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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué los presidentes de dos países resultaron enfrentados y un ministro de Defensa en la mitad de la discusión? ¿Por qué lo que parecía un requerimiento judicial de trámite ya escaló a un lío diplomático? ¿Quién es Iván Velásquez y qué tiene que ver con, por ejemplo, la investigación en contra de reconocidos políticos de primer nivel tanto en Colombia como en Guatemala? ¿Por qué salió a relucir el penoso caso de la parapolítica en todo este tema? ¿Por qué existe una pelea casada con Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo se relaciona la extensa investigación que buscaba desenmascarar corruptos en Guatemala que adelantó Velásquez y la ahora acusación de la fiscalía guatemalteca que pone al jurista en el centro del huracán? Pues este boletín de noticias responderá esas y más preguntas con la ayuda de los textos que han publicado nuestros colegas de las secciones de Judicial, de Internacional, de Investigación y de Política. Comencemos.
La noticia fue clara y concreta el pasado 16 de enero: La Fiscalía de Guatemala anunciaba el inicio de “acciones legales” en contra de Iván Velásquez, quien entre 2013 y 2017 fue el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Cicig, y ahora hace parte del Gobierno colombiano como ministro de Defensa de la administración Petro. ¿Cuál era la razón de la acusación? “Actos ilegales y abusivos”, dijo el ente investigador de ese país. Le endilgaban, supuestamente, el delito de llevar a cabo acuerdos “anómalos” con directivos de Odebrecht, la multinacional de la infraestructura que tenía toda una estructura criminal para ganar contratos en varios países, pagando dádivas y financiando políticos corruptos para que les entregaran contratos millonarios. Velásquez, desde Colombia, respondía por medio de un comunicado de prensa que no había sido notificado, que estaba tranquilo y que todo su trabajo ha sido demostrado siempre “total transparencia y dentro del marco legal”.
Ese mismo día el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue contundente: “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro [Iván] Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”. Y, acto seguido, tomó una decisión sobre la representación diplomática: “Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”. Petro se refería a Victoria González Ariza, embajadora de Colombia en Guatemala.
“Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo el 12 de diciembre de 2006 que dio paso a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Se creó como una herramienta para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los grupos ilegales y aparatos ilícitos de seguridad. Aunque su trabajo es similar al de un fiscal internacional, la Cicig opera bajo las leyes, las cortes y el procedimiento penal guatemalteco”
Redacción Judicial de El Espectador
Pero, antes de seguir, es preciso contar quién es Iván Velásquez, cuál fue su trabajo en Colombia, qué hizo en este país y por qué su gestión lo convirtió en una figura atractiva para investigar la corrupción en Guatemala. Abogado de la universidad de Antioquia, escribiente del Juzgado 19 de Medellín, colaboró en el despacho “de quien con los años sería magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía”, dirigió el Colegio Antioqueño de Abogados, en 1992 fue nombrado procurador regional de Antioquia (le había tocado vivir toda la violencia narcotraficante de los años 80 y secuelas en los 90) y fue quien “documentó todas las irregularidades de La Catedral (la cárcel hecha por Pablo Escobar Gaviria, desde donde delinquía y de la que se escapó) y quizá fue uno de los pocos funcionarios que salió indemnes cuando el país exigió responsabilidades”.
Fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado pero rápidamente asumió como director regional de fiscalías de Medellín en la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, en 1997. Contaban los colegas de Judicial que fue en ese instante cuando “empezó a pisarle la cola al paramilitarismo en Antioquia, con sus enlaces y financiadores”. En sus labores están las investigaciones a las masacres de El Aro y La Granja, actuaciones de una polémica brigada militar tiempos de la comandancia del general Rito Alejo del Río (condenado a 25 años de prisión), adelantó el expediente por el crimen de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos; también lideró la indagación “en contra de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), fachada del paramilitarismo que fue desenmascarada por la justicia y en la que se rastrearon 495 cuentas bancarias y más de 40 mil transacciones donde se pudieron llegar a mover más de $25 mil millones de la mafia”. Le hicieron seguimientos y hasta amenazas. En el año 2000 ingresó como magistrado auxiliar de Álvaro Orlando Pérez. “En 2006, cuando las indagaciones de la parapolítica comenzaron en serio, fue nombrado coordinador de la estructura de la Corte Suprema encargada de investigar estos casos”. El 5 de septiembre de 2012 renunció a su cargo luego de que “se conociera que había sido relevado como coordinador de magistrados auxiliares que investigaban la parapolítica”.
