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Desde el inicio de la administración Duque, la relación con los estudiantes ha estado definida por un constante tira y afloje alrededor del problema del financiamiento de la universidad pública, los efectos colaterales del programa Ser Pilo Paga y la situación de endeudamiento —principalmente con el Icetex— de muchos jóvenes de la universidad privada.
Una porción de los recursos dedicados al financiamiento de la educación pública terminó en arcas de las universidades privadas, al ser transferidos para apoyar Ser Pilo Paga. Mientras tanto, las instituciones públicas continúan en una situación financiera difícil: en octubre de 2018 el déficit acumulado bordeaba los $15 billones en infraestructura y $3,2 billones en gastos de funcionamiento.
El mismo programa Ser Pilo Paga trajo enormes beneficios para muchos estudiantes, pero también dejó a otros en una situación económica dura. La regla del juego inicial obligaba a los de mal desempeño académico a devolverle el dinero de la matrícula al Estado. En agosto de 2018, en esa situación se encontraban 1.246 jóvenes y su deuda en ese momento ascendía a $11.000 millones, cuyo pago terminaría por deteriorar aún más su situación económica.
Adicionalmente, la mitad de los jóvenes que no ingresan a universidades públicas deciden endeudarse con el Icetex: algo más de 630.000 estudiantes. En 2018 se reportaron 25.000 casos de deudores en situación de cobro jurídico y embargo. “Icetex te arruina” registró 1.500 casos de jóvenes judicializados y más de 60.000 morosos con deudas superiores a cinco años. El endeudamiento de los estudiantes había crecido con el tiempo y se había focalizado en un grupo particular: el de los jóvenes con menos recursos.
Con el ánimo de buscar soluciones a todos estos problemas, se convocó a una marcha en octubre de 2018. El recién estrenado presidente Duque tuvo que lidiar con un estudiantado envalentonado, gracias a la respuesta multitudinaria a la convocatoria.
El Gobierno insistió en el mantra aquel que recitaba que la educación nunca había tenido tanto presupuesto en la historia de este país (lo cual no es mito: entre 2010 y 2018, la inversión general para la educación pasó de $20,8 billones a $37,5 billones, y que por primera vez se habían destinado más recursos para la educación que para la defensa del país). El problema era que el Presupuesto Nacional asignado a la educación superior pasó de destinar a las universidades públicas un 55,7 % en 2002 a un 37 % en 2016Entonces sí había más plata, pero no necesariamente para la universidad pública.
Duque finalmente accedió a instalar una mesa de negociación con los estudiantes, que logró un acuerdo catalogado por muchos como “histórico”: se incrementaron las transferencias del Estado hacia las universidades públicas, se incrementó el presupuesto de la ciencia e investigación y el dedicado al mejoramiento de la planta física de las instituciones públicas. Pero el Gobierno incumplió; esto, más la crisis que desató el manejo corrupto de los recursos de la Universidad Distrital, serían los desencadenantes principales de las protestas de 2019.
El escándalo en la Distrital fue de grandes proporciones. El desvío de los recursos ocurrió entre 2012 y 2019, y al parecer fueron usados para adquirir vehículos para uso personal de un funcionario (entre ellos un Mercedes-Benz), servicios de televisión por cable, hospedajes en hoteles, pago de cuentas de restaurantes y ropa. Sus estudiantes protestaron frente a la sede de la rectoría, ubicada muy cerca de la Universidad Javeriana, cuyas instalaciones se vieron afectadas por la reacción del Esmad, lo que llevó a los alumnos de esta a sumarse a las manifestaciones organizadas por los de la Distrital. El episodio les demostró a los de la universidad privada que no eran inmunes a los atropellos de la fuerza pública y esto creó grandes lazos de solidaridad.
En octubre de 2019, los estudiantes decidieron llevar a cabo manifestaciones para obligar al Gobierno a cumplir con los acuerdos de 2018. Gracias al descontento generalizado con la gestión de Duque, el llamado de los estudiantes se sumó al de otras organizaciones sociales y sindicales y todo terminó en la convocatoria al histórico paro nacional del 21 de noviembre. En el contexto de una movilización masiva en otros lugares del mundo, el Gobierno se percibió desesperado, dejó oler el miedo a la protesta que se avecinaba y ese fue su peor error. Su debilidad lo hizo soberbio y su soberbia alimentó, como madera seca a las llamas, el deseo de la ciudadanía de salir a la calle.
Después de las multitudinarias manifestaciones se inició una conversación liderada por el Gobierno, frente a la cual primó el escepticismo. Estábamos en eso cuando llegó el coronavirus, nos tuvimos que encerrar, la posibilidad de manifestarse se esfumó, las prioridades para todos empezaron a ser otras y el Gobierno se atornilló, gracias al miedo masivo al contagio.
Pero hoy los estudiantes vuelven a la lucha para recordarle que, a pesar de la pandemia, tiene la obligación de garantizarles el derecho a la educación a los colombianos y por ello debe cumplir con el compromiso de financiar el funcionamiento de la universidad pública, contribuir al logro de una matrícula cero para las instituciones públicas y diseñar un plan de auxilios efectivo para los estudiantes endeudados con el Icetex. Piden que cumpla sus promesas pasadas y que se reúna virtualmente en una mesa de negociación.
Ellos siguen en la lucha, siguen intentando salvaguardar el derecho a la educación, incluso en una coyuntura tan difícil como la actual, en donde, gracias a la pandemia y a la forma en la que el Gobierno ha decidido combatirla, estamos todos sentados viendo en vivo y en directo un recorte constante e incremental de nuestros derechos. Ellos aún no se dan por vencidos.
*Profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
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