«Debe participar la sociedad»

Sin duda, ninguno de los seis puntos del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” es ajeno a controversias y resquemores. Sin embargo, el punto dos, de participación política, ha sido el florero de Llorente, pues no se trata sólo de los alcances de los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y el acceso a los medios de comunicación en igualdad, de la profundización de los mecanismos de participación ciudadana, y de la adopción de medidas para la promoción de dicha participación, como lo indica el acuerdo.

El tema de participación en política se cruza con el debate de refrendación de los acuerdos de paz —¿cuál será el mecanismo?, ¿qué tipo de preguntas se realizarán?, ¿estamos ad portas de una constituyente?— y las reformas que ya se han efectuado para habilitar su realización el mismo día de otra jornada electoral, que por carambola se podría encadenar con el voto obligatorio. Se entrelaza también con la habilitación para ejercer la representación política resolviendo preguntas como: ¿quiénes podrán ser candidatos?, ¿qué delitos serán considerados conexos al delito político?, ¿cómo se debe efectuar esa transición de grupo armado a fuerza política?

Sumado a lo anterior, la pregunta que generaba mayor expectativa y prevenciones hacía referencia al “tipo” de democracia que se podría estar negociando en La Habana. La pregunta rectora era si las Farc estaban planteando un nuevo modelo político y electoral, los contenidos de éste y qué tanto había cedido el Gobierno.

Lo primero que hay que señalar es que el comunicado de prensa que sobre este punto se hizo público antes de finalizar 2013 daba muy buena cuenta de los acuerdos alcanzados. No había gato encerrado, o por lo menos no se hace presente en la lectura del borrador conjunto de los acuerdos hecho público esta semana.

En lo acordado, las partes abordaron los temas relacionados con los derechos y garantías para la oposición, que es importante señalar que es una asignatura pendiente de la Constitución de 1991. Este acápite es seguido por el de “garantías de seguridad para el ejercicio de la política”, apenas elemental en un país donde la política es una actividad de alto riesgo que requiere ser abordada con un sistema de planeación, información y monitoreo. Algo parecido a lo que hoy se tiene, pero acompañado con un programa de protección para los miembros del nuevo movimiento que surja de la desmovilización.

Es importante señalar que el borrador de los acuerdos da un acento especial al papel de los movimientos y las organizaciones sociales, a los que se les debe garantizar su reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento. Es en estas organizaciones donde se centra el ejercicio de la participación y los nuevos escenarios de interlocución y control político.

En relación a los cambios normativos necesarios para desarrollar los aspectos mencionados, las partes señalan: i) la necesidad de un estatuto de garantías para la oposición, ii) la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, iii) el empoderamiento de las organizaciones sociales, iv) ajustes para garantizar el ejercicio de la movilización y la protesta, v) desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de las agrupaciones políticas del requisito de superación del umbral, vi) régimen de transición de fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas a través de la financiación y el estímulo de sus programas, vii) aumento de los porcentajes de dinero que se distribuyen entre los partidos con representación en el Congreso, viii) participación de la mujer en la política, entre otros temas.

Paralelamente, esta semana comenzó en el Congreso de la República el debate al proyecto de acto legislativo 018 de 2014, denominado “reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional”, el cual es de iniciativa gubernamental. Los cambios propuestos no desarrollan de manera puntual los temas acordados entre los delegados del Gobierno y de las Farc.

No obstante, en relación a la participación de la mujer se destaca lo acordado en primer debate de la reforma en la Comisión Primera del Senado, con la obligación de los partidos y movimientos políticos de inscribir listas cerradas para corporaciones públicas, en las que hombres y mujeres estén intercalados, lo que se denomina lista cremallera. Esta medida permite la mayor participación de las mujeres en escenarios de los que tradicionalmente han sido excluidas.

Por otra parte, se aprobó una curul en el Senado para el segundo en las elecciones presidenciales, y lo mismo a nivel territorial para el caso de los comicios por la Gobernación y la Alcaldía, en asambleas y concejos. Esta disposición es tan sólo una aproximación a las medidas que se le pueden otorgar a la oposición, por lo cual, para garantizar todos sus derechos, es necesario un estatuto, tal y como lo ordena la Constitución.

Lo anterior demuestra que la implementación de los acuerdos que surjan de la negociación de paz implica varias reformas constitucionales y legales que hasta el momento no se han iniciado. Estas reformas deben tener en cuenta la participación amplia y suficiente de diversos sectores de la sociedad en el marco de su trámite.

Finalmente, la agenda para la implementación de estos “borradores” de acuerdos, así como los actores involucrados, están por dentro de la institucionalidad colombiana. No se plantean en los borradores escenarios diferentes, ajenos o desconocidos para avanzar en este sentido.

@directoramoe

* Directora nacional de la Misión de Observación Electoral.