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La razón argumentada por Brownfield en una reunión con el canciller, Jaime Bermúdez, y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, es que en el sistema legal de Estados Unidos no está en manos del Poder Ejecutivo decidir las penas mínimas de quienes llegan, sino del juez federal, y agregó que “lo que sí podemos hacer, y estamos en conversación, es asegurar que mi gobierno no solicitará la extradición de ninguna persona si la ley no pone una pena mínima de años”.
En tres de los 15 casos de jefes paramilitares extraditados a ese país el pasado 13 de mayo, la pena mínima acordada fue de 17 y 18 años, por lo cual este puede ser un indicador para la decisión que se tome en los casos que quedan. Acerca de estas 15 personas, el embajador de Estados Unidos confirmó la voluntad total y absoluta del Departamento de Justicia de facilitar el acceso a Estados Unidos de las autoridades colombianas.
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