Defendamos la Paz pide que la oficina para los DD.HH. de la ONU permanezca en Colombia

“La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos en Colombia – OACNUDH – fue creada por una decisión de la Comisión de Derechos Humanos en 1996, con la aprobación del Gobierno Nacional. Desde entonces, ha jugado un papel fundamental en la promoción y la defensa de los derechos fundamentales y se ha convertido en aliado privilegiado de los movimientos de víctimas y de derechos humanos”, expresaron los integrantes de Defendamos la Paz en la carta para argumentar la relevancia de la existencia de esta oficina en el país. 

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Seguidamente, enumeraron los 11 hitos que demuestran la eficiencia de la oficina para los Derechos Humanos en Colombia, en estos 20 años desde su creación. Entre ellos, resaltaron su participación para lograr que la Corte Constitucional declarara inexequibles las normas que permitían conformar grupos privados para las autodefensas (Convivir, 1997); su apoyo a la ratificación y aprobación de normas sobre desaparición forzada (en 1998, 2008 y 2012); su respaldo a la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; su vocería para denunciar el uso criminal de las intercepciones del antiguo DAS; y su documentación de las ejecuciones extrajudiciales y el diseño de medidas para evitarlos; entre muchos otros. 

Así, los miembros del movimiento pacífico reconocieron la labor de la oficina y apuntaron a que esa antesala de hechos muestran que la subdirección es vital para continuar con la implementación de los textos de La Habana. Su perspectiva de Derechos Humanos sirve para, escriben, “velar por la garantía de los derechos de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, así como de coordinar la revisión de la situación de las personas de la FARC privadas de la libertad y las garantías de seguridad para las personas en proceso de reincorporación. Hoy, la OACNUDH constituye la voz internacional más autorizada para denunciar los asesinatos y las amenazas a los líderes y lideresas sociales, para documentarlos y para impulsar su investigación”.

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Finalmente, su petición no solo se centró en mantener la oficina en Colombia, sino de hacerlo con “su mandato original en su integridad”, es decir, con sus tareas principales: monitoreo de la situación, asistencia técnica al Estado y la sociedad civil y el reporte anual al Consejo de Derechos Humanos. Y, por supuesto, el acompañamiento a la aplicación del Acuerdo de Paz. “El Acuerdo del Teatro Colón abrió la ventana de oportunidad para superar las violencias estructurales de Colombia y esperamos seguir contando con el acompañamiento de la OACNUDH para hacerlo”. 

Esta es la carta completa: 

#Carta| de @DefendamosPaz a @mbachelet / @UNHumanRights

Solicitamos su intervención para asegurar la permanencia de la Oficina en Colombia por varios años más con el mandato original en su integridad.

Ver carta completa
https://t.co/jbE9TyXd7y pic.twitter.com/tyEZUcZffG — DefendamosLaPazColombia (@DefendamosPaz) 29 de julio de 2019

La carta entregada a Bachelet es no solo una petición para que la oficina que ella dirige continúe en Colombia, sino también un guiño a las intenciones del Gobierno Nacional de limitar la tarea que esta cumple en le país. Tales pretenciones las conoció este diario y las publicó el pasado 20 de julio, gracias a un borrador en el que el Gobierno trazaría un nuevo futuro para la representación diplomática en Colombia. Entre los cambios estaba la eliminación de cualquier mención a la existencia de un “conflicto armado interno”.

(Para ampliar esas modificaciones que propondría el Gobierno, lea: El giro que quiere Duque en su relación con la Oficina de DD.HH. de la ONU)