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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Imagine usted poder escuchar y recopilar 28.543 testimonios de personas que han sido tocadas por el conflicto armado colombiano. Sí, el que muchos vivimos en carne propia, el que nos contaron nuestros padres, el que le hemos contado a nuestros hijos. Imagine que en esos 28.543 testimonios hablan miembros de la Fuerza Pública, políticos, empresarios, pueblos indígenas, afros, campesinos, miembros de grupos armados ilegales, gente que dejó las armas y hoy buscan un camino no violento para desarrollarse en sociedad. Imagine que cada uno de esos relatos es una pieza de rompecabezas que nos ayudará a construir todo el mapa de nuestro país, ese mismo que necesita conocer la verdad de una violencia que ha dejado mucha tristeza y dolor. Imagine que más de 60 años de guerra -y que no se detiene-, contados de manera fragmentada, ahora se intentarán juntar en un solo documento. O más bien, varios documentos porque tanta barbarie no se redacta en una historia corta. Pues eso fue lo que comenzamos a ver esta semana, cuando conocimos la primera parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad y es la razón de este boletín: explicar lo que ya vimos y entregar todo el contexto necesario, previo, a la revelación de una histórica publicación que servirá, como han dicho quienes también llevan años documentando y analizando sobre los hechos violentos en Colombia, para ojalá trabajar en una reparación de las víctimas tomando como base esta construcción de memoria. No olviden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación porque allí se podrá entender cada detalle contado por nuestros colegas de las redacciones de Colombia+20, Política y Judicial de El Espectador. Comencemos:
“Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias o del género. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio y en el exilio; de oír a quienes luchan por mantener la memoria y resistir al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el ochenta por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por ciento de las muertes ha sido en combates”. Con estas palabras el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, sacerdote jesuita Francisco De Roux, presentó el informe final construido por el equipo que lidera y que era la noticia más esperada esta semana. El texto completo con sus palabras aparece aquí, pero en general fue un pedido de esos necesarios: “Llamamos a tomar conciencia de que nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos está atrapada en un “modo guerra” en el que no podemos concebir que los demás piensen distinto. Hasta hacerlos enemigos y posibilitar que algunos fueran convertidos en humo en las chimeneas del horno crematorio de Juan Frío; el que los soldados devinieran trofeos de caza para la guerrilla y encontráramos en bolsas de basura despojos de políticos abaleados; que nos acostumbráramos a las muertes suspendidas del secuestro y a recoger los cadáveres diarios de líderes incómodos”.
Este es el primer documento del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Son 896 páginas que pueden leer aquí.
Pero antes de seguir, vamos con un poco de contexto y así entender cómo llegamos a la entrega del informe. En este video explicamos cómo, tras la firma del Acuerdo de paz, se creó la comisión con el objetivo de investigar qué fue lo que pasó en más de cinco décadas de conflicto en Colombia, por medio del trabajo de once comisionados y sus respectivos equipos, para que luego el país pudiera tener acceso a todo ese documento. Un trabajo dividido en 10 capítulos: narrativa histórica, violaciones a los Derechos humanos y al Derechos Internacional Humanitario, Mujeres y población LGBTIQ+ (primera vez que sucede en el mundo), Niños, niñas y adolescentes; Exilio, Testimonial, Territorial (campesinado como víctima, actores armados ilegales, responsabilidad del Estado), Impactos, afrontamientos y resistencias (salud mental y física durante la guerra, impacto de la guerra en el medio ambiente) y Étnico. Se cerrará con el capítulo de Síntesis, hallazgos y recomendaciones que, aunque va de último en la lista, es el primero en publicarse con temas como narcotráfico, conflicto por la tierra y grupos armados que no firman la paz.
¿Quiénes son los comisionados? ¿Por qué fueron estas personas las designadas? ¿Qué papel han jugado en la sociedad colombiana? Pues aquí vamos con los perfiles de algunos de ellos, hay quienes han estudiado la relación entre la violencia y la salud, que han sido víctimas de las Farc, del Eln, de los paramilitares y hasta del Estado; también aquellas que dedicaron su vida a la dignidad de los afros y a las luchas feministas en Apartadó y Urabá, o por ejemplo a los precursores de metodologías para la reconstrucción de memoria y verdad:
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Así que, entre contexto y noticia, ¿qué dijo el informe? Algunas de las recomendaciones dicen que es necesario “crear un Ministerio de la Paz, regular los ascensos de militares, acabar con el prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico y concertar una política de memoria”, nos contaba la redacción de Colombia+20. “Según la Comisión, de las más de 10 mil propuestas que recibió la entidad en espacios de diálogos públicos y privados, la mayor parte de las demandas de las víctimas están enfocadas en la reparación integral, la transformación de los territorios, el acceso a tierras y la importancia de tener cambios en el régimen político del país”. Se habla de “eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar, de separar la Policía del Ministerio de Defensa y ubicarla en otra cartera para garantizar su carácter civil” y, también, de “reformar el sistema de ascensos de militares y policías para que quienes tengan denuncias creíbles en su contra por violación a los derechos humanos, tengan controles más rigurosos en el proceso”. Se habla sobre “la importancia de liderar una reforma integral al sistema de defensa, que incluya una transformación en la doctrina militar”, detallaban los periodistas de este equipo de El Espectador enfocado en temas de paz. El primer informe que hicimos tras conocer los primeros apartes de la Comisión, con el detalle de cada una de estas recomendaciones, está aquí.
