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El miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué ha pasado con las reformas que prometió el Gobierno? ¿Qué se logró en la pasada legislatura? ¿Qué se espera para la que comienza este jueves 20 de julio? ¿Qué dicen los ministros? ¿Qué dicen los gremios? ¿Qué dice el mismo Gustavo Petro? De eso se trata este boletín de noticias, del resumen de lo que ha pasado por el Congreso y de lo que se busca en este nuevo periodo que se inicia, ahora con un escenario dividido donde las fuerzas del Ejecutivo están más enfocadas en ganar votos uno a uno, congresista por congresista, y no con las bancadas completas o los jefes de los partidos tradicionales, quienes ya no van en la misma línea del Gobierno. Recuerden entrar a todos los enlaces que nos enviaron los equipos de Política, Economía, Educación, Salud y Judicial para entender cada detalle de esta discusión nacional. Comencemos.
Son varias las propuestas de reforma que la administración Petro tiene en lista: la tributaria -con José Antonio Ocampo cuando estaba en Hacienda-, que se aprobó, se ajustó en el debate legislativo, y ya está rigiendo; la de Salud -con Carolina Corcho, entonces ministra- que se presentó, tuvo discusión pero al final no pasó, a la que le dedicamos dos versiones de este boletín de noticias y sobre la que también hablaremos más adelante porque ahora está en manos del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de esos nombres que también acompañó a Petro cuando era alcalde de Bogotá.
Contamos, el 5 de abril, que el Gobierno ya había vivido una derrota fuerte con el “hundimiento de la reforma política” y que los partidos tradicionales dejaban sonar en el ambiente su intención de no acompañar algunas de las iniciativas del Ejecutivo si estas no eran modificadas. El 3 de mayo ya estaba claro que Petro no iba más con los jefes de esos partidos tradicionales porque no llegaron a acuerdos, había cambio de ministros para ajustar precisamente la estrategia dentro del seno del Congreso y quedó en evidencia las complicadas relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. La reformas laboral y la pensional se asomaban. Pero, antes de seguir, como siempre en este espacio, vamos con un poco de contexto, un poco atrás, porque la idea de hacer cambios en la educación también estaba en la lista.
El 25 de octubre del 2022 el ministerio de Educación instalaba la comisión para modificar la Ley 30 de 1992, es decir, el esquema de transferencia de recursos a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. “La Educación Superior tiene un déficit estructural y queremos reformar la Ley 30 de 1992, que cumple 30 años y es la que define la bolsa de recursos para este nivel educativo”, dijo el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria. En paralelo, el país se enteraba de que para el 2023 se había asegurado la suma de $210.000 millones para las universidades públicas.
En el fondo, ¿qué busca esta reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992? Incluir a todos los actores de educación superior, insertar todos los gastos y costos asociados a la infraestructura pública y, en general, que los recursos dedicados a este renglón de la formación crezcan como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y no como sucede hoy, que de acuerdo con los académicos que han estudiado el tema, se ve año a año una desfinanciación progresiva. En enero de este 2023 Paula Casas, entrevistando no solo a representantes del Gobierno sino a investigadores universitarios, explicaba lo que busca el proyecto de ley: que la asignación de presupuesto vaya más allá del ajuste de la inflación y se incluyan gastos y costos antes mencionados, pero también que aparezcan las instituciones técnicas y tecnológicas en el mapa y con financiación. Si se logra, no solo de avanzaría en la meta de cupos en educación superior y con ello en la cobertura y gratuidad. Llegarían contrataciones de nuevos profesores y en esa línea se estaría atacando directamente un problema estructural que tiene Colombia en materia de empleo.
¿Qué decían rectores de universidades? Alejandro Álvarez Gallego, rector de la Universidad Pedagógica, le dijo a El Espectador que la principal expectativa que tenían en ese momento era que el Estado “nos entregue la canasta educativa, es decir, lo que equivale al costo de operación por estudiante real. Ahí se suma nómina de profesores, trabajadores y funcionarios, costos de actualización y tecnología, gasto en investigación y el mantenimiento de la infraestructura, entre otras cosas”. Sin esos valores, aclaró, la educación pública seguiría enfrentando un desfinanciamiento histórico.
Mientras tanto en el país también se ambientaba la discusión con los costos de la reforma pensional desde el mismos ministerio de Hacienda, a quién tocaría, por ejemplo; además de conversar, justo en paralelo, de la reforma laboral y sus impactos en un país con alta informalidad (tan solo en abril era del 55,8 %):
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Todas las reformas, después de tantos años, se necesitan, sin duda, porque otro era el mundo que había cuando nacieron en sus versiones originales. Las dinámicas de producción en la economía cambiaron sustancialmente con la llegada masiva de la tecnología, las tasas de natalidad bajan, los jóvenes ya no quieren durar toda su vida en el mismo trabajo, hoy estamos hablando de nómadas digitales que van de país en país y hasta los más osados dicen que las profesiones del futuro están por crearse. Así que el debate laboral como el pensional es más que necesario. El 15 de marzo construimos este extenso El Espectador le explica en donde precisamente explicamos, detalladamente, lo que hasta ese momento conocía el país de esas dos propuesta de reforma.
