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Tras varias semanas de discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y luego de más de tres meses desde su radicación, la reforma a la salud fue aprobada en su primero de cuatro debates. Este martes 23 de mayo, fueron debatidos y votados uno a uno los 25 artículos que menor consenso tenían, con fin de darle una amplia discusión a cada uno de estos puntos que generaban intranquilidad entre las bancadas. Fueron dos temas lo que causaron más controversia: la autoridad en salud otorgada a los entes territoriales y el manejo de los dineros por parte de la Administradora de Recursos de Salud (Adres).
Si bien la reforma a la salud ya pasó su primera prueba y, en cumplimiento de los tiempos legislativos, el texto ya no será archivado por esa razón; el ambiente político ya no es el mismo tras el debate y aprobación de la iniciativa gubernamental. La propuesta de reforma al Sistema de Salud del Gobierno desató una crisis política el pasado mes de abril, que dejó las mayorías descuadradas en el Congreso, luego de que el presidente Petro rompiera la coalición política y los partidos perdieran su representación en el gabinete ministerial. Así las cosas, los partidos de la U y el Conservador ya no hacen parte de la coalición de gobierno, mientras que el Partido Liberal estudia declararse en independencia.
Ahora la reforma se dirigirá a la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde la negociación será más difícil y costosa, no solo porque el Gobierno tendrá que lidiar con 187 representantes, sino porque los jefes de los partidos tradicionales podrían motivar a que la votación se desarrolle en bancada y volver a colocar sobre la mesa la posibilidad de imponer sanciones, como ya habían advertido en meses anteriores a algunos de sus congresistas que decidieron apoyar o firmar la ponencia de la reforma a la salud presentada. Los encargados de buscar ese consenso y de negociar con los congresistas son los ministros de Interior, Luis Fernando Velasco, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El reemplazo de Carolina Corcho ha sido, sin duda, una de las movidas estratégicas del Gobierno: la anterior ministra de Salud no tenía buena relación con los congresistas; los partidos aseguraban que ignoraba los acuerdos y que ella era, en buena medida, la culpable de que el texto se hubiera atascado. Precisamente, de acuerdo con representantes a la Cámara de los partidos que ahora se declararon en independencia, Jaramillo ha generado un mejor puente para el diálogo. “Con el ministro Jaramillo hemos encontrado capacidad de escucha, un deseo de encontrar consenso. Su antecesora tenía una posición radical, aseguró a El Espectador el representante Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U).
Esa capacidad de escucha se materializó en la última jornada en la Comisión Séptima de la Cámara, en la que fue aprobada la reforma a la salud, pero el Gobierno tuvo que sacrificar nueve artículos. Por un acuerdo con los partidos tradicionales, fueron eliminados esos puntos, que tenían que ver con la gestión pública de los servicios en salud, la Adres, los fondos territoriales, entre otros. Si bien se trató de un acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la oposición y los partidos tradicionales celebraron la eliminación, que fue resultado de una proposición presentada por el representante Salcedo; mientras que el Pacto Histórico aceptó a regañadientes la eliminación.
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Se trató de los artículos 36, 59, 70, 71, 72, 74,79, 80 y 81. Según el ministro Jaramillo, la decisión se tomó con el fin de avanzar en el debate y buscar un punto medio. Entre los puntos eliminados está el que profundiza en la gestión pública de los servicios de salud, el que determinaba que la Adres sería pagador único y administraría los fondos regionales, el que creaba esos fondos en salud, el que otorgaba recursos a las entidades territoriales y creaba el Fondo Departamental y Distrital de Salud. Tras la eliminación de esos puntos hubo quienes aseguraron que se suprimió la esencia de la reforma.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, negó esa premisa y dijo que “los elementos centrales que propuso Gustavo Petro a Colombia están en la reforma. Hubo puntos en donde evidentemente los congresistas nos ayudaron a mejorar la reforma”. De acuerdo con Velasco, no hubo problema con la eliminación de esos artículos, pues “muchos de esos temas ya estaban diseñados en otros artículos” o estaban vigentes “en tratados internacionales que no hay que repetir. De manera que más que acuerdos, lo que hicimos fue profundizar artículo por artículo, ver la esencia de la reforma y concretarla (…) lo importante era el manejo público de los recursos públicos”, aseguró.
Si bien el ministro Velasco se escuchó conforme, el coordinador ponente de la reforma a la salud, Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), dijo a este diario que hubiese preferido que esos puntos se mantuvieran y que en los próximos debates, la bancada oficialista va a insistir para que vuelvan a ser incluidos. “Esos puntos se complementan con otros que ya fueron aprobados. Lo importante es que la reforma ya fue aprobada en términos de la administración pública de los recursos”. Por eso, asegura que la bancada defiende acuerdos como usar instrumentos como la unidad de pago por capitación (UPC), que sí quedó en la reforma tras su paso por la Comisión Séptima.
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Mientras tanto, el representante del Partido de la U, Víctor Salcedo, asegura que la eliminación de esos artículos “fue una gran victoria. Fuimos claros con el Gobierno de que nosotros acompañaríamos el texto siempre y cuando nosotros tuviéramos la posibilidad de eliminar unos puntos que no nos parecían convenientes”, asegura Salcedo, quien se oponía a entregar recursos a las entidades territoriales porque, según él, se les estaba otorgando gestión a los territorios sin contar con la posibilidad de corrupción, así como que no tuviesen “la capacidad”.
Según Mondragón, “no hay que quitarles la responsabilidad a los mandatarios de la salud pública de sus territorios (…) estamos planteando que estas direcciones sean unidades funcionales en las cuales no se generaría burocracia. Esto no significa que le vamos a entregar los recursos a alcaldes y gobernadores”, aseguró. Por su parte, el ministro Jaramillo dijo que no se le puede dar atribuciones a los departamentos y municipios sin recursos, mientras que representantes hablaban de una “politización de los dineros para la salud”.
Los artículos que creaban las instancias para la coordinación territorial y distrital de las redes integradas de servicios de salud en los procesos asistenciales y administrativos de los servicios de alta complejidad (art. 24 y 25) fueron aprobados. No obstante, el Fondo Cuenta Regional de Salud, igual que el Fondo Departamental y Distrital de Salud, fueron eliminados, por lo que no parece seguro en donde se ubicarán recursos asignados por la Adres para la atención hospitalaria en las regiones. El otro punto clave para el Gobierno era lo que correspondía a las funciones que entrega la reforma a la Adres, que de acuerdo con el texto gubernamental, sería “pagador único” (art. 36); eso que también fue eliminado.
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Finalmente, también por una proposición del Partido de la U, avalada por el Gobierno, fueron eliminadas cinco facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro, en lo que tenía que ver con expedir disposiciones para garantizar condiciones de trabajo del talento humano en salud, garantizar el mérito y las condiciones de reclutamiento, establecer los procedimientos aplicables por la Superintendencia Nacional de Salud y el régimen sancionatorio, modificar normas en materia de salud pública y disposiciones para la transición del Sistema General de Seguridad Social en Salud al Sistema de Salud. Esas cinco fueron eliminadas y la única que sobrevivió fue la otorgada para realizar operaciones presupuestales para capitalizar a la Nueva EPS, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación.
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