Vamos haciendo este viaje por partes. ¿Por qué se habla de transformar la doctrina militar? Porque, dicen, se han cometido “infracciones al Derecho Internacional Humanitario” cuando su labor debe ser la de garantizar y respetar la dignidad humana y el principio de distinción. Recomienda que los procesos en la Procuraduría sean abiertos para que se pueda “garantizar la aplicación de la suspensión provisional de los funcionarios que estén investigados por ese tipo de delitos”. Y en ese camino de las propuestas de reformas, recomiendan que las actividades de inteligente y contrainteligencia de los organismos del Estado “cuenten con controles civiles e independientes del Gobierno y las Fuerzas Armadas a todas sus labores, particularmente, de las actividades más intrusivas como el derecho a la intimidad, los perfilamientos y el monitoreo al espectro electromagnético”. Hablan de eliminar la obligatoriedad del servicio militar con la idea de transitar hacia un servicio social en instituciones de carácter civil.
También se cita la necesidad de eliminar convenios entre Fuerzas Militares y empresas privadas con presencia en lo rural “sin perjuicio de la necesidad de atender la seguridad de los ciudadanos y comunidades en lo rural, así como la protección de las actividades empresariales”. No dejan de pedir el fortalecer las figuras de los inspectores de policías en el campo, además de las guardias comunitarias (indígena, cimarrona y campesina) en las actividades de cuidado de sus propias comunidades. La lista de argumentos en este apartado es larga y habla también de control y tenencia de armas, de la razón de la propuesta de sacar a la Policía del ministerio de Defensa y llevarla hacia uno de carácter civil y más temas importantes, todos ellos citados, contado y explicados en este texto.
La redacción Judicial nos explicó el por qué el modelo de seguridad en Colombia fracasó o, puesto en las palabras del informe: “Después de 60 años de guerra inútil, Colombia no puede seguir poniendo la seguridad en las armas”. Cuestiona las estrategias que el Estado usó para terminar el conflicto y reprocha las que se mantienen vigentes, incluso con lo pactado en La Habana. Hablaron de “militarización, poder sobre las armas a civiles, hacer de la Policía un cuerpo para atacar la violencia, apoyo de paramilitares, fomentar la doctrina militar con el enfoque del enemigo interno, entre otros”, fueron algunos de los puntos clave en lo que respecta a seguridad en el territorio nacional. El texto, con análisis y explicación detallada, está aquí.
Pero, ¿en qué momento llega la publicación de este informe? Nos decía Sebastián Forero Rueda, de forma muy concreta en la edición del pasado domingo, que sucede en uno muy distinto “al que le tocó sortear a la Comisión durante sus cuatro años de existencia. Por eso cabía la pregunta de ¿cómo posicionar ese informe cuando, precisamente, los ojos del país están en la transición? Ese es el reto”, escribía. Por eso, en medio de la reflexión que ha significado conocer el primer capítulo del informe, era preciso también recordar cómo comenzó todo: “La Comisión comenzó en un escenario de mucha controversia en torno al Acuerdo de Paz y a los mecanismos de justicia transicional, y hubo muchos intentos de acabarla, pero fracasaron. La justicia transicional se consolidó; la paz se impuso como una realidad”, le dijo a este medio Martha Ruiz, comisionada de la Verdad.
Estas son algunas cifras que nos deja el Informe Final con datos hasta el 13 de junio de 2022
“El valor de la Comisión de la Verdad, que llegó a donde otras instituciones del Estado no han podido entrar y que, al no ser judicial, obtuvo información sin el temor de la persecución jurídica, es que aportará visiones que no hemos visto antes. La historia de la violencia ya la conocemos, pero nunca habíamos tenido un esfuerzo tan ambicioso por narrar el sufrimiento nacional y los actores involucrados”: Editorial de El Espectador, junio 28 de 2022.
