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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Lo que comenzó como una denuncia periodística sobre un contrato con sobrecostos por la compra de unos carrotanques que llevarían agua a zonas apartadas de La Guajira, ya va en uno de los mayores escándalos de corrupción que toca a varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro incluida allí nada más y nada menos la palabra “ministro”, a las dos cabezas del Congreso de la República, tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Representantes; al mismo primer mandatario retirando del cargo a parte de los señalados para que puedan ser investigados una vez estén fuera de funciones y dejando claro que él su administración no han entregado dinero a cambio de la aprobación de sus reformas en el Legislativo.
Toda una telaraña de ilícitos que va creciendo cada vez que uno de sus protagonistas sale a medios de comunicación para contar versiones propias, tratando de lavarse las manos y lanzando acusaciones que, por ahora, van rumbo a los entes encargados de la investigación, pues el abogado de la cabeza de todo esto, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dice que su defendido quiere colaborar con la justicia solo si el búnker de la Fiscalía le garantiza su seguridad. Así que de eso se trata este boletín, de un caso que promete varios capítulos retratando una historia untada de ilegalidad, de corrupción. El gran problema estructural de este país. Comencemos.
A comienzos de este 2024 muchas eran las noticias que se llevaban toda la atención: por un lado, el país trataba de entender qué era lo que había sucedido con los Juegos Panamericanos de 2027, cómo la crisis de seguridad que vivía en Ecuador tenía relación directa con organizaciones criminales colombianas, cuál era la causa de que el país estuviera pasando por una ola de incendios que lo llevó a la declaratoria de desastre nacional, por qué el canciller Álvaro Leyva era obligado a apartarse de su cargo y qué tenía que ver la elección de la nueva fiscal como para que se enfrentara el Gobierno con el poder Judicial. Y mientras la atención se enfocada en estas y un sinfín de noticias más, una aparecía por los lados de la UNGRD. Pero, antes, un poco de contexto.
El 19 de enero de 2024 en la noticia positiva del día se leía que “con el objetivo de beneficiar a las comunidades más vulnerables de La Guajira, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que viven en la región, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) anunció la llegada de 40 carrotanques de agua potable. Según la entidad, gracias a un convenio con el Ejército y la Cruz Roja, se abastecerá al departamento con 500.000 litros diarios de agua”. En medio de dicho anuncio, el subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, resaltaba: “En La Guajira estamos suministrando agua con contratistas privados y a través de diferentes convenios. Sin embargo, cumpliendo con los lineamientos del presidente Gustavo Petro, a partir de hoy, reforzamos la capacidad de abastecimiento de agua con 40 nuevos carrotanques”. Nos contaban los colegas de la redacción Política, que los congresistas del Pacto Histórico destacaban la noticia como un logro del presidente Petro y le lanzaban pullas a los de la oposición.
Exactamente un mes después del anuncio, tras denuncias periodísticas que hablaban de “condiciones irregulares que podrían haber favorecido a un contratista y otros posibles delitos” en la compra de esos 40 carrotanques, el escándalo empezaba a asomar:
Judicial
Ejército dice que son “dispersos” los esfuerzos para atender crisis en La Guajira
Judicial
Fiscalía investiga compra de 40 carrotanques de agua en La Guajira
Judicial
Contraloría inspeccionó la UNGRD en medio del caso de carrotanques de La Guajira
Política
Indagan crisis por plata y gestión en la UNGRD en medio de emergencia por incendios
Se trataba de un contrato “con la Empresa Impoamericana Roger por más de $40.000 millones” por, precisamente, la compra de 40 vehículos para distribuir agua en La Guajira y sobre el que se advertían “irregularidades”. La redacción Política explicaba que “el sobrecosto en el contrato habría sido de más de $20.000 millones, es decir, cada uno de los 40 carrotanques habría sido adquirido por la UNGRD con un sobrecosto de $500 millones”.
Olmedo López, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien para 23 de febrero de 2023 participaba en el Puesto de Mando Unificado (PMU), en Riohacha, decía que estaba evaluando los posibles “sobrecostos” y que si llegaba a encontrar irregularidades en los precios pagados, separaría del cargo a los miembros del comité de compras de la entidad: “Es una decisión que hay que tomar porque uno cómo puede ser juez y parte, uno no puede seguir adentro de una entidad si no hubo claridad de cómo se toman las decisiones”. Ese mismo día el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Víctor Andrés Meza Galván, era declarado insubsistente, lo que se traducía en que debía salir de ese puesto de forma inmediata. Pero no se entregaron detalles del por qué.
