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El Congreso de la República cerró el telón de 2025 y estará tres meses fuera del escenario político, al menos en la labor legislativa, mientras sus integrantes entran de lleno en la carrera por retener el poder para el próximo cuatrienio. El balance, a grandes rasgos, deja al Gobierno como el derrotado, pues ninguna de sus apuestas, con excepción del Presupuesto General, logró victorias definitivas. Sin embargo, el propio presidente Petro y sus ministros no reconocen los reveses, pues señalan que ya habían roto la coalición política y que tienen la mira puesta en otro objetivo.
En los pasillos del Capitolio, el comentario general al respecto es que el ministro del Interior, Armando Benedetti, no logró mantener las mayorías y debe ser considerado como el principal perdedor del periodo que acaba de pasar. El jefe de la cartera política niega por completo esa visión e insiste en que deliberadamente se apartó de su labor como puente entre el Ejecutivo y el Legislativo hace más de tres meses.
El punto de quiebre en este último semestre fue la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por bloquear esa candidatura e impulsar a alguien que no fuera tan detractor del proyecto petrista, los partidos no le copiaron y respondieron a la cercanía que durante años habían tenido con Camargo, quien como defensor del Pueblo contrató a varias fichas políticas de senadores que lo eligieron el pasado 3 de septiembre.
En esa elección, el jefe de Estado se sintió traicionado por los partidos Liberal, Alianza Verde y La U, pues incluso a este último le quitó la representación que tenía en el Ministerio de las Tecnologías con Julián Molina. Desde entonces, las sesiones del Congreso estuvieron protagonizadas por las constancias, peleas, la falta de quórum y algunos debates de control político y pocas votaciones.
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Dos proyectos hundidos y cuatro en la cuerda floja
Durante todo el año, la principal victoria del Gobierno fue la aprobación del Presupuesto General de 2026 por COP 546,9 billones. Para algunos sectores, sin embargo, se trató de un triunfo parcial, ya que el monto original era de COP 10 billones más y las bancadas al final cedieron porque no querían darle luz verde al Ejecutivo para decretar los rubros. Y a esto se suma que de la cifra global COP 16,3 billones dependían de una ley de financiamiento o reforma tributaria que hundieron la semana anterior.
Esa fue una de las principales derrotas del Ejecutivo este año. Después de varias semanas de intentos de negociación y hasta de “jugaditas” para romper el quórum, el oficialismo no pudo evitar que el bloque opositor en las económicas de Senado archivara la propuesta. “Nos costará más la deuda a todos los colombianos y colombianas por una irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición en la Comisión Tercera. Por no ponerle impuestos a los megarricos, le encarecen la deuda a toda Colombia. Son simplemente desalmados”, dijo esta semana el presidente Petro.
Además de la falta de una figura que liderara este debate, la tributaria se cayó por su carácter impopular, pues los mismos congresistas del petrismo reconocieron que era muy complejo convencer a sus demás compañeros de autorizar más impuestos en plena Navidad y cuando todos se juegan la reelección con su electorado. La reacción del Gobierno, además de las alertas del mandatario, fue abrir la puerta a una posible declaración de emergencia económica, idea que empata con ese “plan b” que prepara el petrismo para responder a las negativas del Congreso.
El otro revés llegó esta semana, con el hundimiento de la segunda versión de la reforma a la salud. Si bien el Gobierno abrió la puerta a negociar, con acuerdos burocráticos de por medio, los votos claves para esta iniciativa, la Comisión Séptima del Senado, la misma que tantas veces le ha dicho no al Gobierno, sepultó definitivamente la iniciativa este martes. “La Comisión Séptima del Senado ha actuado como siempre lo ha hecho, de forma baja, cochina y rastrera. Esperaron hasta el último día para hundir la reforma a la salud. Es una vulgaridad lo que hicieron”, aseguró Benedetti.
Aunque no están en el centro de la agenda, antes de seguir con el inventario de proyectos que quedaron en veremos, se debe anotar que el Ministerio de Educación logró aprobar una reforma a la Ley 30 que aumenta los recursos para las universidades públicas y que el Ministerio de Minas dejó viva la ley de tarifas de la energía. Eso sí, ninguno de los dos fue prioridad política del Gobierno, sino que lograron consensos entre las bancadas.