Ese día contextualizamos con dos puntos: para ese momento la reforma laboral ya tenía su primer borrador que había sido redactado por el equipo del Gobierno, surgieron unas primeras recomendaciones, se le hicieron ajustes después de escuchar a, entre otros, sindicatos e industriales; pero no se había logrado la concertación en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En otras palabras, la totalidad del articulado no convencía a los empresarios. ¿Qué decía? La lista es larga, pero aquí contamos algunos apartes: Pago de domingos y festivos completo, es decir, al mismo valor de un día laboral. Jornada nocturna iniciaría a las 6:00 p. m. Impulsar la contratación a término indefinido para hacerla “la regla general”. El procedimiento para aplicar sanciones o para terminación del contrato crece y se especifica con “presunción de inocencia, proporcionalidad y derecho a la defensa”. Se deben cumplir siete pasos para todo este proceso. La extensión del contrato a término indefinido cobijará a los contratos que no sean especificados, por escrito, como de término fijo (artículo 47).
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El otro punto tenía que ver con la reforma pensional. De esa, “que ha sido motivo de discusión desde tiempos de la campaña presidencial y sobre la que todo el país hablaba a partir de supuestos, pues sobre esa ya se conocía el primer borrador oficial que se hizo público el martes 14 de marzo”. Venía la tarea de sentarse con todos los actores del sector, razón por la cual se radicaría el 22 de ese mes y no el 16, como se tenía planeado, una vez se diera esa conversación con, por ejemplo, los fondos privados de pensiones, actores protagonistas del sistema pensional. ¿Qué decía ese borrador de reforma pensional? Serían cuatro pilares (pasamos de tres a cuatro): solidario, semicontributivo, contributivo y uno de ahorro voluntario, en donde se leía una renta a las personas mayores de 65 años que no alcanzaron una pensión; también que se “otorgará una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una Administradora de los Fondos de Pensiones”; y se mezclaban las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y Colpensiones.
Entonces entrevistamos a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones privados. Decía que el documento del Gobierno no había sido concertado con ellos y que incluso a él no lo dejaron entrar a una reunión de presentación con los detalles. La reforma dice que todos los afiliados al sistema coticen de uno a tres salarios mínimos a Colpensiones y de ahí en adelante a alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Karen Quintero, quien lo entrevistó, explicó que básicamente “en Colpensiones, por la forma en la que se calculan las mesadas, hay una especie de subsidio que paga el Estado”. Asofondos también lanzaba propuestas y en ella decían que el Gobierno podría entregar este subsidio a todas las personas, como plantea el documento, pero que los afiliados puedan seguir cotizando en donde prefieran, o sea, que no se tengan que trasladar obligatoriamente”.
Íbamos de aquí para allá y de allá para acá en conversaciones paralelas. El 28 de abril la ministra de Educación, Aurora Vergara, instalaba la mesa permanente para discutir la reforma a la Ley 30. ¿Quién estaría allí? Estudiantes y rectores del Sistema Universitario Estatal, la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas (REDTTU), el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), así como líderes de movimientos estudiantes, sindicatos de profesores, entre otros voceros, contaba la redacción de Educación. “Esta es una apuesta que busca fortalecer una cultura de diálogo y respeto por las diferencias. Estamos trabajando por el derecho a una educación de calidad que permita garantizar el financiamiento de las instituciones de educación superior, aumentar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, fortalecer la infraestructura educativa y llevar oferta de educación superior pertinente a los territorios que más lo requieren”, dijo la ministra.
Para el 30 de abril ya había salido Carolina Corcho del ministerio de Salud y esa reforma estaba en cuidados intensivos. Llegaba Guillermo Alfonso para calmar las aguas y extender puentes. ¿Qué decían los líderes de los llamados tanques de pensamiento sobre las reformas? Cambiar implica justo eso, dejar de hacer lo que se está haciendo actualmente, así las cosas, siempre habrá contentos y descontentos con las propuestas. ¿Quién estaba en cada lado?
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Opiniones, muchas. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, aseguró que la reforma laboral podría ser la oportunidad de combatir la pobreza y cerrar brechas sociales por medio de la generación de empleo. Que veían oportunidades, como agremiación, en la prestación de servicios, emprendimientos y nuevas industrias, donde se debe crear la forma de que estos crezcan porque de lo contrario se afectarían a las micro y pequeñas empresas. Recordaron que el empleo formal es la mejor forma de combatir la pobreza y que el documento que pretende servir de hoja de ruta para la modificación del Código Laboral debe fortalecer vínculo entre desarrollo social y productivo que permita a colombianos tener ingresos sostenibles y empresas viables que representan el 84% del empleo en Colombia.