No había pasado un día y Meza, ya fuera de su cargo, aseguraba que Olmedo López fue quien firmó la orden de proveeduría con la empresa contratada. En la investigación de los hechos adelantada por este medio, se encontraron más detalles: “En un documento de 43 páginas, redactado y firmado por el exsubdirector Meza, al que tuvo acceso El Espectador, se indica que el contrato entre la UNGRD y la empresa Impoamericana Roger S.A.S estuvo bajo la responsabilidad de la Subdirección de Manejo de Desastres, en cabeza de Sneyder Augusto Pinilla”. Y así iban apareciendo más nombres en la telaraña.
Y sumó, a las ya denunciadas acciones al interior de la unidad, una más: que para el 29 de enero se ordenó la compra de otros 20 vehículos adicionales, cada uno por un valor de $1.300 millones, pero él se habría opuesto a dicho procedimiento, que había dejado por escrita su inconformidad en un correo electrónico, pero que nunca se lo contestaron. Que dejaba clara la situación porque no quería que enlodaran su nombre antes las acusaciones ya públicas para ese instante.
Dos días después, en el Congreso, se preparaba un debate de control político para que Olmedo López pusiera la cara y entregara respuestas. Al día siguiente uno de los vehículos quedaba atascado en la Alta Guajira y para el 27 de febrero la Contraloría citaba a versión libre no solo a López sino a Víctor Andrés Meza Galván. “La Contraloría no solamente ha realizado verificaciones en sitios, sino que ha pedido información sobre el costo de la importación de los equipos, el costo real y los valores adicionales que se pueden incluir dentro de una compra por el tipo de características a las que se les sometió este tipo de vehículos”, detalló el contralor Carlos Mario Zuluaga.
Para el 29 de febrero la bola de nieve ya no tenía freno:
Judicial
Fiscalía hizo inspección en la UNGRD por presunta corrupción con carrotanques
Política
Gobierno Petro denunció a director de UNGRD por escándalo de carrotanques de La Guajira
Política
Olmedo López renunció a la UNGRD en medio de escándalo por carrotanques
Política
“No es sano mantener personas tan cuestionadas”: Petro sobre renuncia de Olmedo López
Para el 4 de marzo la Procuraduría ya tenía abierto proceso disciplinario en contra de Olmedo López y vinculó formalmente a Victor Andrés Meza Galván, quien para el momento de los hechos era el subdirector general de la UNGRD. Mientras tanto Carlos Carrillo, el nuevo director designado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, aseguraba que la entidad tendría que pasar por una especie de limpieza. “Sin duda alguna hay que hacer una depuración. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos”, dijo.
Dos días después era Sneyder Pinilla, el subdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el que daba el paso al costado y presentaba su carta de renuncia. Pinilla participó en la “estructuración” del contrato que hoy es objeto de investigación.
“Le toca a usted recoger la entidad”: Petro posesionó a Carrillo en la UNGRD
Fernan Fortich entrevistó para El Espectador a Carrillo, quien entraba con la misión de arreglar la casa: “Los carrotanques en La Guajira son paliativos; hay que avanzar en soluciones de fondo”. Les dejo dos detalles de esa entrevista completa que aparece aquí: “Utilizo la palabra depuración porque es más quirúrgica. Estoy seguro de que hay funcionarios probos y buenos en la entidad, pero también está la vieja clase de política en la que los trabajadores públicos, en lugar de estar preocupados por capacitarse y hacer bien su trabajo, tienen que estar cuidando su contrato, porque si se insubordinan, si se ponen muy de aquí o muy de allá, pues entonces le van a pasar la barredora y lo van a sacar. Ahora bien, el que haya cometido un pecado, póngalo como quiera, delito o travesura, pues tendrá que pagar las consecuencias”.
Y sobre la corrupción al interior de la Unidad, dijo: “La corrupción ha corroído hasta la raíz a la sociedad y está en lo público, está en lo privado, está en la derecha, está en la izquierda, está en todas partes. Y es un reto gigante, porque yo voy a tener que hacer dos cosas al mismo tiempo: con una mano, hacer que siga funcionando la misionalidad de la entidad, y con otra, desde mis competencias, propiciar que esos mercaderes salgan del templo”.