“Durante los cinco años que el doctor Velásquez estuvo al frente de las investigaciones sobre la parapolítica, la Corte Suprema condenó a cerca de 50 exmiembros del Congreso que mantenían lazos con grupos paramilitares. Es común que los medios de comunicación colombianos se refieran a Velásquez como el ‘magistrado estrella de la parapolítica’. A raíz de su trabajo, Velásquez ha sido objeto de campañas de desprestigio y vigilancia ilegal. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Velásquez”:
HRW
El 1 de octubre de 2013 llegó a Guatemala y así lo reportamos en El Espectador en ese momento: “El exmagistrado colombiano Iván Velásquez asumió este martes la jefatura de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para un mandato de dos años” anunció el presidente guatemalteco, Otto Pérez. La Cicig comenzó a funcionar en 2007 con el objetivo de ayudar al sistema judicial guatemalteco en el esfuerzo por sanear sus estructuras, infiltradas por la corrupción”. “Velásquez había sido designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para sustituir al exfiscal costarricense Francisco Dall’Anese, quien había asumido en agosto de 2010 y cuyo mandato concluyó el pasado 2 de septiembre”:
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Velásquez llegó a Guatemala a hacer la tarea: investigar. Para el junio de 2015 fueron 12 las personas arrestadas por pertenecer a una red de corrupción en el Ministerio del Interior de ese país que lavaba dinero en Panamá, entre ellos altos exdirectivos de la Policía Nacional Civil. El 21 de agosto de ese mismo año el mundo conoció una noticia que era de talla internacional: “El presidente Otto Pérez sería uno de los líderes de una banda de defraudación aduanera”, se dijo en ese instante. “Hasta el momento de hoy, encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti (exvicepresidenta)”, dijo Velásquez. El delito: pertenecer a una red que cobraba sobornos para que sus clientes evadieran impuestos aduaneros. El caso, conocido como La Línea, había empezado “en mayo de 2014″ y como soporte, tenía “86.000 sesiones de escuchas telefónicas”. Por petición de la Fiscalía, Otto Pérez entraba a lo que se conoce como un prejuicio. Una crisis política se tomó a Guatemala. Manifestaciones ante la evidente corrupción del entonces presidente Pérez lo obligó a renunciar para enfrentarse a la justicia.
Para septiembre de ese 2015 el ya expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otras 23 personas de alto nivel, estaban tras las rejas. Velásquez, en entrevista con El Espectador para ese momento, recordó que ‘tal como ocurrió en Colombia cuando adelantaba las pesquisas del expediente de la parapolítica, en Guatemala algunos han querido desacreditar su trabajo’, pero que ‘con los años ha aprendido a capotear los montajes que han pretendido enlodarlo y, por herido que salga, las cicatrices llegan rápido porque siempre ha probado ser un juez derecho’, escribía nuestro colega Juan David Laverde.
Caso Iván Velásquez: ¿quién es quién en la crisis entre Colombia y Guatemala?
Al final de 2015 su trabajo fue tan exitoso que apareció destacado como uno de los “Los 100 líderes pensadores del mundo” para la revista norteamericana Foreign Policy. Aparecía en la categoría “desafiadores” (challengers) porque él era uno de “los pensadores que probaron que hasta las vacas sagradas pueden ser derrocadas”. Primero lo probó con todas las investigaciones de la parapolítica en Colombia que dejó a unos 60 congresistas investigados ante la justicia y luego con lo que hizo, de la mano de la fiscal Thelma Aldana, en Guatemala.