Se habla también de crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación. En línea no solo con el Acuerdo de Paz sino con la creación misma de esta Comisión, pues lo primero que se pide es cumplir con lo firmado en dicho acuerdo, luego con este ministerio detallan que debería tener “un claro enfoque territorial, que adicionalmente articule las políticas, programas y proyectos que se encuentran dispersos en diferentes sectores y entidades limitando su alcance e impacto y dificultando la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado y el restablecimiento de la confianza en la institucionalidad, ambas condiciones necesarias para potenciar los efectos de las medidas propuestas y hacer de la paz territorial un proceso sostenible”. Y hablan también de que debería tener un trabajo directo con el Ministerio de Educación, del Interior y el de las Tecnologías de la Información y Comunicación. La razón: que la que ha sido llamada una política pública de la paz tenga una estructura estatal robusta y sea el camino para encontrar un doliente encargado de cuidar el legado de la Comisión de la Verdad y difundir los hallazgos y recomendaciones, explican. Por allí también estaría la política de reintegración, el desescalamiento del conflicto armado, del desmantelamiento de grupos armados ilegales que nacieron cuando entraron en proceso de negociación los líderes del paramilitarismo. Todos los detalles están en este texto escrito por María de los Ángeles Reyes.
Ya les contamos los perfiles de los primeros cuatro integrantes del equipo de comisionados, aquí les recomendamos cuatro más: el del líder social que se destacó por su liderazgo junto a las víctimas de la masacre de Bojayá, Chocó; la mujer que estuvo al frente de un proceso de paz con 120 muchachos de las bandas de Medellín y trabajó en las desmovilizaciones de las milicias urbanas; la persona que ha trabajado por “el derecho a tener derechos” de las poblaciones étnicas y también aquella caleña, feminista, economista y magíster en Estudios Políticos que recogió el impacto del conflicto armado en las mujeres y la población LGBTIQ+:
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El informe habla de transitar por el camino que le permita a Colombia eliminar la erradicación forzada de cultivos y renunciar definitivamente al glifosato. “La Comisión concluyó que es tiempo de avanzar en un compromiso frente a la superación definitiva del prohibicionismo”, dice el documento. “Los lineamientos que esboza la entidad en ese documento reiteran lo que ya se ha dicho sobre el narcotráfico: hay que avanzar en el cambio de paradigma, del prohibicionismo a la regulación legal responsable”, escribió en este texto la redacción de Colombia+20. Dicen que el país debería liderar el debate internacional hacia la regulación, no criminalizar el consumo, de, por ejemplo, “para personas privadas de la libertad por delitos menores de drogas se debe promover la excarcelación, entre otras medidas de inclusión social y atención psicosocial. En concreto: enfocarse en el crimen organizado y no en acabar la oferta”, agrega el equipo periodístico que ha venido cubriendo la entrega de este informe final, no sin antes advertir la necesidad de la necesidad de “rediseñar las estrategias para hacer frente a los cultivos de coca, marihuana y amapola”, para hacerlo recomiendan la ayuda y participación de las comunidades campesinas y étnicas.
Desde el ámbito político, la Comisión y su informe también se adentra en una discusión reciente cuando muchos criticaron la extradición de ‘Otoniel’ sin antes contar su versión en Colombia y ponerle la cara a las víctimas que ha dejado su estela de violencia tras militar en varios grupos armados al margen de la ley. Nuestros colegas de la redacción Política lo explicaron muy bien en este texto donde también se habló de reformar la elección del fiscal general de la Nación: La Comisión de la Verdad propone que en los casos de personas solicitadas en extradición por graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH se privilegie su investigación en Colombia, siempre y cuando hagan contribuciones que garanticen el derecho de las víctimas. Además, dedican un apartado a migrar totalmente a las listas paritarias y cerradas, también a prohibir la intervención militar en operativos de control de disturbios surgidos en situaciones de protesta.
Y en el debate que ya ha sido pedido por muchos analistas económicos, también se puso sobre la mesa el asunto de la distribución equitativa de la tierra. En palabras de reforma económica, sería una gran reforma agraria, sí, porque es preciso recordar que docenas de académicos y centros de pensamiento han hablado de la posibilidad de que Colombia se convierta en una despensa mundial de alimentos depende, de gran medida, de que los campesinos puedan no solo poder trabajar su tierra sino de estar en paz en ella. “El Informe Final sintetiza estos pedidos de las comunidades rurales en 15 recomendaciones dirigidas principalmente a órganos del Estado: Gobierno, Congreso, y entes de control. Varias de ellas recogen elementos que hacen parte de la Reforma Rural Integral, el punto 1 del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, adecuando algunos de ellos al contexto actual del campo, tras cinco años de la firma, y añadiendo otros que no se contemplan a profundidad, según el trabajo investigativo de la Comisión”, nos contaban los colegas de Colombia+20. Entran en sugerencias claras como que se distribuyan 3 millones de hectáreas entre campesinos que estén en la frontera agraria, cuya definición es otra de las recomendaciones del Informe, y que se regule la legislación sobre la acumulación indebida de baldíos, nos explicaron en el mismo texto. También recomienda que se revise la Ley de Restitución de Tierras, que expira en 2031, y también se deja clara la necesidad de poner la mitigación del cambio climático como prioridad en el nuevo ordenamiento territorial.