Para el 13 de marzo apareció otro nombre relacionado con la Unidad, aunque no con el asunto del contrato de los carrotanques. Se trataba del pastor cristiano Alfredo Rafael Saade Vergel, debido a presuntas irregulares que se habrían presentado en un contrato por prestación de servicios que realizó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”. De acuerdo con la Procuraduría, Saade Vergel “habría presentado un reporte de actividades con acciones realizadas por otros contratistas de la UNGRD. La Procuraduría señala que, al parecer, de esta forma justificaba las actividades que la entidad le pedía que cumpliera. Con el inicio del proceso, el Ministerio público espera establecer si las posibles irregularidades se presentaron desde las dos partes implicadas, así mismo espera poder identificar al posible autor de la conducta”, nos contó la redacción Judicial.
Las dos versiones sobre la renuncia que pide Carillo a secretaria general de UNGRD
Carlos Carrillo, para el 13 de marzo, dijo que, aunque inicialmente se hablaba de 40 carrotanques adquiridos para proveer de agua potable a distintas comunidades en La Guajira, la cifra de estos vehículos realmente era de 80. Así que el andamiaje corrupto podría ser más grande lo que lo todo el país se había enterado. Hablamos con Carlos Toledo, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia compra eficiente, quien reveló que el gobierno de Gustavo Petro quiere hacer cambios en la plataforma de contratación pública. Y la Contraloría, en medio de sus indagaciones, observaba con detalle contratos en la Agencia de Seguridad Vial:
Ambiente
Los 80 carrotanques de la UNGRD en La Guajira no pueden operar por falta de pólizas
Ambiente
Hallan nuevos contratos con “empresa de papel” involucrada en escándalo de carrotanques
Economía
Lupa a la Agencia de Seguridad Vial: habría nexos con contratistas de la UNGRD
Política
Gobierno Petro quiere cambiar plataforma de contratos públicos
¿Y en medio de todo esto, qué papel jugaba el contratista encargado de vender los carrotanques? Pues el viernes 22 de marzo se supo que Impoamericana Roger SAS había desistido justo ese mismo viernes “a dos contratos para la compra de vehículos que fueron ordenados durante la dirección de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”. ¿Por qué? Nos contaba la redacción de Ambiente que el representante legal de la empresa, Roger Pastas, se presentó en las instalaciones de la UNGRD para presentar sus cartas de desistimiento sobre estos contratos que fueron revelados recientemente por el actual director de la Unidad, Carlos Carrillo. “Debo aclarar que al señor Pastas lo hemos requerido varias veces, pero solo se presentó ahora que me encuentro fuera de Bogotá. En sus declaraciones se remitió a hablar únicamente de estos dos contratos, pero no habló sobre otros”, indicó Carrillo.
Pero más allá de “desistir”, lo que se ha logrado investigar es que “Impoamericana Roger SAS, sería una empresa de papel, pues se encontró que la sede física, que reportaba en los contratos, no existía, y que esta no había reportado facturaciones a la DIAN antes de la firma de los contratos con la Unidad. Además de esto, la empresa habría hecho, según la W Radio, la compra de los primeros carrotanques con consignaciones de 900 millones de pesos en efectivo desde Pasto (Nariño), a pesar de que la empresa estaba radicada en Cúcuta. Por esta razón, la UNGRD en la actual administración de Carrillo, le pidió acciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) para estudiar este caso, nos contaron los colegas de Ambiente.
Desde que Carrillo llegó a este cargo, en reemplazo del señalado Olmedo López, se conocen casi que a diario más y más detalles no solo del escándalo de los carrotanques sino de otros contratos firmados durante la gestión de Olmedo López. Comenzando abril Carrillo, director de la UNGRD, hizo un recorrido por la ranchería Ceura en Maicao para verificar algunas de las acciones adelantadas por la entidad. “De acuerdo con el funcionario, en la administración de Olmedo López se firmó un contrato para adquirir 1.000, de los 8.000 tanques que se esperaban comprar para el suministro de agua en La Guajira, pero al hacer la inspección de los que se encuentran almacenados en el batallón Cartagena, se dieron cuenta de que algunos ya presentaban fisuras, además de que no serían aptos para el almacenamiento del agua”, contaron los colegas de la sección Colombia.
