Demandas, una vena rota

Uno de los principales dolores de cabeza que enfrenta hoy el Estado colombiano es el gran número de demandas que existen en su contra. Tema al cual nunca se le puso la atención necesaria, por lo que en la actualidad existen cerca de 260 mil procesos jurídicos con pretensiones que superan, según cálculos iniciales, los $100 billones. Lo más preocupante es que la mayor parte de estos procesos tienen una alta probabilidad de ser fallados en contra. Por este motivo, amparado en las facultades extraordinarias, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos busca tomar medidas de fondo y crear la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación.

Y es que los problemas a enfrentar en materia de demandas no son de poca monta. De acuerdo con el Sistema Único de Información Litigiosa —que ya funciona pero que será lanzado el próximo 1° de abril—, el laboral es uno de los temas más complicados: sólo el Instituto de Seguros Sociales (ISS) soporta 71.800 demandas, cuyas pretensiones superan los $1,5 billones, cifra que crecerá de manera exponencial a medida que se inicie el pago de la mesada pensional de los jubilados. Estos procesos, según John Camargo, director de Defensa Jurídica del Estado –dependencia adscrita al Ministerio del Interior y Justicia–, en su mayoría no se han pagado por “negligencia”.

Pero este no es el único asunto que genera preocupación. En voz baja, en el Gobierno reconocen que la agresiva estrategia militar que ha primado en los últimos años ha traído un importante número de litigios. Sólo el Ministerio de Defensa Nacional tiene más de 7.000 demandas, con pretensiones que superan los $3,7 billones, de los cuales, cerca del 90% son reclamaciones de reparación directa —es decir, cuando un ciudadano considera que fue afectado por acción u omisión del Estado—. Entre las motivaciones de estas demandas están las acciones ofensivas en las que se vieron afectados civiles, los falsos positivos y los errores en la prestación del servicio, que incluyen los procesos de indemnización iniciados por los exsecuestrados.

Otras dos entidades que generan preocupación para el Gobierno, en especial porque no forman parte de la Rama Ejecutiva, son la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, donde los presuntos errores de sus funcionarios podrían generar un desangre en el patrimonio de la nación. En ellas, bajo el rótulo de “solicitudes administrativas de reparación directa” hay demandas por montos de $783 mil millones, en el caso de la Fiscalía, y más de $5 billones en la Judicatura. En su mayoría, a la Fiscalía se le pide responder por privación indebida de la libertad y al Consejo Superior de la Judicatura por fallos de los jueces que podrían estar por fuera del derecho.

Ante este panorama, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, ha insistido en la necesidad de fortalecer la defensa jurídica del Estado con más y mejores profesionales para tener la capacidad de salvaguardar los intereses de la nación. Y no es para menos, de acuerdo con el Litigob, la carencia en ese sentido es evidente: en pleitos contra el ISS, una sola abogada, la señora Sandra Mónica Londoño, tiene que realizar la defensa en 3.754 casos. En procesos contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la señora Diana Patricia Yepes realiza la defensa jurídica en 1.928. De igual forma sucede con María Alejandra Guerrero, quien tiene la responsabilidad sobre 1.230 procesos en esa misma institución.

“Es imposible que una sola persona pueda responder por todos esos litigios, ni multiplicándose por veinte. Es realmente una necesidad contar con una verdadera entidad con capacidad de defender la nación, y en los casos donde sea necesario, como demandas ante tribunales internacionales y procesos que puedan implicar montos millonarios, tercerizarlos en pooles de abogados, con el fin de obtener mejores resultados”, afirmó Camargo.

La idea es contar con una entidad con dientes suficientes, pues se han identificado auténticos carteles de abogados que se dedican a presentar millonarias demandas contra el Estado. Al respecto, el auditor general, Iván Darío Gómez Lee, puso el dedo en la llaga al señalar que hay firmas de ingeniería donde no trabajan ingenieros sino abogados dedicados a presentar propuestas del más bajo costo en las licitaciones, para luego hacer una reclamación económica y lograr una jugosa conciliación: “Si no la logran, acuden a los tribunales de arbitramento, donde entran a jugar con árbitros proclives a su reclamo. Saben que el aparato judicial es más difícil de utilizar y que la conciliación administrativa y el arbitramento es el mecanismo ideal para lograr cuantiosas indemnizaciones”.

Esta teoría es apoyada por Vargas Lleras, quien ha señalado que “demandar al Estado se ha convertido en un gran negocio para los ‘vivos’, lo que ha generado una vena rota en los recursos del erario público. Eso ratifica la necesidad de crear la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación”. Por cierto, en esa labor, el Ministerio del Interior y de Justicia está siendo asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, con los que se están analizando casos exitosos como los de Chile, Alemania y España.