El presidente Gustavo Petro, el 11 de junio, dijo que para la legislatura que comienza este jueves llegará la reforma a la educación. “Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”, dijo Petro. De acuerdo con Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación, estas mesas de diálogos regionales se realizarán a través de asambleas estudiantiles que se llevarán a cabo durante junio y julio. El propósito, dijo, es “contar con la mayor participación de la comunidad educativa, deliberar y generar consensos en torno a lo que debe incluirse en la Reforma integral a la Ley 30 de 1992″.
Entonces los colegas de Negocios, el 11 de junio, hicieron un alto en el camino y nos contaron sobre las iniciativas económicas de este Gobierno. Para ese instante la Comisión Séptima del Senado había aprobado el informe de ponencia de la pensional, mientras que la laboral esperaba su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Petro anunció que para el segundo semestre de este año llevará al Congreso un proyecto de reforma a la ley 142 que regula la prestación y tarifas de los servicios públicos en el país. No se conocen detalles, pero por razones evidentes tocaría acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, alumbrado público y distribución de gas tal como están definidos en la ley 42 de 1994.
Lo que sí había visto el país era que “desde el año pasado, el Gobierno ha intentado intervenir los servicios públicos, especialmente, para tratar de bajar el precio de la electricidad en el país. Desde enero, las intenciones del presidente Petro quedaron claras: “Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo. Entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia””.
Por el lado del sector de Minas también había era preciso recordar un anuncio hecho a finales mayo: “Luego de un proceso de diálogo y concertación con la ciudadanía, el Ministerio de Minas y Energía anunció, al cierre de la Cumbre Nacional Minera, la radicación en el segundo semestre de 2023, del proyecto de ley para modernizar el sector minero en el país y transformar los conflictos socioambientales heredados de la actual legislación en oportunidades para construir paz y justicia”. Tendría actualización del catastro minero y articulación con el catastro multipropósito; reconocimiento de la minería ancestral con la caracterización de la población que trabaja en ese sector, armonización con la protección de los ecosistemas, las poblaciones y una mayor certidumbre jurídica a la industria en general.
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El 14 de junio “la Comisión Séptima del Senado dio luz verde” para que la propuesta de reforma pensional fuera debatida en plenaria. Se aprobaron en primer debate, “los 94 artículos que la conforman, dejando en manos de la plenaria del Senado el futuro de esta propuesta de pilares que le apunta, entre otras cosas, a brindar una mayor protección a los adultos mayores, así como reconocer que a las mujeres les cuesta más obtener una pensión”, escribieron los colegas de Economía.
¿Qué pasaba en paralelo en el Congreso? ¿Cuál fue la posición de los empresarios sobre la aprobación de la ponencia de la reforma laboral? ¿Qué decía la OIT sobre la laboral? Las sesiones ordinarias terminaban el 20 de junio y, como lo había dicho Roy Barreras antes de salir de su cargo, el tiempo estaba muy corto para aprobar las reformas con iniciativa del Gobierno. Así fue. La laboral no logró y se hundió:
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El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue claro con un “volveremos a presentar la reforma laboral el 20 de julio”. “La falta de quórum terminó hundiendo la reforma laboral”, escribió Diego Ojeda, “la oposición manifestó que no apoyaría una reforma que no genera empleo ni mitiga el problema de la informalidad”, recordó, y que “gran parte de los analistas consultados por El Espectador coinciden en que la gran debilidad de esta reforma fue la falta de consensos, incluso hay quienes se atreven a calificarla de “imposición””. Y soltó una opinión sustentada en hechos: “Esto, a la verdad, tiene una parte que es falsa y otra que es cierta. Es falsa porque la reforma sí fue ampliamente divulgada antes de su radicación. La construcción de la misma contó con la participación de la ciudadanía y actores del mercado laboral; pero a la vez es cierta, porque no fue concertada”.
¿Qué debería tener el próximo documento? Aquí va una propuesta: “Uno de los problemas claros que demuestra la falta de capacidad que tiene la economía en la generación de empleo, es la alta incidencia de los trabajadores por cuenta propia en la economía. Creo que una reforma debería ir orientada a estos aspectos sin olvidar una mirada a largo plazo incluyendo temas como la digitalización, y la transición hacia economías verdes y sostenibles”, dijo el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Andrés García Suaza.