El 9 de abril la Procuraduría abría una segunda investigación en contra de Olmedo López. “En esta ocasión, el ente de control investiga las presuntas irregularidades en la compra de varios tanques de reserva de agua para La Guajira, a los cuales se les destinó un presupuesto de $8 mil millones”. Catorce días después fue la Contraloría la que abrió proceso en contra de seis exdirectores de la UNGRD, pero esta vez por la reconstrucción de Mocoa. “La entidad investiga las irregularidades en un proyecto para la construcción de 909 viviendas. Entre los vinculados como presuntos responsables está Olmedo López Martínez y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco”, pues el actual titular de la cartera también lideró la Unidad de Riesgo antes de asumir el actual cargo que tiene.
Por eso el ministro, el mismo día, reaccionó y contestó diciendo que estuvo “menos de 30 días encargado de la dirección”, tiempo en el que atendió la alerta amarilla del volcán del Nevado del Ruiz y el derrumbe en Rosas, Cauca, en donde concentró “gran parte de [sus] esfuerzos”. Y dijo: “La Contraloría tiene que tener un mayor rigor en la investigación. No puede ser que un investigador no se dé cuenta que le está imputando unos cargos, por unos contratos que se hicieron varios años antes, a una persona que estuvo 20, 24 días encargada en el marco de una atención de una emergencia nacional como era la alerta amarilla del volcán Nevado del Ruiz”.
Un día después, el 24 de abril, la antigua mano derecha de Olmedo López, el exdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, le envió una solicitud de principio de oportunidad a la Fiscalía. Aseguraba que entregaría su testimonio como “testigo directo y clave” en medio del caso que investiga presuntos sobrecostos en un contrato de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. Dijo que tenía información privilegiada sobre altos funcionarios, además de cercanos al presidente Petro, que habrían estado detrás de la compra de 80 carrotanques para La Guajira. Incluso vinculó a estos actos de corrupción al presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, y al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, asegurando que él mismo les había entregado dinero. Se habla de $ 4.000 millones. Supuestamente entregó $ 3.000 millones para Name y $ 1.000 millones para Calle. “Le he compartido a mi abogado una matriz de colaboración con muchos nombres, pero todavía no la hemos podido entregar (a la Fiscalía). Es increíble que uno quiera desarticular una banda criminal y no lo escuchen”, dijo en ese momento. Eh total habló de 15 altos funcionarios, entre congresistas y ministros, aunque sin presentar pruebas para ese momento:
Judicial
Exsubdirector de UNGRD le solicitó negociar a la Fiscalía en caso de carrotanques
Colombia
En Córdoba, tras lluvias, cayó muro de contención que construyó la UNDRG
Judicial
Carrotanques en La Guajira: detrás del negocio estarían ministros y congresistas
Judicial
Lo que responden Name y Calle por mención en caso de los carrotanques de La Guajira
La bola de nieve no paraba de crecer. El presidente del Senado, Iván Name, contestó con un comunicado de prensa: “Solicito a la Fiscalía 79 especializada o a quien corresponda, recibir cuanto antes la declaración de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez sobre los supuestos hechos que, por conducto de apoderado, ha manifestado saber en relación conmigo. Tan pronto tenga conocimiento sobre el contenido de sus manifestaciones, procederé a interponer las denuncias penales en su contra, si a ello hubiere lugar”.
Escándalo de carrotanques: así es como habrían llegado $4.000 millones al Congreso
Entre los nombres que también aparecieron estaba el de la consejera presidencial para la Regiones, Sandra Ortiz, por también estar vinculada a los actos de corrupción. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro, escribió en X: “Sandra Ortiz, consejera de Regiones, debe apartarse del gobierno mientras la Fiscalía determina si es cierta la grave acusación que hace Sneyder Pinilla sobre haber llevado a Iván Name 3.000 millones de la corrupción en UNGRD”. Mientras eso pasaba, el actual director de la Unidad de Riesgo se enfrentaba en esa misma red social con el excalde de Medellín, Daniel Quintero, y se acusaban mutuamente de querer desviar episodios políticos al interior de dicha entidad. Todos esos detalles están aquí.
