Derechos que no se han cumplido

En el momento en que Colombia se preparaba para cambiar la Constitución Política, se cumplía también el Quinto Centenario del inicio de la invasión europea a nuestros territorios y a nuestras vidas, con la que comenzó todo el proceso de violación de nuestros Pueblos y sus derechos. Y aunque llevamos más de 500 años poniendo muertos por defender nuestros derechos, o simplemente por existir, creemos firmemente en la necesidad de buscar formas de compartir nuestras vidas en paz, y tenemos la esperanza de que las reivindicaciones de los indígenas y otros sectores de la población puedan ser logradas por las vías del diálogo y del consenso.

Por ello participamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque al igual que los demás que apoyaron esa iniciativa, los indígenas creíamos que valía la pena respaldar esfuerzos que buscaran ampliar el estrecho camino de la homogeneidad, para dar cabida a gentes distintas que piensan distinto, pero que son parte de nuestra diversa riqueza, para que así, dándoles participación, se abriera la puerta a una patria más tolerante de las diferencias que hacen rico a éste nuestro violento país.

Y estuvimos allí y le mostramos a los colombianos que también existimos, que somos más de 100 pueblos de gran diversidad, que hablamos más de 65 lenguas diferentes al castellano, y tenemos una historia y unas tradiciones, una cultura, unos sueños que no siempre coinciden con los del resto del pueblo colombiano, pero que ello en vez de empobrecer, enriquece. Nos enriquece a todos porque nos ofrece otros mundos de gran fuerza y belleza.

A la Constituyente llegamos después de un largo proceso de lucha, en el que debimos enfrentar tanto al Estado como a los sectores de derecha e izquierda del país, que se negaban a reconocer nuestra existencia y los derechos milenarios que tenemos, que en mi pueblo misak o guambiano se conocen como Derecho Mayor. De ahí que sea importante aclarar que nuestros logros en la Constituyente no fueron un regalo del Gobierno; allí sólo recogimos lo que veníamos sembrando a costa de gran dolor, lágrimas, cárcel y la muerte de muchos de nuestros mejores dirigentes. Contamos sí con un sinnúmero de personas no-indígenas de todo Colombia, sin cuyo apoyo nunca habríamos podido tener acceso a ese espacio. Pero nada fue gratuito.

Nuestra presencia en la Asamblea Nacional Constituyente, considero yo, partió la historia del país en dos, ya que fue entonces cuando los colombianos despertaron a la verdadera Colombia, a esa Colombia diversa en tantas formas. Como todo para nosotros, el proceso fue difícil. Muchos miraban la problemática indígena como algo exótico, folclórico; nunca la habían visto en su dimensión política, económica, cultural. Pero lentamente logramos que los delegatarios nos fueran comprendiendo y el resultado final fue, pienso yo, positivo.

Los indígenas pensamos que la diversidad fortalece, pero para que lo haga es necesario buscar caminos de convivencia en los que se acepte que no todos tenemos que pensar igual y querer lo mismo, que todos tenemos derecho a que se nos reconozca en la diferencia, a que se nos respete como somos, y se nos permita actuar en consecuencia. Y esta idea fue la que, en principio, se logró avanzar durante los 150 días de la Asamblea Nacional Constituyente. Es así como la Constitución Nacional, madre de todas las leyes, finalmente y por primera vez en la historia del país reconoce nuestros derechos al declarar a Colombia como una nación diversa, multiétnica, pluricultural.

Hasta entonces fuimos clasificados como menores de edad, dementes, salvajes, sin derechos, y susceptibles de ser casti¬ga¬dos por no profesar el cristianismo. Y es por ese reconocimiento plasmado en la Constitución que finalmente se hizo posible despejar este panorama oscuro que nos cubrió por tantos años. Por inconstitucional, en abril de 1996, la Corte Constitu¬cional levantó tal exabrupto jurídico, ese irrespeto total por la dignidad del ser indígena, al dejar sin vigor dicha legislación.

Y aunque después de quitarnos el calificativo de salvajes seguimos siendo los mismos y continuamos sintiéndonos igual que cuando así éramos considerados, jurídicamente se ha dado un paso importante en el reconocimiento de la igualdad en la diferencia.

La Constitución reconoce el derecho milenario de los pueblos indígenas, no a cualquier tierra, sino a unos territorios que hemos ocupado por siglos, donde hemos vivido y seguimos viviendo, gozando o sufriendo, donde producimos la papa, el maíz, la yuca, donde cazamos y pescamos, siempre con permiso de los dueños de la naturaleza que son nuestros propios dioses, donde aprendemos a ser koguis, tules, emberas, awas, kamëntsas, sikuanis, u’was, nasas o misak, donde nos reproducimos como tales, en los que están los huesos de nuestros antepasados, donde se encuentran nuestros sitios sagrados.

Nos reconoce también el derecho a fortalecer y desarrollar nuestra propia identidad, a que se nos respeten nuestras lenguas, nuestras formas de pensar y de hacer las cosas en lo social, cultural, religioso, político, económico, a que se nos respete nuestra manera particular de concebir la justicia, el territorio y la naturaleza, y a trasmitir esta visión de las cosas a nuestros hijos, en fin, a decidir nuestros propios asuntos de acuerdo a nuestra propia cultura.