Las reformas cuyo futuro quedó comprometido son la Jurisdicción Agraria, el Ministerio de la Igualdad, la ley de competencias y la ley de sometimiento. De todas, la más rezagada es la última, ya que los pasos en falso de la paz total y la escalada violenta en varias regiones —como la de esta semana en Cauca— han golpeado esta política que busca una vía jurídica para que grupos armados y bandas criminales se sometan a la justicia, pero con algunas ventajas. Además, este proyecto también sufrió una suerte de “orfandad” por la renuncia al Ministerio de Justicia de Eduardo Montealegre y las peleas de éste con Benedetti.
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El Ministerio de la Igualdad y la Jurisdicción Agraria siguen vivos, pero se enfrentan a una oposición que ha visto en ambas propuestas una manera de cobrar la mala ejecución del Gobierno. En las plenarias y comisiones no ha habido ambiente para discutir ambos temas y, al igual que el resto de iniciativas, tiene una pequeña esperanza entre marzo y junio del próximo año.
En este punto, la principal preocupación del equipo de gobierno es que el regreso de las sesiones ordinarias está programado para el 16 de marzo; es decir, cuando ya se haya elegido un nuevo Congreso y todas las toldas estén con el acelerador a fondo para las presidenciales del 31 de mayo.
Finalmente, la ley de competencias, que le da luces a una de las principales reformas del Estado en los últimos años, la que se hizo al Sistema General de Participaciones, apenas empezó su trámite esta semana con la radicación. En el Gobierno y algunos partidos hay más optimismo frente a este debate porque es un pedido de las regiones y se espera que todos los grupos políticos respondan a ese llamado, en parte porque también implica más dinero en sus plazas. Sin embargo, expertos advierten que el Ejecutivo se dejó coger la tarde en la materia.
Los otros caminos para Petro y sus reformas
El ministro Armando Benedetti ha dado a entender que el próximo semestre será igual a los últimos tres meses; es decir, con un Gobierno alejado del Congreso y que esperará a que sean los legisladores los que definan el rumbo de las reformas. A esto se suma lo que ya se ha advertido, que es poco probable que haya una agenda nutrida de debates, ya que es usual que en medio de las campañas las plenarias y comisiones queden vacías por las correrías, debates y alianzas.
En este contexto es que el presidente Petro y varios de sus alfiles han reforzado, en las últimas 48 horas, la idea de tomar vías que no vayan hacia el Capitolio. Una de estas, por ejemplo, sería la emergencia económica para responder al hundimiento de la tributaria, movida que no se ha dado, pero ya es ampliamente cuestionada. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que esa sí es una posibilidad ante las dificultades de caja.
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Varios opositores señalaron que demandarían al instante dicha emergencia y, aunque la Corte Constitucional les podría dar la razón, pues ya tumbó decisiones similares del Gobierno, hay dudas sobre si una medida cautelar de ese estilo logrará frenar una recaudación exprés del Gobierno para fondear sus cuentas.
Pero la idea que parece tomar más fuerza la esbozó el mismo Petro tras el hundimiento de la reforma a la salud: “La decisión de la Comisión Séptima fue apelada, aún el Congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia, si no, se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo Congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”.
Este mensaje del mandatario no es nuevo, pero confirma que el petrismo o la izquierda la utilizará como una de sus principales banderas para el debate previo al llamado a urnas. Varios alfiles del Gobierno ya trabajan al tiempo en la mecánica proselitista y en sentar las bases de esa movida. “El proceso constituyente debe ser un proceso liderado por las organizaciones sociales y la sociedad civil, no por sectores políticos. Se trata de un gran diálogo nacional, Colombia necesita cumplir sin dilaciones su pacto social”, dijo la senadora María José Pizarro esta semana.
La apuesta incluye señalar a los congresistas que no han apoyado los proyectos del “cambio”, pues la propia Pizarro habló de la “banda anti reformas” y pidió no “premiarla” el 8 de marzo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la constituyente es “inevitable” y se refirió a los opositores de la Comisión Séptima como “enemigos declarados del derecho fundamental a la salud”.
Con este panorama, tanto la izquierda como la derecha seguirán enrutados en las elecciones de 2026 y, si bien habrá espacio para algunos debates de control político y ciertas votaciones, todos esperan capitalizar sus luchas fuera del Congreso. El presidente Gustavo Petro, además, buscará mantenerse vigente en un debate que suele dejar a los mandatarios electos relegados, a través de esa propuesta de constituyente que tiene claro tinte electoral.
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