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Como ha sucedido en otras oportunidades, la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2022-2026, programada a realizarse este miércoles 24 de agosto en sesión plena del Congreso de la República y a la que 26 personas están postuladas, ha dado para un correr de rumores y cuestionamientos o, lo que algunos dicen, un juego sucio para poner zancadilla y sacar a competidores de la carrera. El caso más sonado es el de Altus Alejandro Baquero Rueda, uno de los inscritos por el Partido Liberal, colectividad que, como están las cosas, se quedaría con dos de los cupos en el alto tribunal electoral.
Según la Constitución, para ser magistrado del CNE se requieren los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, es decir, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; ser abogado; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; y haber desempeñado durante 15 años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito y por ese mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.
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En el caso de Baquero Rueda, desde el mismo Partido Liberal hay quienes dicen, en voz baja, que no cumple con los 15 años de experiencia, pues se graduó como abogado en la Universidad del Rosario el 22 de agosto de 2007 y las inscripciones para aspirar al CNE se cerraron el pasado miércoles 17 de agosto de 2022. O sea que le faltarían cinco días para los 15 años. Así las cosas, se ha abierto una discusión sobre si la fecha cuenta desde el momento de la inscripción o se aplica para el momento de la elección, que como ya se dijo, será este miércoles 24.
“Es muy sencillo verificar: la fecha de grado y de pregrado de la Universidad del Rosario fue del 22 de agosto de 2007 y, si usted suma, desde ese momento hasta el 22 de agosto de 2022, están claramente los 15 años. La elección es el 24, aquí no hay convocatoria y está solo la ley que ampara la elección de los magistrados. De hecho, en 2018 el Congreso le consultó al Consejo de Estado si se debería hacer una convocatoria pública para dicha elección y ese tribunal señalo categóricamente que no, que este tema es de opción de los partidos y movimientos políticos, y que no se debe hacer otra cosa distinta a la postulación”, dijo en su defensa Baquero Rueda, en entrevista con El Espectador.
En la misma, negó haber hecho modificaciones a su hoja de vida para agregar experiencia laboral, pues otra denuncia habla de que cuando llegó a la secretaría general de la Defensoría del Pueblo, los datos que registró en el SIGEP, que es la plataforma donde todo funcionario público debe suministrar su información personal y profesional, no incluyó datos que ahora aparecen. “Es que para cada nombramiento los requisitos son distintos y en la hoja de vida que esta colgada en el SIGEP está lo que se requería cuando me presente para el cargo en la Defensoría”, explicó Baquero Rueda, quien además habla de un juego sucio en su contra. “Triste que algunos de los otros candidatos quieran cabalgar sobre la honra y el buen nombre de las personas por tratar de alcanzar una dignidad. Creo que los hechos de las personas son la tarjeta de presentación de cada ser humano”, agregó.
Frente a este caso, se conocen una serie de conceptos de destacados juristas, como el del abogado Jorge Iván Acuña, quien considera que “el tiempo de experiencia o valoración de la misma se debe contabilizar desde el momento en que el candidato cumplió con el lleno de los requisitos establecidos y exigidos por la universidad para obtener el título de pregrado como abogado, que para el ‘sub lite’ es a partir del 9 de agosto de 2007, fecha en la cual se certificó el cumplimiento de todos los requisitos para graduarse y no desde la formalización o ceremonia de grado”.
Incluso, para el abogado, la fecha a tener en cuenta a la hora de hacer las cuentas debe ser a partir del momento mismo de la elección del cargo. “Los extremos a tener en cuenta en la acreditación de la experiencia van desde la acreditación de la terminación de materias de conformidad con el decreto Ley 19 de 2012, hasta el momento mismo en que se lleve a cabo la elección respectiva”. Y en concreto, refiriéndose al caso de Baquero Rueda, enfatiza: “Contamos con una certificación del 9 de agosto de 2007 suscrita por el doctor Erick Rincón Cárdenas, director de Pregrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (…) es decir, el señor Baquero Rueda, desde el mismo día 9 de agosto de 2007 ya contaba con los requisitos para la entrega del título de abogado y por lo tanto desde esa fecha se debe iniciar el computo de su experiencia profesional como abogado de conformidad con la normatividad aplicable y vigente en la materia”.
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Otro concepto, de los abogados Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y de Carlos Ariela Sánchez, exregistrador nacional y catedrático de Derecho Electoral de la Universidad del Rosario, va en esa misma dirección, agregando incluso que, teniendo en cuenta que la convocatoria para acceder a la condición de aspirante al CNE la abrió el Directorio del Partido Liberal el día 13 de agosto y se mantuvo en plazo hasta el día 15, “hay que concluir que la exigencia de cumplir las condiciones de ejercicio profesional que se exigen, la satisface el candidato claramente en la medida en que la certificación que se exhibe tiene la condición de presunción jurídica y de derecho ‘iure et de iure’, que debe ser desmentida por quién la impugne. En consecuencia su candidatura no puede ser impedida por la exigencia de ningún dato nuevo o condición, ya que por tratarse de un derecho fundamental de naturaleza constitucional”.
De Altus Alejandro Baquero Rueda han dicho que es la cuota del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para llegar al CNE, algo que él niega: “Lo conozco desde hace mucho tiempo, pero yo no soy ficha de nadie. Lo que tenemos es el apoyo del partido, tal como lo señala la Constitución y la ley”, dijo. También hay una denuncia, puesta por un ciudadano de nombre Rafael Decola, que alega que la tarjeta profesional fue otorgada hasta el 20 de septiembre de 2007 y que desde esa fecha es que se debe contar la experiencia. Y advierte que el Partido Liberal podría perder ese cupo en el CNE y los congresistas que voten por el candidato podrían verse envueltos en proceso de pérdida de investidura.
Un tire y afloje que espera, por ahora, la decisión de la Comisión de Acreditación del Congreso, que será en últimas la que definirá si Baquero Rueda puede ser candidato a ser magistrado del CNE. Mientras tanto, detrás de todo el embrollo, se habla de disputas internas entre los aspirantes de un mismo partido, en este caso, el Liberal, teniendo en cuenta sus dos inscritos como candidatos al alto tribunal electoral son Baquero Rueda y Benjamín Ortiz, actual secretario general de la Registraduría. Pero la colectividad roja apuntó a otros dos como segunda opción: Harry Giovanni González y Ángel María Preciado. Para muchos, ahí está el problema, pues la apuesta es a sacarse unos a otros del juego.
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