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Dos meses después de las votaciones que condujeron a Abelardo de la Espriella a la Presidencia tras ganarle en urnas a Iván Cepeda, han salido a la luz los montos que el jefe de Estado dispuso en su carrera presidencial y los que el senador del Pacto Histórico utilizó en ese pulso por el poder. Las facturas muestran a las entidades y figuras que se vincularon a ese proceso, en el que el pasado 21 de junio se dio un giro de 180° en las políticas de un país que retornó a la derecha. Esto, además, será la base sobre la que se medirá la reposición de votos que debe entregar el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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El extenso camino hacia la Presidencia también dispuso de una amplia chequera para el grueso de las candidaturas que se midieron tanto en la primera como en la segunda vuelta. Los topes estaban definidos. Para las elecciones del 31 de mayo, ningún candidato podría superar los COP 39.003 millones, mientras que para el balotaje del 21 de junio, el límite marcado por el CNE estaba en poco más de COP 18.243 millones.
De la Espriella jugó con las reglas al límite tanto en primera como en segunda vuelta, algo que le resultó favorable tras llegar a los 12,9 millones de votos y con ellos a la Presidencia, asegurando que no recibía ingresos sin trazabilidad. Cepeda optó por una campaña que llamó “austera” en la primera jornada de votaciones y dispuso del tope máximo marcado por la ley en la última medición en urnas; esa decisión le alcanzó para obtener 12,6 millones de votos. Sus movidas, al final de cuentas, fueron similares.
La campaña del actual presidente, Abelardo de la Espriella, se enmarcó en el lema de “Firme por la Patria” y, como registró en su momento El Espectador, tuvo multitudinarios actos por todo el país en los que el componente religioso y de la recuperación de seguridad territorial se remarcaron con fuerza. Su apuesta costó COP 31.915 millones para primera vuelta y COP 17.676 millones en segunda. Para ambos casos, la publicidad fue el rubro prioritario, pues el grueso de los recursos se dispuso en la amplificación de su mensaje.
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Poniendo la lupa en ese tramo final de campaña en el que salió vencedor en las urnas, el equipo que gerenció Carlos Andrés Ríos recibió créditos por COP 17.500 millones procedentes del banco GNB Sudameris, entidad financiera que pertenece a la familia Gillinski.
También se reportan ingresos por los rendimientos de la cuenta bancaria por COP 4,1 millones, además de aportes que realizaron Ana María Ríos (COP 1 millón), Carlos Ríos (COP 1 millón) y Joaquín Gutiérrez (COP 1.19 millones). Los dos últimos son figuras de entera confianza del presidente y parte activa de su gabinete. De hecho, Ríos es director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y Gutiérrez suena para tomar las riendas de Ecopetrol.
En materia de gastos, COP 12.665 millones fueron destinados a pauta, de los cuales COP 9.665 millones fueron contratados con la empresa antioqueña Industrial Party SAS. En su razón social, la firma se caracteriza por la organización de actos públicos y eventos en territorio antioqueño. Esta compañía tendría más de 11 años de experiencia, aunque en sus redes sociales no figura vinculación a la campaña, aunque sí ha suscrito contratos con la Asamblea Departamental de Antioquia. En ese rubro también destaca el pago a medios tradicionales, tanto televisión, emisoras, prensa y redes sociales.
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Los gastos de administración fueron el segundo rubro que mayor flujo de recursos reportó y en el que aparece la firma Estrategia y Poder, propiedad de Carlos Suárez Rojas, el “cerebro” detrás de la campaña. Suárez calificó la campaña como “disruptiva” y basada principalmente en “la escucha del ciudadano”. En la campaña de segunda vuelta, los pagos ascendieron a COP 1.450 millones y se encuentran registrados ante el Estado bajo el concepto de honorarios.
También se reportan pagos sobre ese mismo rubro a personas naturales como Yorieth Barrera Moreno por COP 12 millones o David Pinilla Fajardo COP 562.000, que no reportan contratación en portales públicos.
En tanto, también hay un pago a Richard Caicedo por COP 7 millones, quien ya fue nombrado como nuevo presidente de Icetex; dos a nombre de Yesica Tovar, que suman un total de COP 35 millones. Tovar fue contratista del Estado en el SENA durante el gobierno de Iván Duque entre 2019 y 2022, pero, además, en enero de este año suscribió un contrato con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por COP 85.5 millones, mismo que se encuentra en vigencia y que, según el Secop, es para “prestar servicios profesionales con autonomía técnica a la Oficina de Control Interno, para apoyar con el cumplimiento de las actividades previstas en el plan anual de auditoría interna 2026 con enfoque administrativo y financiero”.
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Hay también dos pagos a Joaquín Gutiérrez y Ana María Ríos por los mismos montos que aportaron en segunda vuelta, es decir, alrededor de COP 1 millón cada uno. Los actos públicos ascendieron a COP 1,155 millones y tienen especial participación de las empresas Nova Soportes Integrales Sas (COP 344 millones) y Servicios Especiales En Audio Sas (COP 797 millones) como las que mayor monto suscribieron. Ninguna figura con reportes de contratación estatal hasta la fecha.
