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La pugna entre el petrismo y sus opositores, que venía desarrollándose en las plenarias y comisiones del Congreso, se trasladará –durante las próximas semanas– a un nuevo escenario: el de los estrados judiciales. La sucesión de “jugaditas” de parte y parte escaló a una confrontación por su legalidad, por lo cual ambos sectores se mueven para dar el primer golpe e incluso medir el respaldo que tienen en ciertas jurisdicciones.
Los detractores de la administración llevan la delantera en la materia, pues durante todo el periodo han demandado nombramientos –particularmente cargos diplomáticos o designaciones del presidente en la Creg–, proyectos de ley –como la reforma pensional y partes del Plan de Desarrollo y la reforma tributaria– y han denunciado al jefe de Estado y sus alfiles por diversas razones. Ahora, tras la advertencia del Gobierno de decretar el llamado a urnas para la consulta popular, la oposición prepara una nueva artillería para impedir que afiance su apuesta política de cara al 2026, lo que incluye bloquear las posibles salidas a la crisis fiscal.
“Es una violación a la autonomía de los poderes legislativo y judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión, debe ir hasta los jueces, no es de un solo plumazo. Nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que les tumban eso por arbitrario”, dijo el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien, junto al secretario de la corporación, Diego González, ha insistido en que la plenaria negó legítimamente, con 49 a 47 votos, la primera versión de la consulta.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se mantiene en que el Senado no se pronunció, pues, según su punto, la votación “no tiene validez jurídica”, lo que, también a su juicio y el del presidente, los habilita para convocar la consulta por decreto a partir del 1 de junio. Y es que el oficialismo también se mueve en los tribunales para buscarle sustento a su tesis; de hecho, la Sección Quinta del Consejo de Estado ya recibió y aceptó estudiar una demanda que busca anular la votación del 14 de mayo.
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Por otra parte, tácitamente se abrió una puja por un eventual respaldo de la Corte Constitucional para la consulta. El pasado martes, la opositora Katherine Miranda, de la Alianza Verde, difundió una respuesta de la relatoría de ese alto tribunal en la que se leía que “Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado”. Sin embargo, horas más tarde, la Corte aclaró que el documento que mostró la representante no es un concepto formal y que no ejerce funciones consultivas ni emite opiniones, razón por la cual también anunció una investigación contra la funcionaria que lo firmó.
El ministro Benedetti cobró ese revés y aseguró que detrás de todo hay “traiciones, mentiras y fraudes contra la consulta”. Al margen de este choque, lo cierto es que en el Congreso y la Casa de Nariño hacen cuentas sobre las cargas en el tribunal, que podría resolver el asunto si la eventual decisión del Consejo de Estado es tutelada. El debate se relaciona con la pelea que mantienen oficialismo y oposición por la orientación de los votos de la Corte, pues la llegada de Héctor Carvajal al despacho, al igual que la elección del reemplazo de la togada Diana Fajardo, que se llevará a cabo la próxima semana, han avivado las voces que advierten un posible control del Gobierno en la corporación, que ya tiene ahí a Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Palacio.
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Este último tema no es menor, pues en este tribunal se discuten temas claves como la constitucionalidad de la reforma pensional o el conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Cámara de Representantes en la investigación contra el presidente por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.
Voces del Congreso y la Casa de Nariño aseguran que, en este contexto, el entorno del presidente ha empezado a analizar la opción de incluir a los tribunales en sus narrativas contra la oposición y sobre un supuesto “bloqueo” a la agenda del “cambio”. El presidente y varias de sus fichas ya tienen casada una dura pelea con el Consejo de Estado por decisiones como la prohibición de transmitir los consejos de ministros, de anular las elecciones de mandatarios locales aliados o de tumbar las curules de sus congresistas. Según esas fuentes, la Corte Constitucional podría entrar en ese paquete si no le da luz verde a la pensional.
“Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, y abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica. Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia”, dijo Petro sobre la versión de una ponencia de la Corte que tumbaría su ley.
La oposición acelerará su estrategia con nuevas denuncias y demandas, pues, solo por dar un ejemplo, varios congresistas ya anunciaron acciones contra la medida del Ejecutivo, a cargo del Ministerio de Hacienda, de cobrar por adelantada la retención en la fuente de 2026, esto en medio de la crisis fiscal que ha puesto en jaque varios programas sociales.
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“Preparo demanda de nulidad contra este Decreto 0572, del Ministerio de Hacienda, que ‘expropia’ a los empresarios de este país. Esto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso de la República. Petro quebró el país y los que paguen no pueden ser los colombianos”, anunció la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. Este jueves llegó al Consejo de Estado una primera demanda contra dicho acto administrativo.
En otros despachos se mueven más procesos contra el Gobierno, como en la Comisión de Acusaciones, que ya avocó conocimiento de las denuncias contra el presidente Petro hechas por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, por los señalamientos del excanciller Álvaro Leyva contra el mandatario en dos cartas. En la lista incluso entra la acción popular contra el Gobierno que anunció este mismo jueves el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la supuesta desfinanciación del sistema de salud.
“El Ministerio de Salud y la Superintendencia han intervenido EPS sin garantizar los recursos a las IPS. Hay hospitales recibiendo apenas el 6 % de lo que les deben mes a mes. Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia”, indicó el mandatario local.
Los estrados judiciales seguirán siendo escenario de estas batallas, pues el Gobierno, como dijo este jueves el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se mantiene en que la consulta popular “va porque va”. La oposición busca frenar las apuestas del Gobierno, incluso golpeando sus arcas. El Gobierno, entre tanto, busca un piso jurídico para sus proyectos o, de lo contrario, un nuevo aire para su discurso de asedio contra las reformas sociales.
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