Para el 2017, cuando ya había otro presidente en ese país, Jimmy Morales, también investigado, Velásquez fue declarado persona no grata y buscaba sacarlo a como diera lugar de su territorio. “El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez, anunció que continuará con sus actividades al frente de la institución, después del intento del presidente Jimmy Morales de expulsarlo del país”, decían en un texto la agencia Afp.
¿Qué decisión tomó el primer mandatario de Guatemala? ¿Qué pasaría con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)? ¿Qué decía Human Right Watch?:
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Jimmy Morales permitirá investigaciones de la Cicig, sin Velásquez
El 3 de septiembre de 2019 el gobierno de Guatemala acabó formalmente con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El presidente Jimmy Morales, quien había declarado persona no grata en ese país a Iván Velásquez (pero el colombiano seguía liderando dicho equipo desde el exterior) y quien también había prometido que la comisión seguiría funcionando, argumentó que la Cicig formuló acusaciones sin fundamentos, violó la presunción de inocencia y fue selectiva en sus casos. Esto sucedió justo cuando la Cicig develó indicios de financiamiento electoral ilícito en la campaña de Morales para el año 2015. Así, de tajo, terminaban 12 años de investigaciones en donde se desmantelaron “70 estructuras criminales”, se “llevó a juicio a 600 personas” y se lograron “400 condenas”.
No había pasado un mes y se conocía, en Colombia, un fallo de una de tantas peleas de años que llevaban librando Iván Velásquez y Álvaro Urive Vélez, el expresidente de Colombia. El 27 de septiembre de 2019 Velásquez fue reconocido como víctima en uno de esos procesos. En otras palabras, “el expresidente había acusado al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de ser un “militante extremista”, a lo que Velásquez reaccionó con una denuncia por injuria y calumnia” que terminó ganando.
Y para sumar, ya en el 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS y al Dapre por vulnerar la intimidad del excoordinador de la investigaciones por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, es decir, Iván Velásquez, “durante la persecución que se tejió contra el alto tribunal mientras Álvaro Uribe fue presidente”. La pelea entre Velásquez y Uribe es de vieja data, pero se resume en que cuando él investigaba la parapolítica en Colombia (con nombres como el de Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, en las indagaciones), fue perseguido por el DAS cuando agentes de ese organismo de inteligencia le hacían seguimientos ilegales a las altas cortes. Uribe, en su momento, aseguró que Velásquez estaba buscando testigos falsos a los que les ofrecía beneficios para que testificaran en contra del exmandatario. Se comprobó que no había sido así.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia » encontró que el senador (Álvaro Uribe Vélez) habría desplegado un patrón sistemático de seis características para conseguir testigos falsos. Entre ellos, al parecer, el del exparamilitar el “Tuso” Sierra, quien ha dicho que el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Iván Velásquez le ofrecieron dádivas para que hablara en contra del expresidente”. Y así fue como el expresidente y exsenador terminó con medida de aseguramiento.
Y así llegamos a julio de 2022, cuando el país ya había elegido un nuevo presidente y Velásquez era nombrado como ministro de Defensa de la administración de Gustavo Petro. Se posesionaron y, en entrevista con El Espectador, Velásquez habló sobre “el papel de las Fuerzas Militares en las negociaciones de “paz total”; la intención, sostenida, de trasladar a la Policía de ministerio, pero con “amplia participación” de la ciudadanía y los uniformados, el proyecto de prestar servicio social como alternativa al militar y la repatriación de un amenazado de muerte”.
