pura. Y, por otro lado, está el manejo de diálogos con el hemisferio, en particular, y el globo en general.
Por eso, más allá del sonajero típico de estos días, ya se tomó una decisión: quienes lideren la Cancillería y la embajada de Colombia en Estados Unidos deberán revitalizar el trabajo con el bipartidismo en Washington. El mensaje del demócrata Gregory Meeks saludando la elección de De la Espriella abrió el camino para que se mantengan diálogos con las dos fuerzas; los republicanos, vía Donald Trump y Marco Rubio –quienes apoyaron de frente a los Defensores de la Patria–, ya están relativamente cerca.
Y la nominación de Nathaniel “Nate” Morris como embajador de la Casa Blanca en Bogotá, a la que aún le falta la confirmación del Senado de su país, va en la misma línea, pues esa dignidad lleva más de tres años sin nadie en firme; todo se ha manejado a nivel de encargados. La nueva administración de la Casa de Nariño quiere darle un vuelco al relacionamiento con el mundo, lo que incluye retomar relaciones con Israel, cuyo premier, Benjamín Netanyahu, está formalmente señalado de genocidio; analizar la preponderancia de China en el mercado interno; y, entre otras cosas, la consolidación de una derecha más fuerte en la región a través del llamado “Escudo de las Américas”.
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Pero ahí no paran los simbolismos que, ahora desde la derecha, estarán en el centro de la administración pública. Luego de su posesión oficial el próximo 7 de agosto –y cuando ya se oficialice el gabinete en pleno que acompañará el primer tramo de la nueva Presidencia– habrá sesiones permanentes de gobierno en La Guajira.
Ese departamento no le dio la victoria en las urnas a De la Espriella, pero sí tiene carga emocional para lo que busca proyectar. Allá estalló el escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), por el cual dos exministros de Petro están penalmente empapelados (Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco), dos personas de la entera confianza del mandatario saliente están prófugas de la justicia (Carlos Ramón González y César Manrique) y varios legisladores de las entrañas del Pacto Histórico están en la mira de la Corte Suprema de Justicia.
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Además de la corrupción, en esa región confluyen fenómenos de criminalidad y problemáticas sociales que no cesan. Para 2025, según un reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), La Guajira es el departamento con la mayor prevalencia de desnutrición aguda en menores de cinco; eso quiere decir que la proporción de niños y niñas en ese rango etario que presentan esta condición fue de 1,56 casos por cada 100 infantes; casi tres veces el promedio nacional (0,55). Además, municipios como Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao figuran entre los que registran las cifras más altas de Colombia. El contrabando y el despacho de cocaína también golpean la zona, donde hay información de inteligencia que alerta por la presencia del Clan del Golfo y otras bandas criminales.
El viernes pasado, tras una misa en la tradicional catedral de Nuestra Señora de Los Remedios de Riohacha, confirmó que despachará desde allá en su primera semana. Además, se declaró aliado del gobernador de ese departamento, Jairo Aguilar Deluque, y se dejó ver junto al senador de La U Alfredo Deluque, otro guajiro que está en el sonajero de los presidentes del Senado que llegará el próximo 20 de julio. Ahí también aparecen Andrés Forero (Centro Democrático), Enrique Gómez (Salvación Nacional) y Lidio García (Partido Liberal).
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En todo esto de la gobernabilidad, precisamente, juega fuerte el primer nombramiento oficial que hizo la dupla De la Espriella-Restrepo y cuyo fondo también es simbólico. En efecto, la confirmación de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior está en clave de búsqueda de acuerdos y conformación de mayorías. De hecho, las bancadas del Centro Democrático (47 congresistas) y Cambio Radical (18 legisladores) ya se declararon de gobierno, y en esa misma vía entrarán la próxima semana los partidos Conservador (30 legisladores) y La U (21 congresistas).
Lo simbólico del nuevo ministro del Interior es que su padre, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado en abril de 1984 por orden del extinto narcotraficante Pablo Escobar. En ese momento, el inmolado dirigente oficiaba como jefe de la cartera de Justicia y militaba en el Nuevo Liberalismo del también acribillado Luis Carlos Galán. De la Espriella quiere consensos amplios para su primer año de mandato, pues –entre otros ítems– deberá tramitar una reforma tributaria, su plan de desarrollo y un paquete de leyes anticorrupción. Además, viene la puja por el próximo contralor general y el nuevo Consejo Nacional Electoral, en donde el mandatario entrante también quiere gente de su confianza ideológica.
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Entre tanto, el Pacto Histórico, con sus 67 legisladores (25 senadores y 42 representantes), se declaró partido de oposición. A esas toldas se les deben sumar Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes repetirán en el Capitolio por la curul a la que tienen derechos quienes pierden las presidenciales en el balotaje. Por eso, la foto del pasado viernes en la Casa de Nariño, entre el mandatario saliente y el candidato derrotado.
En esa cita se intentaron zanjar las divisiones que surgieron en la izquierda tras la segunda vuelta. En un principio, se acordó que Petro seguirá liderando la oposición a De la Espriella y que lo hará desde Colombia, pero el caudal político y electoral de Cepeda le da espacio para competir por esa jefatura y es algo que no se descarta que pase. Para todos, el nuevo oficialismo y sus contradictores el nuevo punto de mira está en las regionales de 2027, cuando se renovarán alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales.
Pero al tiempo que se calientan motores en todos estos escenarios, en un país que decidió girar su péndulo en medio de una polarización creciente que además se evidenció en las urnas, la nueva administración se sigue configurando. Este fin de semana y durante los días siguientes se confirmarán los nombres de Indalecio Dangond (Agricultura), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Fabio Arjona (Ambiente) y, entre otros, Jaime Beltrán (Vivienda). También es fijo que Joaquín Gutiérrez y Carlos Suárez, al igual que Germán Calderón, tendrán espacios de poder. Eso sí, el sonajero es más amplio, pero el presidente electo sigue analizando hojas de vida.
De aquí en adelante lo que viene es la materialización del desescalamiento del lenguaje por parte de De la Espriella, quien ya dijo que habrá garantías para la oposición y que en su gabinete tendrán las puertas abiertas para dialogar con contradictores y buscar acuerdos. Y del otro bando mantienen un tono más moderado desde que pasaron los comicios, aunque el saliente jefe de Estado y el mandatario entrante siguen lanzándose duros dardos.
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Lo cierto es que la gestión que se avecina tiene grandes retos, entre los que está la seguridad tras el ultimátum a los grupos criminales para que se sometan a la justicia por el fin anunciado de la estancada “paz total”. Colombia y su democracia siguen superando retos en los 216 años de República que se completan este 20 de julio.
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