En la plataforma de Cuentas Claras, fuente primaria de este informe, aún no hay registro sobre gastos de investigación y capacitación política, que ascendieron a más de COP 127 millones, ni de gastos judiciales, reportados alrededor de los COP 310 millones.
Con ese desglose de cuentas se puede decir que De la Espriella emprendió un camino presidencial que entre primera y segunda vuelta llegó a los COP 49.591 millones, siendo procesos separados. Su contraparte en esa campaña, Iván Cepeda, tuvo un acumulado de COP 42.026 millones (COP 23.843 millones en primera vuelta y COP 18.183 millones en segunda).
De cara a la medición del 31 de mayo, Cepeda y su campaña emprendieron una estrategia de “austeridad” y aprovechar la imagen del entonces presidente Gustavo Petro. No obstante, luego del sacudón en las urnas, cuando De la Espriella superó a la ficha oficialista por más de 660.000 votos, la estrategia cambió y la chequera se abrió.
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Para esa segunda vuelta, los ingresos fueron similares, alrededor de los COP 15.000 millones, solo que la campaña pasó de suscribir un préstamo con la Cooperativa Confiar a hacerlo con la Cooperativa JFK por COP 10.000 millones, además del banco Sudameris, de los Gilinski, que ascendió a COP 5.000 millones.
Los gastos de administración se dedicaron principalmente a las labores de prensa y al equipo de estrategia digital detrás de la campaña. Son COP 1.139 millones distribuidos en donde el principal contrato asciende a los COP 800 millones por concepto de arrendamiento a Ingenial IA SAS, una empresa de desarrollo de sistemas informáticos y consultoría en gestión.
Además, de los 39 contratos en esa materia, 37 reportan pagos bajo el concepto de honorarios a figuras que han llegado a ser cercanas al petrismo o han tenido contratos con el Estado. Por ejemplo, aparece un pago por COP 12 millones a Juanita Mayorga Acosta, economista que suscribió dos contratos con el gobierno Petro en el Departamento Nacional de Planeación y uno en el Ministerio de Agricultura –este con fecha de inicio en enero del 2022– que sumados superan los COP 101 millones. Sus funciones estuvieron ligadas a la ejecución de programas financieros en la iniciativa mujeres rurales y estrategias de difusión en medios; en la campaña Cepeda fue redactora de contenidos.
La empresa Julio Hernán Correal Triana SAS, propiedad del actor homónimo, fue contratada en esa segunda vuelta por COP 10 millones como “guionista”; Pablo Alejandro Angulo, contratista en el Departamento de Prosperidad Social, fue el “traffic manager” de la campaña, función por la que se le pagaron COP 8 millones; Néstor Daniel García Gómez, que también tuvo funciones en el equipo de comunicación de Cepeda, figura como contratista en varias entidades, incluyendo el sistema de medios públicos Inravisión, el Ministerio de Minas o la Cámara de Representantes.
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De esos 37 contratos, dos fueron destinados a una misma persona, Diana Carolina Zamora, quien no figura con contratación del Estado, estatus similar al de otros 10 contratos suscritos en la campaña. Los otros 25 tienen registro en los portales públicos de contratación estatal, principalmente durante el gobierno Petro en diferentes entidades, aunque otros también tienen registro en gobernaciones o alcaldías, incluyendo pasos por las administraciones de Claudia López o Carlos Fernando Galán, entre otros.
Referente a la propaganda electoral, el mayor gasto que reportó la campaña, el total ascendió a COP 13.694 millones. En este componente se destacan los pagos por vallas publicitarias, que rondan los COP 1.082 millones. También hay un extenso desglose de pagos por publicidad digital, en medios de comunicación tradicionales y la impresión de material físico y periódicos que se repartían en los actos públicos de Cepeda en el país.
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Sobre los actos públicos, se pagó a Carlos Alberto Santamaría dos contratos en este concepto que ascendieron a COP 986.600 millones a nivel nacional y uno más por COP 175.626 millones para la empresa Soluciones Integrales en Acción, que se ejecutó en la Costa Atlántica.
Fueron esos recursos los que finalmente decantaron el futuro político de Colombia y que han dejado a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la nación. Sin embargo, tanto en la campaña del actual jefe de Estado como en la principal colectividad de oposición han existido acusaciones mutuas de alteración en el proceso electoral e incluso de supuesta financiación irregular. A De la Espriella le señalaron en su momento una presunta financiación por parte de empresas fantasma, denuncia realizada por Cambio, pero que desde la oficina jurídica del ahora mandatario se desestimó.
En el caso Cepeda hubo señalamientos por verse supuestamente favorecido por grupos al margen de la ley bajo el lema del “voto fusil”. Esa narrativa tuvo eco en la segunda vuelta, pero también ha sido rechazada por parte de Cepeda y su círculo cercano. No obstante, las acusaciones que existan sobre el proceso electoral tendrán que llegar al CNE, instancia en la que el nuevo bloque de magistrados que se eligen el próximo 25 de agosto tendrá que investigar y emitir concepto.
Este es el reporte de cuentas de Abelardo de la Espriella
Este es el reporte de cuentas de Iván Cepeda
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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