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¿Qué busca el proyecto de muerte médicamente asistida que tendrá su primer debate el próximo lunes y del cual usted es autor?
Uno tiene que reconocer que es un tema complejo, que genera muchas disyuntivas morales y algunas veces religiosas, que es lo que no queremos aumentar, sino tramitar desde una perspectiva más independiente, científica, y sobre todo guiándonos por lo que ha dicho la Corte Constitucional, en el sentido de que la muerte digna es un derecho fundamental. Ese es el punto de partida. La tarea del Congreso para darle un marco de aquellos temas que todavía son un vacío: la progresión de conciencia, el problema del consentimiento de personas en estado vegetativo, y la pregunta dramática que tenemos que afrontar sobre los niños. Esto siempre entendiendo que prima el libre desarrollo de la personalidad, la libertad humana y sobre todo la dignidad.
¿Cómo vio el tema de la muerte médicamente asistida en las audiencias públicas?
Lo más importante de las audiencias es que hubo distintos criterios, como es natural en cualquier tema, pero sobre todo en este. Sin embargo, yo veo crecientemente un interés en apoyar este proyecto por una razón suprema: es simplemente un llamado al ejercicio de la libertad en beneficio de la dignidad, pero no es ninguna obligación. Las personas que sientan que la vida no depende de ellas por razones religiosas o de otra naturaleza, se abstienen. Es un llamado a la libertad, no es una imposición.
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¿Y qué tal está el ambiente en la Comisión para debatir el proyecto?
Yo creo que va a haber una discusión muy larga. Se tomó la decisión por parte de la Presidencia de la Comisión de destinar toda la sesión del lunes exclusivamente para este tema. Va a haber controversia, pero yo siento que esto ha ido cambiando. Incluso si miramos las encuestas, ha ido creciendo el número de personas que aceptan que se tiene derecho a adelantar su muerte en condiciones de sufrimiento insoportable. Hay que recordar que al principio la Corte Constitucional señaló que se trataba de enfermos terminales y eso cambió en 2021. Ahora no se habla de enfermos terminales, sino de personas cuyo sufrimiento es insoportable y que tienen, digamos, la apelación a su libertad y a su dignidad de adelantar su muerte.
Esta semana se acabó el cuarto ciclo de diálogos con el ELN, ¿cómo evaluaría este proceso?
Uno siempre tiene la esperanza de que se logre algo. Ha habido muchas dificultades. El ELN es una organización muy compleja, con un sistema de toma de decisiones muy federalizado. Si comparáramos con las FARC, las FARC era un ejército con una capacidad vertical de decisiones. El ELN, además, siempre ha tenido la idea de que la negociación es entre el gobierno y las comunidades, lo cual implica que ellos más bien se sienten como supervisores de la negociación. Eso genera complejidades porque se basa en un amplio proceso de participación que está bien, pero que genera, desde el punto de vista mecánico, dificultades enormes para la negociación. Es muy difícil tomar una posición de antemano, es algo que apenas está comenzando, pero creo que los colombianos queremos terminar la confrontación con este grupo.
¿Cómo ve el acuerdo nacional que ha propuesto el gobierno?
Lo primero que yo veo es que el acuerdo nacional es víctima de una ambivalencia del propio gobierno, de un doble lenguaje, incluso del señor presidente de la República, dicho con todo respeto. Él llama al acuerdo nacional y no ha terminado de proponerlo y rápidamente cambia de chip y a todos los que se opongan o nos opongamos a algunos elementos de las reformas, que son propuestas de buena fe, se nos descalifica como descendientes de los esclavistas, monigotes de la oligarquía, fascistas y algo peor. Para uno es muy difícil realmente orientarse en qué sentido está el gobierno realmente impulsando el acuerdo. Para abreviar la respuesta: no sabemos. Yo esperaría que después del 29 de octubre, pasada esta confrontación electoral, a lo mejor haya un momento, una ventana de oportunidad cuando bajen las aguas, de más racionalidad. Pero hasta ahora es muy desconcertante lo que está pasando.
