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Desde que la Corte Suprema de Justicia anunció la condena contra Andrés Felipe Arias por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), el paradero del exministro de Agricultura es un misterio. Versiones extraoficiales dicen que está en Estados Unidos buscando asilo político. De ser así, cobraría fuerza la idea del Centro Democrático de cara al Congreso que se instala la próxima semana: insistir en que no hay garantías judiciales ni políticas para el uribismo.
El pasado 4 de julio, en declaraciones al programa radial La hora de la verdad, dirigido por el exministro Fernando Londoño, en medio de elogios a Arias, el expresidente Uribe dijo que la justicia participó en política al “filtrar” el sentido del fallo contra el exministro a 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. También aseguró que no existía asidero probatorio para condenarlo y atribuyó el caso a conjeturas políticas.
Se trata de la misma postura que tienen el exmandatario y sus seguidores frente a otros episodios judiciales que involucran a personas de su círculo político. Cabe recordar, por ejemplo, cómo se fue lanza en ristre contra el fiscal Eduardo Montealegre por la celeridad con que abrió investigaciones alrededor del caso del espionaje ilegal al presidente Juan Manuel Santos y al proceso de paz en Cuba a manos del hacker Andrés Sepúlveda, quien trabajó para la campaña del excandidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.
Precisamente Zuluaga, ahora director del Centro Democrático, le dijo a este diario que “esta semana hubo un fallo de tutela referente al comercial donde nosotros expusimos que el video del hacker había sido manipulado. En esa sentencia, que salió a favor de nosotros, se le hace un llamado de atención a la Fiscalía porque había emitido comunicados referentes al tema, cuando esta no es su función. Además sobresale la celeridad con la que actuó en este caso y no en otros cuando, precisamente, estábamos en campaña presidencial”.
Para Alfredo Rangel, senador electo por el Centro Democrático, es evidente que hay, en sectores de la justicia, una animosidad en contra del expresidente Uribe y de sus seguidores más destacados, en especial contra aquellos que participaron en su gobierno. “Esto demuestra que una reforma a la justicia es prioritaria en Colombia. La desconfianza de la inmensa mayoría de los ciudadanos sobre la Rama Judicial es crítica y eso tiene fundamento en el hecho de que la justicia no opera con prontitud, eficacia e imparcialidad”, añadió Rangel.
Y es que, mientras el uribismo tiene, entre otras, a figuras como los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios; el exsecretario general Bernardo Moreno; la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado; el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo; y el propio Andrés Felipe Arias enredados en líos judiciales, la bancada recién electa prepara su artillería para ejercer oposición en el Congreso. Sin embargo, fuentes del Centro Democrático sostienen que les preocupa que su trabajo sea obstruido por el Gobierno y sus mayorías en el Congreso, con el apoyo del poder judicial.
Según se sabe, aunque la directriz del presidente Santos es otorgar plenas garantías al uribismo para que ejerza su oposición en el Congreso, en otros frentes políticos ajenos a la Unidad Nacional ya está anunciado que una de las estrategias será confrontar directamente al expresidente Uribe y a los miembros de su bancada, incluso a través de denuncias ante la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, algunos miembros del Centro Democrático, que se reunirán el próximo martes, creen que, antes que oposició
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