Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Al considerar la ley de “inconstitucional”, la Presidencia objetó una iniciativa que había sido aprobada por el Congreso y que buscaba exonerar del pago de los impuestos a los propietarios de los vehículos robados.
Dentro de sus argumentos, el Gobierno sustentó su decisión señalando que la Constitución Política establece que “la ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales”.
La objeción señala que el proyecto de ley aprobado pretende conceder ciertas exenciones a los propietarios o poseedores de vehículos automotores hurtados, sobre las multas, intereses y otros cargos de impuestos, lo cual no se puede pues los vehículos, de conformidad con la ley, son propiedad de las entidades territoriales.
En ese sentido, la autora del proyecto, la representante a la Cámara, Gloria Stela Díaz, dijo que no está de acuerdo con la objeción de la ley y por eso buscará que el Congreso no acoja las exigencias del Gobierno.
“Estamos preparando el informe de conciliación para que se niegue por parte del Congreso estas objeciones y el proyecto pueda seguir delante de forma tal que sea la Corte Constitucional quien dirima si es viable o no darle este beneficio a quienes además de haber sufrido y ser víctimas del hurto de su vehículos, tienen que pagar deudas que generan los mismos por no cancelar la matrícula”, señaló a RCN La Radio.
Según ella, al momento de ser víctimas del robo de su vehículo deben proceder inmediatamente con la cancelación de la matrícula, cuyo trámite desconocen los ciudadanos.
La ley también buscaba exonerar de este trámite al ciudadano para que tan solo con el denuncio, se evitara el pago de los impuestos de los vehículos hurtados.
Conoce más