Y entonces llegamos a las acusaciones de la Fiscalía de Guatemala, en este enero de 2023, en contra del ministro de Defensa de Colombia, el mismo que lideró al equipo que puso en evidencia la corrupción de alto nivel y que dejó en el escarnio público a un expresidente y a una exvicepresidenta de ese país. La coyuntura también sirvió para que la oposición política en Colombia pidiera la renuncia de Velásquez. Y el presidente Petro no tardó, incluso, en responderle al presidente guatemalteco, Alejandro Giamattei, con un “Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero”:
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“Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero”: Petro a presidente de Guatemala
¿Qué dice Guatemala? Dice que presentara tres órdenes de captura relacionadas con casos de corrupción de Odebrecht y allí aparece vinculado Iván Velásquez. Nos contaba la sección Judicial que “Velásquez fue señalado de permitir la aprobación de varios acuerdos de cooperación señalados por el fiscal Rafael Curruchinche como “anómalos” dentro de las investigaciones del caso Odebrecht lideradas por la Cicig. Además, Curruchinhe, sancionado por Estados Unidos, también acusó a Velásquez de haber tenido relaciones con dos directivos de la constructora en el año 2017″.
El 18 de enero el ministro de Exterior, el canciller Álvaro Leyva, dijo que la relación con el gobierno guatemalteco era buena y le trató de bajar la temperatura al tema. En Colombia eran más la voces que advertían que dicha investigación en contra de Velásquez era perversa. El presidente Gustavo Petro, quien estaba en el foro económico mundial de Davos, se volvió a referir al tema: “No vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta, provenga de donde provenga” y, además, le envió otro mensaje al primer mandatario de Guatemala: “Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta”. Y dijo que todo esto se ve como una “venganza de politiqueros”.
La ONU, al conocer las acusaciones de la Fiscalía de Guatemala, por medio del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se mostró preocupada por las que consideró intimidaciones y represalias de Guatemala en contra personas involucradas en combatir la impunidad en el país. Recordó, además, que “su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”. Pero ¿qué significa tener esa inmunidad? ¿Por qué se dice que estas son movidas de los políticos guatemaltecos de cara a las nuevas elecciones? ¿Por qué, sobre este caso de Velásquez, se dice que Estados Unidos está más cerca de la Colombia presidida por Gustavo Petro?:
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Washington y Petro: ¿del mismo lado?
Como en cualquier expediente judicial, la consecución de pruebas, las evidencias, son las que le dan forma a la indagación, al caso. Hasta ahora, más allá de decir que se dio el inicio de acciones legales, no se tienen más noticias. Ya lo había dicho el editorial de El Espectador apenas trascendió la noticia: “Los acuerdos “anómalos” que consiguió la Cicig con Odebrecht, como contamos en El Espectador, “determinaron que el exministro de Comunicaciones de Guatemala Alejandro Sinibaldi gestionó y concertó el pago de sobornos con los directivos a cambio de adjudicar contratos de construcción de carreteras, que terminaron beneficiando al excandidato presidencial Manuel Antonio Baldizón”. Gracias a la labor de Velásquez, Guatemala no solo conoció la verdad, sino que recuperó millonarios recursos que se habían dado en sobornos. Ahora el fiscal Curruchiche echó eso para atrás. ¿Dónde está el delito del ahora ministro de Defensa colombiano? Curruchiche, en cambio, sí fue sancionado por Estados Unidos por “obstruir investigaciones de actos de corrupción””.
Como ya vamos en un asunto diplomático y, como dijo Petro, ya la embajadora fue llamada a consulta, esto no solo es un tema judicial sino diplomático. Y la prudencia es la principal virtud que llevan en el pecho los embajadores, los cancilleres, los funcionarios de vida diplomática. Está claro que Velásquez es un investigador de kilates, su hoja de vida lo ha demostrado y, además, los fallos judiciales lo han respaldado. Estaremos atentos al desarrollo de todo este embrollo que evidencia una retaliación política desde una Guatemala “donde la corrupción está arrasando con los derechos humanos”, como dijo con contundencia Human Rights Watch, y que también ha pretendido ser usado por los críticos del gobierno actual exigiendo la renuncia del ministro, más que respaldado no solo por el gobierno mismo sino por actores de la comunidad internacional.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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