Para el exprocurador Jaime Bernal, el caos actual obedece a dos factores: “En Colombia se está abusando del derecho y por cualquier motivo, aunque no tenga consistencia, se está demandando al Estado. En segundo lugar, siempre ha existido un descuido por parte de quienes representan entidades estatales y por eso los asuntos que deberían solucionarse de forma ordinaria, se resuelven más en los tribunales, en especial por negligencia de los abogados que representan esas instituciones”. Lo cierto es que al gobierno Santos le espera una ardua batalla jurídica en muchos frentes.

La verdadera magnitud del problema

Alta probabilidad de perder

De acuerdo con la información que manejan el Ministerio del Interior y Justicia, la Contraloría General de la República y la Contaduría, las pretensiones de las demandas contra la nación superan los 130 billones de pesos, lo que equivale a cerca del 30% del Producto Interno Bruto. Lo más preocupante es, que de acuerdo con los primeros análisis, más del 70% de los litigios tienen alto riesgo de ser fallados contra el Estado.

Facultades extraordinarias

En el marco de las facultades extraordinarias para reformar al Estado, la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación será una de las entidades que harán contrataciones de personal, pues será indispensable un grupo de abogados de la más alta categoría que se encargue de la defensa de los casos más representativos. Se acudirá, además, a tribunales de arbitramento, pues actualmente sólo el 1% de estos casos se concilian.

Conciliación con soldados y policías

Los ministerios de Defensa y Hacienda serían los encargados de conciliar las más de 180 mil demandas que contra el Estado han interpuesto los policías y soldados heridos en combate, según una propuesta que fue incluida en la ponencia del Plan de Desarrollo. Según el autor de la idea, senador Juan Lozano, se busca que el Estado no se desangre por las demandas que muchas veces pueden ser conciliadas antes de llegar a los estrados judiciales. “El Gobierno no quiere poner una partida presupuestal destinada a las demandas, por eso pretendemos que sean estos ministerios los que hagan las conciliaciones”, expresó Lozano, quien anotó que ante los estrados judiciales hay más de 180 mil querellas contra el Estado por parte de los uniformados que buscan un reconocimiento.

La misión de Litigob

Ante el desorden que tenía el Estado en cuanto al manejo de los procesos en su contra, el Ministerio del Interior y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, se dio a la tarea de organizar esta información. Para este fin se creó el Sistema Único de Información Litigiosa (Litigob), que será lanzado el 1° de abril.

La finalidad de Litigob es la generación de informes periódicos claros de los procesos activos contra el Estado, los valores de las pretensiones de estos litigios, el historial de los procesos judiciales para acudir con facilidad a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, identificar las tipologías procesales, estadísticas de éxito en los litigios y reportes de casos que superen los 2 mil salarios mínimos.

“No toda demanda prospera”: Fajardo

Si bien calificó como positivo el que el Gobierno adopte medidas para asegurar y mejorar la defensa de sus intereses en los procesos judiciales, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, expresó sus reservas sobre las cifras que maneja el Gobierno en cuanto al monto de las demandas que existen actualmente contra del Estado, que se dice podrían ascender a más de $100 billones. Si bien dijo no tener elementos suficientes para negar o aceptar dicha cuantía, advirtió que una cosa son las pretensiones y otra los fallos que al final salen a favor de los demandantes.

En este sentido, Fajardo reveló que en un ejercicio hecho en la Sesión Tercera del Consejo de Estado se tomó el periodo de un año, se sumaron las pretensiones de todas las demandas que se habían fallado y se miró cuánto se había condenado efectivamente. El resultado fue que, porcentualmente, la prosperidad de pretensiones era entre un 20 y un 25%: “Eso permite concluir que no toda demanda contra el Estado prospera y que aquello que se dice de que éste no sabe defenderse no es tan cierto”.

Sin embargo, el magistrado llamó la atención por lo que considera un cuestionamiento a los jueces cuando se afirma que contra el Estado todo el mundo demanda: “De alguna manera se está cuestionando la labor del juez, como si fuera un autómata que recibe la demanda y dice: listo, pasen por su cheque. Y no es así, para que un juez de lo contencioso administrativo profiera una condena es porque encuentra que están probados los hechos sobre los cuales se sustenta la demanda”.

En cuanto a las versiones que hablan de la existencia de ‘carteles’ de abogados dedicados a demandar al Estado, manifestó que si eso fuera así, habría que entrar a mirar qué tan lícita es o no esa actuación: “Hay que preguntarse si esas demandas que presentan son serias y en asuntos válidos y lícitos. Si es así, sería la dedicación profesional de ellos. Pero si esos abogados se mueven alrededor de causas que no son reales, se inventan o fabrican los casos, o adelantan sus actuaciones en connivencia con funcionarios de las entidades demandadas o con otra clase de autoridades, eso sí es censurable y tendría que investigarse y sancionarse”.