Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Tuvieron que pasar cerca de 72 horas para que el gabinete del presidente Gustavo Petro comenzara a ejecutar las primeras acciones definitivas en respuesta a la revocación del visado del jefe de Estado por parte de Estados Unidos. Y lo hicieron luego de reuniones y diálogos que ocurrieron a lo largo de este fin de semana, todo para que este mismo lunes se vieran los efectos directos y su relato se extendiera al proceso electoral por el que pasa el país.
Eso se une a lo que anticipó este lunes El Espectador sobre el plan que se delineó para cada una de las acciones del mandatario en terreno estadounidense y que derivaron en esa decisión de la administración de Donald Trump.
Se trató de un estudio cuidadoso para mantener el relato de la defensa de la soberanía de Colombia ante el que ha sido uno de sus blancos principales, junto con Israel, en temas de política exterior. Y esa fue la línea que mantuvo en su consejo de ministros de este lunes, en el que apuntó que el expresidente Joe Biden perdió el apoyo de la ciudadanía por no condenar el genocidio en Gaza y señaló que Trump “no merece más sino la cárcel” por “seguir siendo cómplice” del gobierno de Benjamín Netanyahu.
Sugerimos: Estas son las reglas del juego para la reforma a la salud en Comisión Séptima del Senado
“Nos llena de orgullo no tener la visa de un país cuyo gobierno apoya un genocidio”, aseguró en su cuenta de X, donde otra vez volvió a esquivar la invasión de Rusia a Ucrania.
El análisis también estuvo en la forma en la que se comenzaría a operar de ahora en adelante, con el jefe de Estado como persona non grata en el país al que Colombia exportó US$4.913 millones de dólares entre enero y abril de 2025, de acuerdo con el Dane, y ahora con una parte clave del gabinete sin posibilidad de pisar el país, con contadas excepciones.
Por eso es que la reunión del gabinete transmitida de este lunes —con tema de política de drogas— comenzó con una declaración conjunta de los ministros y altos funcionarios, leído por la directora del Dapre, Angie Rodríguez. En él, aseguraron que la intervención del mandatario ante la ONU se trató de un mensaje de “verdad, dignidad y valentía que confrontó a los poderosos” y lo calificaron como “un líder de talla mundial, aunque [en Colombia] siga siendo blanco de ataques”.
Horas antes, los jefes de las carteras de Exteriores (Rosa Villavicencio) y Hacienda (Germán Ávila) anunciaban que renunciaban al documento. Lo propio hizo el ministro de Minas, Edwin Palma, cuando recibió el documento de la Embajada de Estados Unidos que certificó el retiro del permiso tanto como para turismo (B1/B2) como el de materia diplomática (A1) y la misma directora del Dapre, Angie Rodríguez. Los pronunciamientos fueron todos en la misma línea: era un acto de dignidad en respuesta a la “agresión” que significó la decisión de la administración Trump.
En todo caso, estas acciones, pese a que la notificación fue directa para el presidente el mismo viernes del discurso en el que pidió a los soldados estadounidenses no obedecer las órdenes de Trump, se demoraron casi tres días en llegar para el resto del alto gobierno. Son acciones no ajenas a una campaña andante del lado del progresismo que está buscando una reelección.
Eso no solo se vio en el pronunciamiento que hizo el precandidato del Pacto Histórico y exalcalde de Medellín Daniel Quintero sobre su renuncia a buscar la renovación de su visa vencida. Fue el presidente el que, a través de estas acciones, tiró línea a los precandidatos del Pacto Histórico —a Quintero se suman el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho— para que se mantuvieran en la discusión que espera llevar al debate electoral de 2026 y por el que también se tomó la decisión de mantener la palabra “dignidad” como la principal apuesta del quinto plazoletazo del jefe de Estado este año, que será en Ibagué y anunciado en medio de toda la polémica.
“Si el pueblo de Colombia vuelve a arrodillar a Colombia, en contra de Bolívar, perderemos la independencia y la dignidad, dejará de levantar la bandera tricolor y la cambiará por otra de los imperios. Siempre han existido en Colombia gente que honra la bandera del rey y no quiere la de la República libre”, apuntó en una publicación en referencia a los empresarios colombianos que rechazaron sus acciones en territorio extranjero.
