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Cuatro meses y 14 días restan para que culmine el mandato del presidente Gustavo Petro, a quien desde las regiones volvieron a solicitar el cumplimiento de compromisos adquiridos con alcaldías y gobernaciones a lo largo de su administración. Los más de 1.100 mandatarios regionales extendieron sus peticiones a las 14 candidaturas presidenciales que se medirán en las urnas por poseer la banda presidencial a partir del 7 de agosto e hicieron un nuevo llamado a la descentralización de los recursos.
Seguridad y salud son los dos ejes principales que desde las regiones alertan por un robustecimiento urgente, acompañado de nuevas transferencias fiscales que permitan continuar con la implementación de proyectos. Es más, los alcaldes y gobernadores presionaron para que desde la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda se cumplan con pagos adeudados desde el año pasado y que aún no han sido consignados con corte a marzo de este año. Esa deuda, según el propio Gobierno, ascendería a COP 150.000 millones.
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En medio del más reciente Congreso Nacional de los Municipios, en el que participaron delegaciones de todo el territorio nacional, la solicitud fue directa: “Necesitamos más recursos”. Allí, aunque el espacio estaba preparado para la participación del presidente Petro, su agenda fue un impedimento para su asistencia. En su representación estuvo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien atendió los llamados que, aseguró, serán trasladados al mandatario nacional.
Estas reclamaciones están condicionadas, solo en estos tres meses, por dos hechos contundentes. El primero es el ya evidente déficit fiscal –que llegó a 6,4 % del PIB– y un presupuesto desfinanciado que obligó al gobierno central a buscar un salvavidas a través de una emergencia económica. Esa figura adoptada a finales del año pasado fue suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional y contenía, entre otros, un aumento al impuesto al consumo de licores y tabaco, así como un IVA del 19 % a bebidas alcohólicas, salvo la cerveza.
Con esos impuestos, los mandatarios regionales argumentaron que se tocaban las rentas regionales, hecho que desató una nueva disputa entre el presidente Petro y los gobernadores. Y aunque la suspensión de ese decreto de emergencia económica impidió la aplicación de esos dos puntos, semanas después con motivo del frente frío que azotó a Córdoba y otras regiones de la Costa Caribe, el gobierno anunció una nueva emergencia económica que les ha permitido aumentar el recaudo de impuestos para apalancar el presupuesto.
El segundo punto que ha motivado esta necesidad de recursos es que, como ya lo anunció el Ministerio de Hacienda, durante 2025 se redujeron en un 20 % los ingresos al Sistema General de Regalías (SGR). En consecuencia, fueron menos los traslados de recursos a través de este rubro para las regiones y por los que para este 2026 claman por más dinero.
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¿Qué ha respondido el Gobierno? En primera instancia, el ministro Benedetti les aseguró a los mandatarios que la raíz de estos problemas radica “en el Ministerio de Hacienda”. “Les prometo, otra vez, que antes de dos meses (mayo), eso tiene que estar superado porque dentro del presupuesto nacional no es mucha plata según las proyecciones que hicimos”, agregó. Si bien el jefe de la cartera política no esquivó las responsabilidades, esta respuesta no fue convincente para los mandatarios locales, quienes tildaron de “mentirosos” a Benedetti y al resto de la delegación del Ejecutivo.
Para aliviar las tensiones, el ministro agregó: “Los de Hacienda le maman gallo hasta a la gente del gobierno. Esos tipos son neoliberales y de la derecha”.
Y en la cartera que dirige Germán Ávila, una de las salidas que se encontró fue la expedición del decreto 0288 del 19 de marzo de 2026 que, a raíz de la falta de recursos a través del SGR, traslada hasta COP 2,8 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización para los departamentos y municipios. En ese dinero tienen participación las 1.136 oficinas regionales, incluyendo Bogotá.
No obstante, esa destinación no es suficiente, según han señalado varios mandatarios. Proyectos de infraestructura que dependen del giro desde el Gobierno Nacional corren el riesgo de no continuar su ejecución y/o no iniciarla. Pero el caso más crítico reposa en el sistema de salud.
A través de un comunicado, los 32 gobernadores expresaron su preocupación por el colapso por el que atraviesa este sistema. “La instrucción presidencial del 16 de marzo de 2026 —que ordenó a los Ministerios de Salud y Hacienda proceder con la liquidación de todas las EPS en quiebra— carece de un plan de transición territorial que permita proteger los hospitales públicos, la prestación del servicio para los habitantes y desampara totalmente la población afiliada a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB”, señalaron.
Esta organización alertó que “los datos del Sistema de Información Hospitalario (SIHO) del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2025, revelan la magnitud del riesgo: las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones solo a los hospitales públicos del país. La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación registradas en el SIHO, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable”. Es allí donde claman un correcto proceder, además, del gobierno nacional, del Congreso y de las 14 fórmulas que hoy buscan la Presidencia.
Peticiones a los presidenciables
Los llamados de los mandatarios regionales también coinciden con los últimos tres meses de trabajo del actual Congreso y que tendrá que decidir sobre el proyecto de la ley de competencias que llegó a los pasillos del Capitolio apenas en diciembre. Esa iniciativa precisamente regula las competencias que asumen tanto el gobierno central como las alcaldías y los municipios y permitiría que el traslado de los ingresos de la nación ascienda al 39,5 % de forma transicional a partir de 2027 y durante los próximos 12 años.
Eso sí, el proyecto ya tiene reparos. Mandatarios regionales ya acusan que el texto llevado al Congreso por el ministro Benedetti no atendió los llamados realizados por estas autoridades e incrementó las responsabilidades sin encontrar un equivalente en la destinación de recursos. Así también lo han detallado congresistas como Hernán Cadavid (Centro Democrático) o Carlos Adolfo Ardila (Liberal), quienes alertaron por una descompensación que no cumpliría con el objetivo estipulado en la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) que solo espera por este proyecto de ley para su implementación.
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“Necesitamos un Congreso responsable normativamente y que legisle, no bajo la base popular y electoral, sino la base claramente del desarrollo y progreso de los territorios. No podemos seguir aprobando leyes que le entregan competencias y responsabilidades a los municipios sin tener claro su impacto fiscal en los territorios”, dijo Víctor Julián Sánchez Acosta, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Nacional de Municipios.
El mandatario agregó que “cada ley debe tener una concurrencia del Gobierno Nacional para garantizar que situaciones como la alimentación de personas privadas de la libertad o la alimentación escolar no se conviertan en una carga regional”.
Y en referente a los candidatos presidenciales, la invitación se sustenta en acelerar los procesos de descentralización, así como la articulación de programas de gobierno en compañía de las regiones. Es más, dentro de la solicitud de alcaldes y gobernadores estuvo la propuesta de que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño sea articulada con la participación de estos mandatarios.
Mientras que llegan esos comicios, que se votarán el 31 de mayo en su primera vuelta –y 21 de junio en caso de haber segunda vuelta–, y atravesando el ecuador de las administraciones en alcaldías y gobernaciones, la responsabilidad recaerá en manos del presidente Petro. Si bien mantiene un constante acercamiento con las regiones, en muchas de estas no se han materializado las promesas de campaña o programas de gobierno y, en cambio, sus discursos se han centrado en promover la reelección de su proyecto político.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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