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El Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha dejado de ser el único grupo armado con estatus político a los ojos del Estado. La Fiscalía decidió acceder a las peticiones del presidente Gustavo Petro y levantar las órdenes de captura de 19 integrantes del Estado Mayor Central de las Farc-Ep, disidencia que liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y que nunca negoció una salida al conflicto durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La decisión destraba una discusión entre el Ejecutivo y el ente investigador para iniciar con acercamientos que puedan resultar en la salida del conflicto con este grupo armado. Pero, ¿qué implica que se reconozca a otro grupo como actor político en la iniciativa de “paz total”?
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Aunque el fiscal general, Francisco Barbosa, dejó la puerta abierta para que otras disidencias tengan estatus político, es decir, que se reconozca que su fin último es tener poder político y no el narcotráfico o el terrorismo, por ahora el grupo de Iván Mordisco es la única disidencia que ha tenido acercamientos formales. Sin embargo, todo apunta a que una eventual negociación no será igual que con el Eln a pesar de que los dos sean actores políticos. Además, la decisión de la Fiscalía llega unos cuantos días antes de que se radique en el Congreso el proyecto de ley que busca que los distintos actores armados del país (que no sean políticos), dejen las armas.
¿Por qué las disidencias son consideradas un actor político?
Para Mauricio Pava, asesor legal de la presidencia del Congreso, conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y uno de los asesores del Gobierno para crear el proyecto de ley, es claro que “las disidencias constituyen un grupo armado que tiene una base de conflictividad social de igual talante que las Farc, quienes suscribieron el acuerdo de la Habana”. Para el abogado, lo que había trabado el acercamiento entre estos grupos y el gobierno Petro fue “una discusión sobre la temporalidad y los incumplimientos del acuerdo de paz anterior. Creo que el incumplimiento ha sido mutuo, de ahí que se pueda adelantar un proceso de paz 2.0″.
Según el asesor de la presidencia del Congreso, hasta ahora “en general, solo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha cumplido con su deber hacia el país, derivado del mandato entregado por el acuerdo de la Habana, mientras que el Estado colombiano aún tiene una enorme deuda en lo que respecta al poder ejecutivo, la Fiscalía e incluso la JEP”. Por eso, dice Pava, se hace notorio que “ha habido incumplimientos que podrían constatarse con solo examinar los puntos y compromisos del acuerdo de paz”.
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Por su parte, el senador del Pacto Histórico y negociador del Gobierno con el Eln, Iván Cepeda, considera importante señalar que “las disidencias con las que ahora se anuncia una mesa son las que nunca entraron al proceso. Puede ser que allí haya en esos grupos individuos que estuvieron en el proceso y se salieron, pero en general esas disidencias que estaban bajo el mando primero de Gentil Duarte y posteriormente de Iván Mordisco ahora nunca estuvieron en el proceso”. Agrega que en el caso de las otras disidencias, “la de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez y los otros, que yo creo que sí tuvieron intereses políticos, o mejor, su rearme tuvo que ver con eso, cobra una connotación más clara y radical”.
Cepeda también resalta que lo lógico es que se les hubiera dado el estatus político desde hace rato, pues “hacían y hacen presencia en lugares de histórica influencia de las Farc. Están en sitios en los que se desarrolló el conflicto armado, en sus orígenes incluso, entonces, ahí hay una razón muy clara para ser considerados una organización rebelde, es decir, una organización política”. Igual, se refiere a la Segunda Marquetalia y plantea que “sus líderes, yo creo que muchos de esos integrantes, si no la totalidad, pues tienen unas convicciones políticas y su rearme ha tenido que ver precisamente con esas circunstancias”.
En caso de negociar, ¿será igual que con el Eln?
Ahora, con la luz verde que da la Fiscalía, dice Pava, “el presidente Petro tiene la responsabilidad de buscar la paz como derecho constitucional de los colombianos y está actuando en consecuencia”. Aún así, resalta que “lo importante es que el marco jurídico acordado cumpla con los estándares constitucionales e internacionales, que se respete la independencia de los poderes y se emprenda un proceso ordenado y sin improvisaciones. Ojalá se cuente con la experiencia de personas que se hayan comprometido genuinamente con la paz en el pasado”.
También, dice el asesor legal de la Presidencia del Congreso que en el caso de las disidencias de las Farc, ya se tiene un bagaje, por lo que lo mejor sería “partir de las bases sentadas por el gobierno Santos y no ceder a las tentaciones ‘adanistas’, rectificar e incluso volver al punto de partida, ya que el proceso de paz perdió su rumbo el 7 de agosto de 2018″.
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Por su parte, Cepeda opina que “son procesos distintos, que van a tener, digamos, unos modelos y unas formas diferentes. Cada uno de esos procesos va a tener un perfil claramente distinto”. Sin embargo, admite que “es posible que haya algunos temas en común, como por ejemplo el alto al fuego, el asunto de resolver la entrega de las armas o la dejación de las armas, el asunto de las víctimas. Eso puede ser que sean temas comunes, pero sin lugar a dudas son procesos que tienen historias, contextos políticos y geográficos distintos”.
¿Cómo juega acá la ley de sometimiento a la justicia?
El senador de la Alianza Verde y quien será ponente del proyecto de ley de sometimiento, Ariel Ávila, dijo que las disidencias quedarán excluidas del sometimiento y tendrán que negociar con el Gobierno, pero que aparte de ellas y del Eln, no hay otro grupo con estatus político y que allí es donde más pesará el proyecto. También se refirió que aunque “existen otros actores armados de gran relevancia en el país, como el Clan del golfo, la Oficina de Envigado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Bloque Virgilio Peralta, los Caparrapos o Los Pelusos”, ninguno de estos tiene fundamento para aspirar a estatus político.
“Los demás es un lúmpel criminal muy difícil, entonces tampoco es que haya mucho ánimo por parte de nosotros los ponentes o del gobierno, negociar con gente que va a ser difícil, por eso es que se presentará el proyecto para que se sometan”. Sobre esto, también habló el seandor Cepeda, quien fue enfátizó que “las reglas del juego están claras. El Gobierno ha establecido una diferenciación que es absolutamente taxativa y tajante entre los grupos de origen político y que tienen el carácter de rebeldes y los grupos que están ligados a las economías ilícitas de alto impacto, como es el narcotráfico y la minería ilegal”.
El congresista y negociador del Gobierno también expresa que es muy claro que “en un caso es la negociación política, en el otro es la el tratamiento socio jurídico de lo que se ha llamado el acogimiento a la justicia. Y para que eso quede todavía más claro, en los próximos días el gobierno le va a presentar al Congreso de la República un proyecto de ley sobre ese tema, que es el que se ha anunciado desde hace ya un tiempo”. El legislador añade que en la “ley 2272 (ley de ‘paz total’) está claramente establecido, pero yo creo que va a reforzarse esa distinción en la ley de sometimiento”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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