El difícil tránsito de ser oposición a ser gobierno

Se ha vuelto recurrente referirse a cada evento político de los últimos ocurridos en Colombia con el calificativo “histórico”. Histórico el Acuerdo de Paz, el plebiscito, la concentración de la guerrilla, la dejación de armas. Histórica la campaña electoral y el nuevo Congreso. Y cómo no hacerlo si lo que ha venido ocurriendo es completamente atípico, aun para la convulsa realidad nacional. Hace diez días, con la instalación del Congreso, se inició un nuevo cuatrienio político. En general, los días previos a la llegada del nuevo presidente, y aun los primeros meses de su gobierno, suelen ser la luna de miel. El optimismo crece en las encuestas y las ramas del poder se inclinan para recibir al nuevo mandatario. En el Congreso las mayorías del Ejecutivo son holgadas; los ministros designados, aplaudidos; la Rama Judicial recibe al jefe de Estado por conductos protocolarios y con amabilidad. Pero nada de eso parece estar pasando.

El regreso del uribismo al poder parece signado por dificultades. En la primera semana del nuevo período legislativo -y ocho días antes de la posesión del presidente Iván Duque- la Corte Suprema de Justicia desató una crisis político-judicial sin precedentes con su llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. No sólo porque se trata de una vinculación formal del exmandatario más popular de todos los tiempos a un proceso jurídico, sino porque dejó sin cabeza a un partido político que nunca ha gobernado y además puso al presidente electo -el más joven en la historia reciente del país- en la más incómoda de las situaciones. Con un agravante: una de sus promesas de campaña fue una reforma al sistema judicial. Hoy la propuesta de crear una sola corte parece una ilusión.

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De otro lado, el anuncio de la renuncia de Uribe a su curul en el Senado constituye una adversidad para la cual no estaba preparado el Centro Democrático. Por eso, sus integrantes se han regado en llamadas, visitas y solicitudes al exmandatario para que reconsidere su decisión. Sobre su espalda recae la carga de la gobernabilidad de Duque. Su liderazgo es el llamado a impulsar una coalición de partidos que le dé las mayorías, le permita una posición dominante en las comisiones claves, neutralice a una oposición que llega con bríos inusitados y aporte la experiencia política que les falta el presidente electo y a su gabinete, que se caracteriza por estar integrado por muchas personas jóvenes, técnicas y alejadas de la actividad política.

Y es que en el panorama político se ven negros nubarrones para el nuevo gobierno. La bancada de la paz, integrada por partidos de oposición, tiene 25 senadores de 107 -algo que nunca había ocurrido-, pero además son de peso en la izquierda: el excandidato presidencial Gustavo Petro, Jorge Robledo e Iván Cepeda, Aída Avella, Feliciano Valencia, Antanas Mockus o los cinco senadores de la FARC. Los excomandantes guerrilleros llegaron al Capitolio a defender el Acuerdo de Paz, y no cabe duda de que esperaban ansiosos el momento de debatir de igual a igual con el expresidente Uribe, que no los baja de terroristas. Tal vez por eso se unieron a la solicitud de los miembros del uribismo para que no renuncie, porque quieren enfrentarlo.

Por eso, para el mismo día de la posesión de Duque, el 7 de agosto, ya está citada una concentración en la Plaza de Bolívar, con la que quieren decirle que defenderán el Acuerdo de Paz en las calles, con la movilización ciudadana. Con el agravante de que en el último año el gobierno Santos contuvo esa movilización con “pañitos” de agua tibia, por lo que ahora amenazan con explotar en cada rincón del territorio nacional: los maestros, los campesinos, los indígenas, las comunidades negras, los cultivadores de hoja de coca, los movimientos contra la minería y en favor de las consultas populares. A su vez, el orden público agravado en Nariño, Guaviare, Catatumbo, Medellín, Chocó o Urabá por cuenta del copamiento del Eln, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y, especialmente, por el crecimiento del narcotráfico. Un coctel que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo.

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En este contexto, Duque recibe la implementación del Acuerdo de Paz en cuidados intensivos. La desconfianza de la base guerrillera hacia el nuevo gobierno podría desatar una deserción masiva de excombatientes; el lento avance de las rutas de reincorporación, la casi nula la presencia del Estado en las zonas abandonas por las Farc, el aumento de los asesinatos de líderes sociales y la deslucida promesa de la paz territorial, son apenas algunos de los temas urgentes. Para completar, existen varios capítulos pendientes de impulso legislativo y desarrollo institucional, como es lo pactado en asuntos rural, de participación política o la disyuntiva que ha producido la captura con fines de extradición de Jesús Santrich, sumado a la negativa de Iván Márquez de posesionarse en el Congreso, al tiempo que la Justicia Especial de Paz da sus primeros pasos.

Un tema que tiene toda la presión internacional, por ser los principales financiadores e impulsores del posconflicto. Entonces, la Unión Europea tiene la lupa puesta sobre sus recursos, que ya han tenido amagos de corrupción; así como por la falta de garantías de seguridad a líderes sociales y excombatientes. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos tiene los radares puestos sobre el aumento de los cultivos ilícitos, que se han extendido a lo largo de las fronteras con Ecuador, Venezuela, Perú o Panamá, y cuyas rutas de tráfico se han tomado el Caribe y el Pacífico. Así que las relaciones internacionales serán una presión adicional para Duque, especialmente por Venezuela y Nicaragua, donde la polarización y la situación social impactan directamente sobre Colombia. En el primer caso, por la extensa zona de frontera compartida que ha atraído a millones de venezolanos, y en el segundo, porque el diferendo limítrofe puede convertirse en la excusa perfecta para distraer la situación interna con un conflicto internacional.

Así pues, un panorama convulso espera a Iván Duque en la Casa de Nariño, y la manera como resuelva sus proyectos de reforma tributaria, pensional, al sistema judicial y electoral son una verdadera prueba de fuego para el gobierno entrante. Prueba que tendrá que enfrentar con su principal líder, el expresidente Álvaro Uribe, en medio de un proceso judicial y con una oposición que se ha venido fortaleciendo en líderes y apoyos. Ahora se verá de qué está hecho el exsenador Iván Duque, pues recibe un país en punto de ebullición.