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¿Está el Gobierno orientando eficientemente el gasto público para enfrentar la crisis destada por el nuevo coronavirus? Según el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, no lo está haciendo. Para el congresista es inadmisible encontrar que, en medio de la pandemia, la Policía Nacional tenga abierta una convocatoria para la contratación de municiones y equipo como cartuchos de gas de diferentes milímetros, esferas paint ball, y granadas multi-impacto, entre otros, para el control de masas y la protección del orden público. Para esta compra se destinarían 9.515.844.030 millones de pesos, equivalentes a más de dos millones de dólares.
(Para recordar: Los límites del Esmad en las protestas)
Arias denunció el proceso de contratación, que inició el pasado 20 de abril y que se cerraría el próximo 29 de mayo, según se constata en el SECOP II, la página de contratación del Estado. Para él, la compra de 10 tipos de municiones en diferentes cantidades no es una prioridad en esta coyuntura. De hecho, considera que este gasto va en contra de la implementación de una visión social en este momento: ese dinero se podría invertir en evitar el hambre de poblaciones vulnerables o en la adquisición de elementos de bioseguridad, o en el equipamento de hospitales enfocados en tratar la enfermedad COVID-19.
“Se espera que se pueda reorientar el gasto en época de emergencia y en función de paleativos de la pantemia en materia de salud, pero también de una intervención social. Pero pareciera ser que el Gobierno no está interesado en un verdadero plan social, sino en preparar una arremetida contra el pueblo una vez termine la pandemia”, dijo.
Y aunque la compra de estos implementos no es ilegal, el parlamentario opina que va en contravía de las necesidades actuales de los colombianos. “Usted no está comprando en estos momentos material para la salud, infraestructura, equipos y talento para la salud, ni tampoco para aguantar el hambre y el confinamiento, sino para proveer a un Esmad supremamente armado después de la pandemia. Eso es abosolutamente irracional e inaceptable”, añadió Arias.
Según el documento, el plazo de ejecución del contrato será de 150 días calendario, contados a partir de la aprobación del mismo. El objeto del proceso está bajo el nombre de “adquisición de municiones menos letales” y los elementos adquiridos deberán ser entregados en el Depósito Aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicado en Bogotá. Así mismo, en el proceso podrán participar personas “naturales o jurídicas, extranjeras con representación o sucursal en Colombia, en forma individual o consorcio o sociedad”, se lee en el primer párrafo del contrato.En plena pandemia, $9.500 millones de pesos se va a gastar el Gobierno comprando para el ESMAD, 81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas como con las que asesinaron a Dilan.
La contratación la iniciaron el pasado 20 de abril.
¡Que miserable decisión @IvanDuque! pic.twitter.com/I6bsl97Kiu — Wilson Arias Castillo (@wilsonariasc) May 6, 2020
De igual forma, el documento deja claro que la contratación cumple con la política de Defensa y Seguridad, definida por el Gobierno para el cuatrienio 2018-2022: “Se hace necesario adquirir las municiones menos letales con las cuales se pretende dotar al personal de la Unidad Nacional de Escuadrones Móviles Antidisturbios y las fuerzas disponibles de la Policía Metropolitanas y Departamentos de Policía”.
En las siguientes imágenes se identifica el tipo de munición solicitado, su cantidad, y el costo en dólares:
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