Se nos reconoce, en particular, el derecho a gozar de autonomía para gobernarnos con nuestras propias autoridades, quienes han de relacionarse en términos de igualdad con las demás autoridades del país. Lo cual no significa que los indígenas buscáramos aislarnos o formar pequeños estados dentro del Estado. Por el contrario, para nosotros el ordenamiento territorial que manda la Constitución y que es requisito fundamental para poder hacer efectivos todos estos derechos reconocidos, significa la posibilidad de relacionarnos en mejores condiciones con el resto de la sociedad nacional, buscando caminos de convivencia interétnica, y una forma para que el Estado pueda cumplir sus funciones más eficientemente, respetando las diferencias culturales y la autonomía. No ha sido nunca nuestro interés vulnerar la unidad política del Estado, sino propiciar una cohesión más real, sobre la base de una participación real en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan nuestras vidas, del respeto y de la autonomía.

El territorio es, en ese contexto, la base para que el desarrollo de nuestra propia identidad pueda darse. Para nosotros éste es un todo simbólico y natural y es sobre él y no sobre cualquier otra tierra que queremos desarrollar las entidades territoriales indígenas, derecho que también quedó consignado en la Constitución.

Pero estos reconocimientos constitucionales no han recibido la aceptación de los gobiernos y legisladores de turno. Lo cierto es que ahora no estamos mejor que hace 20 años, pues poco a poco se ha ido legislando, reglamentando y decidiendo sobre aspectos como la educación, los asuntos agrarios, los municipios, los recursos naturales, el desarrollo económico, etc., desconociendo nuestros derechos, e incluso retrocediendo sobre cosas ya logradas antes de la Constituyente.

Lo más importante, que fue el reconocimiento de nuestros territorios, no hemos logrado desarrollarlo porque no ha habido voluntad política, ni del gobierno ni de los legisladores. Por eso, aún no se ha adelantado una tarea que la Constitución manda: que hay que ordenar de nuevo el territorio colombiano, entre éste los territorios indígenas. Pero ahí están los artículos; sigue estando vigente este reconocimiento.

Ahora hay otros problemas. A los 20 años de la Constituyente sigo pensando en los indígenas y sus territorios, y en las graves consecuencias que se ven venir en el futuro inmediato. Con la llamada ‘globalización’, los bosques, las minas, los hidrocarburos, últimamente hasta los recursos hídricos y todos los demás elementos que hacen parte de nuestra Madre Tierra, los cuales han dado en llamar “diversidad biológica”, están en la mira de gobiernos y trasnacionales para su saqueo. Y toda esta riqueza concentrada en ella, que constituye la esencia, la sabiduría, el poder del mundo espiritual y la vida misma está en gran parte, afortunada o infortunadamente, en los territorios indígenas, porque somos los Pueblos Indígenas, nuestros antepasados, nosotros, quienes la hemos guardado y protegido desde hace miles de años.

El actual gobierno no es, a mi parecer, diferente. Mientras el Presidente Santos se nos presenta patipela’o, recibiendo aseguranzas de los mamas en la Sierra Nevada, respetuoso de nuestro pensamiento y relación con la Madre Tierra, hablando de la necesidad de proteger la naturaleza, impulsa a la vez una de las políticas más destructivas de ella, su “locomotora minera”, y radica en el Congreso Proyectos de Ley en los que se ‘olvida’ el pequeño detalle de la Consulta Previa con nuestros Pueblos, ordenada por la Constitución y por normas internacionales.

Pero el resultado más grave de toda esta política estatal, que no cambia a través de los años a pesar de la Carta Política de 1991, es la inseguridad de la vida, la destrucción física de nuestra gente y de muchos otros, que continúa y tal vez ha empeorado, con masacres que siguen quedando en la impunidad, bombardeos, desplazamientos forzados por sectores armados ilegales y legales. Hoy hay en Colombia 35 de nuestros Pueblos, con una tradición de miles de años, que se encuentran al borde de la desaparición, que sólo quedarán como recuerdo histórico, tal como sucedió hace 500 años, cuando los conquistadores de entonces hicieron desaparecer de la faz de este globo terráqueo a cientos de sociedades que les estorbaban para sus planes de saqueo y colonización. Espero que la sociedad colombiana no esté dispuesta a permitir que esto suceda.

El riesgo para  las tierras ancestrales de los indígenas

A los 20 años de la Constituyente sigo pensando en los indígenas y sus territorios, y en las graves consecuencias que se ven venir en el futuro inmediato. Con la llamada “globalización”, los bosques, las minas, los hidrocarburos, últimamente hasta los recursos hídricos y todos los elementos de nuestra Madre Tierra, están en la mira de gobiernos y transnacionales. Y toda esta riqueza concentrada en ella, que constituye la esencia, la sabiduría, el poder del mundo espiritual y la vida misma está en gran parte, afortunada o infortunadamente, en los territorios indígenas, porque somos  nosotros, quienes la hemos guardado y protegido desde hace miles de años.

El actual gobierno no es, a mi parecer, diferente. Mientras el presidente Santos se nos presenta patipela’o, recibiendo aseguranzas de los mamas en la Sierra Nevada, respetuoso de nuestro pensamiento y relación con la Madre Tierra, hablando de la necesidad de proteger la naturaleza, impulsa a la vez una de las políticas más destructivas de ella, su “locomotora minera”, y radica en el Congreso proyectos de ley en los que se “olvida” el pequeño detalle de la Consulta Previa con nuestros pueblos, ordenada por la Constitución y por normas internacionales.