El 3 de mayo el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien fue señalado de recibir $1.000 millones que estarían relacionados con el caso de los carrotanques de La Guajira, respondió a través de un comunicado de prensa: “Frente a las recientes declaraciones del señor Sneyder Augusto Pinilla, expreso mi firme compromiso con la transparencia y la verdad. Como presidente de la Cámara de Representantes, estoy convencido de que la administración de justicia es la piedra angular de la sociedad que estamos construyendo. Por ello, ofrezco mi total apoyo para esclarecer con prontitud los hechos relacionados con la presunta compra irregular de unos carrotanques en La Guajira”, aseguró Calle.
Ese mismo día también en un comunicado de prensa replicado por los colegas de Política, la Casa de Nariño indicó que una de sus prioridades era la lucha de contra la corrupción. Entre las acciones para lograrlo, está creación de una Mesa Técnica de Coordinación para documentar casos de “uso indebido de recursos públicos”. Se supone que allí trabajarán además de la Presidencia, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y “un grupo de auditores externos especializados en la materia”. También cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos en Colombia “para fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información”, con un enfoque en identificar capitales internacionales relacionados con hechos de corrupción. Según el texto, la Procuraduría y la Contraloría tendrán un puesto especial en esta mesa como órganos de control y estarán presentes para “garantizar la independencia y competencia en la supervisión y control de las actuaciones gubernamentales”. Desde otras instancias, como la Agencia Nacional de Defensa Judicial y la Fiscalía también se recibirá un apoyo clave.
Los señalados seguían pronunciándose para limpiar su nombre. Incluso el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, pues al parecer habría solicitado, a través de chats con el antiguo director Olmedo, citas con alcaldes y cuotas al interior de la Unidad:
Política
“Presentaré acciones para proteger mi honra”: Ortiz tras ser salpicada en caso UNGRD
Política
Alianza Verde solicitó la apertura de una investigación contra Name y Ortiz
Política
Piden que secretario de Transparencia salga de mesa que indaga corrupción en Ungrd
Política
Name se defiende de señalamiento de Sneyder Pinilla y dice que aclarará interrogantes
“Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”: Petro sobre escándalo de UNGRD
El primer mandatario, en su tradicional canal de comunicación, su cuenta de X, escribió: “He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”. Sandra Ortíz, quien desde 2023 está al frente de la Consejería para las Regiones, “habría sido supuestamente el puente para esta transacción de $4.000 millones. Tanto la consejera, como los presidentes Name y Calle han defendido su buen nombre y anunciado medidas legales, indicando a su vez que todo sería para desviar la atención de los verdaderos culpables de los casos de corrupción en la entidad”, nos contó la sección de Política.
Lo que venía, en torno a las acusaciones en contra de los dos congresistas, era que la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación al respecto y así sucedió. “La indagación, inicialmente, está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien a mediados de abril regresó a la Corte, después de una licencia no remunerada de tres meses, en la cual se dedicó a su defensa en medio de una investigación que se adelanta en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes”. Explicada la redacción Judicial que “la competencia de la Corte Suprema para indagar el caso se da a raíz de los señalamientos de Pinilla, en los que se menciona a ambos congresistas”.
El escándalo, en materia política, iba resquebrajando al partido Alianza Verde, pues la colectividad solicitó la apertura de una investigación en contra de Ivan Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones. Los colegas de la sección Política nos contaron que tanto Name y Ortiz hacen parte del partido y serán sujetos a una investigación formal del Consejo de Control Ético de Alianza Verde, en la que se determinará “el grado de compromiso con las presuntas conductas de corrupción públicamente denunciadas, la presunta violación al régimen ético y disciplinario del partido”. Después de ese proceso, se espera que se establezcan las responsabilidades individuales y, si es el caso, determinar sanciones.
Y la exalcaldesa Claudia López, quien también hace parte de ese partido, dijo que era momento de que la Alianza Verde se declare en independencia de la Casa de Nariño, abandone formalmente la coalición petrista y se le permita, además, hacer una especie de depuración interna. “Resultaron iguales o peores: billete para comprar apoyos en la campaña, para comprar apoyos para el Gobierno, para comprar impunidad. Qué asqueroso manoseo de la palabra ‘cambio’. La lucha contra la corrupción ha sido, es y será la causa de nuestra vida. La única que nos ha unido por encima de todo. (…) Liberen a las mayorías del verde del secuestro impuesto por la minoría petrista. Liberemos a Colombia de la corrupción”, precisó la exalcaldesa.