¿Quiénes son los otros protagonistas en la investigación de este informe final? Uno de ellos, sociólogo, periodista y escritor colombiano de más de treinta libros y centenares de columnas y artículos, quien murió en medio de la labor de buscar la verdad. También la psicóloga encargada del capítulo dedicado a los niñas, niños y adolescentes que sufrieron el conflicto armado. Trabajó también el abogado y defensor de derechos humanos quien hizo parte de las comisiones de verdad de Ecuador, Paraguay, Perú y Guatemala y en el Grupo de Expertos de la CIDH para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. También les contamos quiénes serán los encargados de seguir con la tarea, entre quienes están defensores de derechos humanos, líderes gremiales y sabios indígenas.
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El presidente Iván Duque recibirá el informe la primera semana de julio, pues no asistió a la entrega del documento porque se encuentra en Europa. El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo que Duque respondió a la invitación a través de la Secretaría de Presidencia, que “no podía en esta fecha y que nos esperaba el 6 de julio cuando vamos a estar con él”. Recordó que “nosotros somos una institución de Estado. No somos una ONG de derechos humanos, ni una Universidad Pública. Somos una institución de carácter autónomo, única en el país, que no depende de la Presidencia, de las Cortes, o del Congreso y teníamos que actuar como institución de Estado”.
Gustavo Petro, presidente electo, estuvo presente en el evento: “Recibo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las cumpliré. Hasta la última familia en el último rincón de Colombia sabrá y tendrá estas recomendaciones”, escribió en su cuenta de Twitter, mientras en su intervención frente a los asistentes, dijo: “Creo que este esfuerzo que se entrega al país no puede ser considerado como un espacio de venganza, como su extensión de las mismas armas vueltas palabras, ideas, concepciones e interpretaciones de lo que ha acontecido”. Y advirtió: “Leeré las recomendaciones que se le hacen al Estado y a la sociedad. Estas recomendaciones serán eficaces en la historia de Colombia”.
¿Cómo reaccionaron los críticos del informe? El representante uribista Gabriel Vallejo, fue directo: “El informe de la ‘Comisión de las Farc’ es una vergüenza para el país. Esta comisión, pagada con los impuestos de todos los colombianos, tenía como único objetivo legitimar el terrorismo de las Farc, atacando ferozmente a nuestras instituciones. Lo siento por nuestros soldados”. Justo ese partido, el Centro Democrático, publicó un comunicado de prensa al respecto: “Como partido respetamos y defendemos la Ley de Víctimas, por eso no consideramos apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores, ya que son múltiples las versiones que hay sobre los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado colombiano y estas deben ser ponderadas y puestas en juicio para llegar al esclarecimiento pleno de los hechos”. Y nos contaba la sección Política de El Espectador, interpretando las palabras del partido, que desde ese lado se considera que con este informe se puede llegar a una verdad interpretativa que no necesariamente puede llevar a una verdad jurídica.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, que hasta ahora empezó su publicación, trae consigo mucha de la información que retrata décadas de conflicto en Colombia. Realidades que no se pueden ni deben ocultar porque son parte de nuestra historia misma, esa que debemos conocer para no repetir. Aquí aparecen las guerrillas como protagonistas armadas ilegales, nos contaba Jhordan Rodríguez, recordando que precisamente esas guerrillas ejercieron “poder a través de las armas, sobre todo en zonas de poca presencia del Estado, sometiendo a la “marginalidad en la vida económica y política” a la población civil. Nos hablan de los falsos positivos, que no fueron casos aislados sino una práctica sistemática por parte del Estado; de la impunidad como factor determinante para perpetuar la guerra, del paramilitarismo y su mezcla con la clase política, la economía ilegal, el narcotráfico. Conoceremos muchas de las verdades de la guerra, de la tragedia misma, de lo que han tenido que vivir las víctimas.
Por ahora, les recomiendo entrar a este espacio que dedicamos en El Espectador a todas las noticias de Informe Final Comisión de la Verdad, pues hasta ahora estamos conociendo el primer capítulo de los diez que conforman el documento completo. Vendrán, por ejemplo, todos los hallazgos en materia de género y población LGBTIQ+, étnico, exilio y testimonial. Este Informe no tiene consecuencias judiciales, así que no sirve para la imputación penal ante ninguna autoridad y lo que se viene ahora es que la Comisión tiene dos meses más para socializarlo y difundirlo con la mayor amplitud por todo el país, luego quedará un Comité de seguimiento y monitoreo que tendrá la función de verificar el cumplimiento de las recomendaciones. Y nosotros seguiremos en detalle contando lo que suceda, porque para poder hablar de paz hay que también entender qué pasó en la guerra, en el conflicto que todavía no termina.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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