Le puede interesar: Senado aprueba proyecto para rendir homenajes a Miguel Uribe Turbay
Ese mensaje volvió a traer a colación el choque que generó el viaje de los alcades Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali) a Estados Unidos, por el que se anunciaron denuncias por “sedición” contra ambos mandatarios de parte del Gobierno.
“Eso es irrespetar la constitución de Colombia. El presidente constitucionalmente dirige las relaciones internacionales, cualquier funcionario local que rompa este principio, solo hace sedición”, aseveró.
El presidente reiteró su disgusto con este tipo de encuentros y reclamó que la diplomacia norteamericana estuviera “hablando con la oposición y hablando con mafiosos”. Este mismo lunes, Gutiérrez mantuvo un encuentro con el encargado de negocios de ese país, John McNamara —sobre el que Petro dijo que “hace de embajador” en el país— y sacó réditos del retiro de visas, algo en lo que está toda la oposición para mantenerse en el debate.
Por todos lados, es una respuesta que no está libre de coletazos a nivel diplomático. El tono de confrontación que se ha maneja desde la Casa de Nariño contra la Casa Blanca —y viceversa— ya había tenido muestras de retaliación. El primero fue la respuesta al impase de enero por los colombianos deportados con la amenaza de subir los aranceles y le siguió la decisión de la descertificación condicionada que fue vista, desde ambos lados, como una determinación con fundamento político, sumado al del crecimiento de las hectáreas de coca sembradas en todo el país.
Ahora, tanto el retiro como las renuncias al visado dejan a parte clave del gabinete sin acceso, al menos en la forma en la que se ha manejado tradicionalmente, al país que tan solo el año pasado envió a Colombia US$532 millones (aproximadamente $2 billones si se hace el cambio), de acuerdo con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), y se ha posicionado históricamente como su mayor aliado. Desde la Cancillería se maneja el relato de que la situación “no tiene nada que ver” con que se pueda continuar con el diálogo, pero sí deja una herida abierta y también una dificultad para mantener esos canales.
“Es un país con el que tenemos que seguir dialogando, pero lo que pedimos que sea un diálogo más equitativo, más de tú a tú y aunque tengamos diferencias eso no debería impedir el que dialogáramos”, aseguró este lunes la canciller Villavicencio en una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos.
Lea también: Reunión entre Federico Gutiérrez y John McNamara: de esto hablaron
La ministra dijo que Estados Unidos seguirá teniendo representación diplomática —aunque reconoció que “las relaciones están tensas”— y que esta participará, entre otras cosas, en el informe de las Naciones Unidas sobre las Drogas para 2025. Incluso, ya tendrían delineado un plan para la representación de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en donde llegarían a hablar sobre “drogas, cambio climático y paz mundial”.
En otras instancias es donde también podrán verse los golpes de esta determinación. El ministro Ávila ha fungido como la representación colombiana en encuentros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que tuvieron lugar hace tan solo unos meses en Washington D. C. No han sido menores tampoco las reuniones en terreno estadounidense con el sector privado de ese país para el “fortalecimiento de las asociaciones público-privadas” y el “compromiso de Colombia con la sostenibilidad fiscal”.
Para la cartera de Minas las cosas irían en la misma línea. Ecopetrol firmó este mismo año un acuerdo con Oxy para la extensión de un pozo ubicado en Texas, cuyo contrato fue firmado en julio de 2019. Con este se espera, como dijo en ese momento el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, “una inversión que supera los US$880 millones y que [les] permitirá una producción cercana a 90 mil barriles de petróleo equivalente por día”.
Lo cierto es que la situación derivó hace tiempo en terreno político. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti —quien no tiene visa desde 2023, cuando todavía era embajador en Caracas— aseguró que la renuncia al visado “debería ser por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del Gobierno comprometido con el presidente”. A menos de 10 meses de dejar el poder, el Ejecutivo sigue atizando el eje de la política exterior como esencial para el debate que se viene para 2026. La soberanía colombiana seguirá siendo materia clave y las relaciones con polémicos vecinos como Venezuela, que anunció la posibilidad de militarizar la frontera, no dejarán la agenda de la Casa de Nariño.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.
Conoce más