El viernes 3 de mayo, uno de los días más movidos en todo este escándalo, fueron muchas las noticias que se registraron al respecto:
Judicial
¿Por qué no ha hablado Olmedo López sobre el caso de los carrotanques?
Política
Petro confirmó que Sandra Ortiz y Andrés Idárraga se van por escándalo en la UNGRD
Política
Partido Liberal solicitó abrir indagación contra Calle por escándalo de la UNRGD
Política
Escándalo de presunta corrupción en la UNGRD implosiona a la Alianza Verde
Para ese instante, según los abogados de Olmedo López, el exdirector de la entidad ha sido víctima de amenazas, por lo que buscan garantías para su seguridad. Mientras tanto el presidente Petro dejaba por fuera a sus dos altos funcionarios, Idárraga y Ortiz. Gustavo Bolívar, quien ya lo había pedido públicamente, reafirmaba su posición sobre la UNGRD: “Que rueden las cabezas que tengan que rodar”.
David Efrén Ortega, de la redacción Política de El Espectador, escribía este extenso análisis sobre cómo sacudió a la Casa de Nariño y al poder político el escándalo de la UNGRD, pues en este documento detallaba la vinculación de los presidentes del Congreso, los dos funcionarios de la Casa de Nariño señalas y puso bajo la lupa, además, a uno de los ministros clave de Petro.
El 5 de mayo, Olmedo López, en respuesta a medios de comunicación, dijo: “Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional, en la búsqueda de garantías para poder contar lo que pasó. Toda la verdad. Por eso es mi deber pedirle a la doctora Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia, para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré”. Y agregó con un sentido, entre líneas, de amenaza: “Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas, sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Desde un inicio le conté al país que no espero irme. Aquí nací y aquí moriré. Mi familia y mi historia están en este, nuestro país. Por estas comunidades que luché y sigo luchando soy un convencido del cambio. Dije que el país esperaba en mí respuestas que di y seguiré dando sin titubeos. Se aprovechan de mi silencio. Pues ya no más”.
Y para este lunes 6 de mayo en la mañana, con todo un escándalo en desarrollo, Sneyder Pinilla decía en medios de comunicación: “Pido principio de oportunidad para contarle toda la verdad al país”. El mensaje, en parte, era para la Fiscalía, esperando respuesta. Y desde el búnker, de acuerdo con la jefe del ente investigador, Luz Adriana Camargo, su labor de investigar y acusar a los responsables de corrupción responde a un llamado constitucional y que la Fiscalía advierte que su llamado a una mesa técnica no compromete su independencia. La respuesta se daba luego de los cuestionamientos que ha recibido la titular del ente investigador por su llamado participar en la mesa contra la corrupción que formalizó el Ejecutivo, nos contaba el equipo Judicial de El Espectador.
El ministro Velasco le respondió a Olmedo López y a Sneyder Pinilla: “Son unos señores (López y Pinilla) que, después de haber hecho lo que hicieron, quieren salir con inmunidad tratando de señalar a otras personas. Es una estrategia que les va a quedar muy difícil, eso es una instrumentalización de la política de unas personas que se han quedado con unas sumas gigantescas”, dijo Velasco. El presidente Petro, en la misma línea, dijo: “Este Gobierno no compra congresistas” y pedía que, por el escándalo, no se frenaran los debates de sus reformas en el Congreso. “Saben perfectamente que un solo día de aplazamiento derrumba la reforma pensional. Deberían ser claros más bien. ¿Usan un corrupto para derribar las reformas? Este gobierno no ha comprado ni comprará congresistas ni con dineros públicos ni privados”, escribió el presidente.
Y entonces el impacto político tocó profundo a los verdes, nombraron al reemplazo de Sandra Ortiz, y la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció frente a todo el escándalo:
Política
Antanas Mockus renunció a la Alianza Verde tras presunta corrupción en la UNGRD
Política
Claudia López también renuncia a la Alianza Verde tras escándalo en la UNGRD
Política
Luz María Múnera será la nueva consejera para las Regiones, en reemplazo de Sandra Ortiz
Política
Francia Márquez dijo que “unos bellacos villanos” tienen al Gobierno “contra la pared”
Mientras el escándalo se devela cada vez más, la oposición política del Gobierno decía que se debía archivar la reforma pensional en el Congreso pues no había transparencia en el debate -se ha especulado que el Ejecutivo habría ofrecido dinero para lograr que le aprobaran sus reformas en el Congreso, pero hasta el momento no hay pruebas al respecto-, la redacción Judicial informaba que en la matriz de colaboración de Olmedo López no aparecía el nombre del presidente Petro, y que Nicolás Petro tampoco aparecía allí, de acuerdo con el abogado del exdirector de la UNGRD.