¿Qué le preocupa de cara al próximo 29 de octubre?
Hay varias cosas. En el terreno de la seguridad, indiscutiblemente hemos ido atrás. Las elecciones del 2018 fueron totalmente pacíficas, parecían elecciones europeas y ahora, no quiero ser catastrofista, pero hay muchos candidatos que se sienten presionados, que no pueden hacer campaña. En segundo lugar, hay muchos cuestionamientos sobre la financiación electoral. La financiación de campañas en Colombia es un fantasma que afecta a la democracia. Hay quienes dicen que los topes electorales no son tan importantes. Y son importantísimos, porque si no hay topes, ganan los más ricos. Luego, está en la esencia, en la fibra central de la democracia. En Colombia, agréguenle que buena parte del dinero es un dinero negro. Lo que estamos viendo hoy es el colapso de la legislación en materia de financiación de campañas.
Y en parte por eso propuso la reforma electoral…
Sí, parte del problema hay que remediarlo, en mi opinión, dándole independencia al Consejo Electoral, por eso presenté este proyecto, porque yo creo que la sombrilla que cubre todas estas irregularidades arranca de una circunstancia que no es personal, sino estructural: la ley colombiana dice que los miembros del Consejo Electoral son delegados de los partidos. Luego, el ratón no puede cuidar el queso.
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¿Cómo ha visto usted el discurso de Ingrid Betancourt?
Pues no he seguido mucho ese tema, pero yo tengo mi camino, que es el de la independencia frente al gobierno. Esto quiere decir que, como lo he hecho y lo seguiré haciendo, porque creo que es lo que le conviene a Colombia, hay que apoyar el gobierno cuando tiene aciertos y criticar lo que creo yo que es inaceptable. Sobre esas disquisiciones internas del Partido Oxígeno Verde, yo francamente no tengo mayor opinión.
Acerca su proyecto que pasó en primer debate, para arbitrar los procesos ejecutivos en el sistema judicial, ¿cómo ayuda a destrabar un poco los procesos judiciales?
El 72% de los procesos en la justicia civil en Colombia son procesos ejecutivos, o sea, gente que le cobra una plata a otra gente, y dentro de ese 72%, hay una enorme cantidad de procesos que provienen del sector financiero, no solo préstamos ordinarios, sino también hipotecarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Establecer la posibilidad de que esos procesos ejecutivos los decidan árbitros, fundamentalmente un árbitro. Con eso, si una muy buena parte del 72% pasara al arbitramiento, yo creo que el efecto sobre la congestión judicial es dramático, porque libera tiempo de los jueces para los demás litigios.
¿Hay alguna precaución respecto al proyecto?
Hay personas que dicen, y yo lo entiendo perfectamente como autor del proyecto, que hay un tema social peligroso. Por ejemplo, un ciudadano que va a pedir un crédito hipotecario para comprar una casa y el banco lo obliga a pactar el arbitramiento. Pero muy buena parte del proyecto lo que hace es crear unos anticuerpos de carácter social para evitar los abusos. En primer lugar, los bancos tienen que hacer estricta información rigurosa de cuál es la decisión en el evento de un proceso, someterlo a la jurisdicción arbitraria. Segundo, en el caso hipotecario, no solo el banco, sino el propio notario, tiene que preguntarle al señor que va a firmar si está consciente de que esto debe pasar a un tribunal de arbitramiento. Y tercero, que me parece fundamental, es lo que llamamos el derecho de retracto. Si la persona firma y supongamos que está violentada o que no se siente libre, en los 60 días siguientes, al momento en que se le entregue el dinero, puede ejercer el derecho de retracto. Es decir, puede decirle al banco que no se somete a un tribunal de arbitramiento. Me parece que es una solución perfecta para eliminar las dudas sobre los deudores más frágiles.
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Por Daniela Cristancho
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