¿Y en qué vamos? Vamos en que las reformas del Gobierno que cursan en el Congreso pasan por un momento crítico: “De acuerdo con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, con el dinero que sería producto de sobrecostos y otras irregularidades en el contrato de $46.800 millones se pagaron $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones a su par en la Cámara, Andrés Calle, para impulsar las reformas. Además, según indicó Pinilla, en el entramado participó Sandra Ortiz, como supuesta mensajera para entregarle el dinero a Name, razón por la cual Petro la apartó de su cargo como consejera presidencial para las regiones. Todos, sin embargo, negaron estar involucrados”. Entre tanto el senador David Luna, apuntó: “La reforma pensional del Gobierno tiene que caerse, tiene que hundirse. Está manchada por la más rampante corrupción. Usaron a La Guajira solo para hacer campaña y luego la saquearon como prometieron nunca hacerlo”.
En que la Procuraduría citó a declarar a Luis Eduardo López, contratista de la empresa Impoamericana Rogers SAS, a la cual se le adjudicó el contrato para la compra de los vehículos. “De acuerdo con el Ministerio Público, López está dispuesto a entregar información relevante sobre el entramado de corrupción al interior de la UNGRD y su testimonio sería vital para desenredar y esclarecer el escándalo. El contratista fue citado por la Procuraduría para el próximo 9 de mayo a las 2:00 p. m.”. En que Sneyder Pinilla le pidió perdón al país y dijo que entregará todas las pruebas a la Fiscalía. Que un sector del partido Verde pide la expulsión inmediata de Iván Name y Sandra Ortiz, y en que la Fiscalía ya le entregó un esquema de protección a Olmedo López, que era la única condición para poder entregar una matriz de colaboración al ente investigador, la cual contendría más nombres de presuntos implicados en el escándalo de los carrotanques. Aunque seguimos en las mismas: todavía no se conocen las pruebas.
La UNGRD es un caso de corrupción estructural y profesional, viene desde hace años, evaporando los dineros que son para las víctimas de tragedias naturales y climáticas y convirtiéndolos para el enriquecimiento personal de varios funcionarios.
Gustavo Petro
El asunto no es de poca monta y refleja el gran problema estructural que tiene este país: la corrupción. Pero hay que pasar de las acusaciones en medios de comunicación a la entrega de pruebas que les permitan a los entes de investigación cumplir con su tarea. “Esta infamia no habrá de derribarme”, dijo Name en su defensa por este escándalo. “Ni el Gobierno ni el presidente son cómplices”, dijo el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien se fue en contra de Olmedo López. Ya es más que evidente la fractura del partido Verde, que descuadró las cuentas del Gobierno y agitó la campaña 2026, también poniendo el nombre de Carlos Ramón González, director del DAPRE, sobre la mesa. Andrés Calle guardó silencio ante la plenaria de la Cámara por el mismo escándalo.
Y todo esto desencadenó una declaración del presidente Gustavo Petro en televisión nacional el martes 7 de mayo a las 7:00 de la noche, el horario de mayor audiencia. Se esperaba, pues este escándalo no solo estalló en su administración, sino que lo protagonizan funcionarios nombrados en su gobierno. En esa alocución, dijo: “La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Combatir la corrupción es un tema primero de principios, pero también de vida o muerte” y afirmó que “sin oportunismos, yo he puesto en riesgo mi vida para revelar los entramados que han llevado a que en Colombia los dineros públicos terminen en bolsillos de privados”.
En el mismo mensaje soltó acusaciones muy graves y dijo que otros hechos de corrupción se estarían presentando al interior de entidades del Gobierno: en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en la Fiduprevisora, en Ecopetrol y en la DIAN. “Billones de pesos de los maestros y de la Nación se han perdido en una red de contratistas que se ha construido por años”, dijo. El primer mandatario aseguró que “Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la Nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Y existe un fuerte anillo de corrupción montado durante tres décadas entre dirigentes políticos, la fuerza pública, funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando”. Todos los detalles del discursos de Petro aparecen en este enlace.
Y después de las declaraciones del primer mandatario, ya se va sumando más y más tela a este escándalo de corrupción:
Política
El Gobierno endureció su discurso para desmarcarse de la corrupción en la Ungrd
Política
“Estamos dándole la cara al país”: Gobierno dice que corrupción en UNGRD no es nueva
Judicial
Corte Suprema llamó a declarar a ministro Velasco y otros funcionarios del gobierno
Política
Muchas dudas de corrupción en el caso de la UNGRD
El más reciente editorial de El Espectador decía lo que muchos piensan por estos días en un país que ha vivido, durante décadas, siendo testigo del registro de los hechos de corrupción que nos desangran a todos, pero, seamos sinceros, que no hemos logrado, entre todos, atacar y acabar. Está claro que ahora es el escándalo de turno -esto no es nuevo, todos los gobiernos van teniendo sus propios escándalos, y eso no exime responsabilidades, al contrario, nos debería obligar a mirarnos al espejo y cuestionarnos a todos, pero sobre el que sí se puede hacer algo es sobre el actual-: “Mientras obtenemos responsabilidad judicial, así como un panorama preciso de qué fue lo acontecido, volvemos a la pregunta de siempre: ¿y la responsabilidad política? Año y medio duró la UNGRD bajo el manejo de una persona en medio del huracán de corrupción, no basta con que el presidente señale que los recursos fueron a hacerles campaña a políticos de diverso origen. ¿No han sido esos mismos políticos claves en la construcción de la coalición de gobierno en el Congreso? Difícil olvidarlo. Son urgentes las respuestas”, se leía en el editorial.
Por ahora y lo más reciente de este escándalo tamaño familiar, porque en este país vamos brincando de escándalo en escándalo, se supo que la Corte Suprema por medio de su la Sala de Instrucción del alto tribunal “también pidió la declaración de Carlos Ramón González, director del Dapre; Carlos Alberto Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión y Desastres, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones”. Y, en línea con sus labores, “ordenó la inspección a las instalaciones de la unidad, el Congreso y Procuraduría”.
Ya está claro, dicho por el mismo Carrillo, quien ahora está la frente, que la UNGRD, por como fue creada y en su modelo de operación diario, necesita una reformulación, pero con ello, también una revisión profunda desde el día uno de su funcionamiento. Hay que auditar todos sus contratos. Verificar que los contratistas sean los que el papel dice y que hayan cumplido con sus obligaciones. No basta con el ahorita, los entes de investigación deben ir al fondo y, como país, demostrar que no vamos a soportar ese robo continuado al que, lamentablemente, ya nos hemos venido acostumbrando, gobierno tras gobierno, con uno que otro sindicado, judicializado, capturado y algunas veces condenado. No más. Esto, de comienzo a fin, nos debería indignar a todos. Por estas realidades, las de la corrupción viviendo de todos nuestros impuestos y en contra de los más necesitados, como las personas de La Guajira, es que todos deberíamos ponernos de acuerdo y no permitirlo más.
Se nos viene una difícil situación de lluvias, el rompimiento del dique “Caregato” ha causado serios estragos en la región y la crisis en La Mojana ya deja 35 mil hectáreas de cultivos perdidas y 400 familias damnificadas. “La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación deben implementar, cuanto antes, medidas de carácter urgente, efectivas, pues las lluvias comenzaron a arreciar, lo cual está derivando en un mayor flujo de agua que seguirá inundando los lugares donde habitan las comunidades y tierras productivas”, dijo la Defensoría del Pueblo este 7 de mayo. Pero ya sabe todo el país en qué posición está la Unidad y por qué todos estamos mirando hacia ella. Por ahora, con las secciones de Política, Judicial, Ambiente y Colombia, seguiremos informando todos los detalles que se vayan tejiendo en esta telaraña de corrupción, pues ya está claro que, con pruebas en mano, los sobrecostos ya quedaron evidenciados, ahora falta que se sepa qué se hizo con la plata, quién la tomó, a quién se la dieron y con qué finalidad se usó.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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