El miércoles 21 de junio “se conoció el decreto con el que se establecieron las sesiones extraordinarias con los que cerrará el primer período legislativo de este Congreso. Allí no se incluyó la reforma a la salud como parte de los debates, uno de los proyectos más importantes para el Gobierno de Gustavo Petro”. Nos contaba la redacción de Salud que “de acuerdo con el reglamento del Congreso de la República, el proyecto podrá ser retomado para entrar a discusión en plenaria de Cámara para su segundo debate, pues no ha sido archivado y apenas cumple su primera legislatura. Eso sí, de no ser aprobado durante el próximo año legislativo, deberá iniciar nuevamente su trámite en 2024″.
Es momento de recordar que la reforma a la salud busca que la administración de los dineros de la salud pase completamente a manos de la Adres (el banco de la salud), de esa forma sería el gran pagador del sistema y asumiría la mayoría de las funciones que hoy cumplen las EPS, que se convertirían en Gestoras de Salud y Vida. Se habla también de la creación de dependencias regionales para la administración de salud y recursos del sistema, y del papel de las organizaciones “que tendrían que enfocarse en los territorios del país en los que tengan mayores capacidades de atención. Allí también surge la duda sobre aquellos territorios en los que no hay una buena capacidad de atención. Durante la transición, los afiliados al sistema en estas zonas, según la reforma, pasarían a Nueva EPS”, contaron los colegas de la sección Salud.
Juan Diego Quinceno, quien ha cubierto el debate desde el inicio, escribió este texto para recordar que aunque la reforma a la salud fue frenada, por el momento en el Congreso, el Gobierno siempre le ha dado protagonismo a Nueva EPS en el nuevo sistema de salud que quiere impulsar. Esta entidad podría llegar a tener 20 millones de afiliados. Quinceno detalla que, de aprobarse tal cual y como está, los colombianos tendríamos que convivir con dos modelos, el viejo y el nuevo, durante un período, una transición que según la administración Petro podría durar dos años, tiempo en el que las hoy EPS tendrán que convertirse en Gestoras o salir del sistema. Pero, por ahora, no hay nada aprobado. Esta reforma tiene muchos detractores que, con argumentos, han defendido por ejemplo la permanencia de las EPS, pero ya es de vieja data decir que una cosa es lo entra y otra lo que sale en estos debates del legislativo.
De cada 100
Se acabaron las sesiones extras y la pensional también alcanzó a cursar todos los debates. Asofondos, entonces, hizo nuevamente recomendaciones al documento: “El primer aspecto que la asociación recomienda que se revise es el que tiene que ver con la propiedad del ahorro, ya que, al dividir el pilar contributivo en dos y obligar a que las cotizaciones correspondientes a los 3 primeros salarios mínimos vayan a Colpensiones, lleva a que la porción de la cotización correspondiente a esos salarios deje de ser propiedad individual. Asofondos cree que el 90% de los trabajadores, de forma inmediata, quedará sin esta propiedad de su flujo de ahorro”. Pero, como en todas las reformas, hay que esperar la discusión en el seno del Congreso.
Comenzaba julio y “siete rectores de universidades públicas se pronunciaron frente a la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Dijeron que era urgente avanzar con el trámite y, entre las peticiones que le hicieron al Gobierno de Gustavo Petro, hablan de que es necesario que se cuente con tiempos y garantías suficientes para que las comunidades participen adecuadamente del debate”.
¿Qué prometía Petro en La Guajira, justo en la semana en la que el alto Gobierno se trasladó al departamento para despachar desde allá? ¿Qué pasaba en el sector salud y en uno de los principales gremios que, precisamente, fue actor clave en la discusión de la reforma a la salud? Rectores de universidades hicieron propuestas para agregar al debate de la reforma educativa y desde ese ministerio de confirmaba que dicha actualización a la Ley 30 se radicaría en el Congreso el 20 de julio.
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Y, en medio de lo que ya pasó por el Congreso, unas porque se hundieron y otras porque siguen con vida, y en la previa del nuevo periodo legislativo, hay otro capítulo determinante para tener en cuenta: la pelea por las jefaturas del Congreso. El pasado 12 de julio la redacción Política nos decía que la “Alianza Verde tiene tres fichas y un cuarto nombre en juego; le corresponde comandar el Senado. Y en el Partido Liberal hay tres pujando por estar en la Presidencia de Cámara. El Gobierno sigue de cerca la controversia y espera alguien afín a sus intereses en esas dignidades”. La decisión, se supone, se tendría que tomar el 18 de julio.
Era preciso también hablar con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues sobre su espalda recae la carga de hablar con cada congresista para buscar los votos a favor que necesita el Gobierno para que sus reformas sean aprobadas. Fue claro en que “la administración de Gustavo Petro no está pensando en una constituyente ni en gobernar por decreto si su agenda legislativa fracasa en el Capitolio”. Puso el espejo retrovisor y sacó cuentas: “Recibo un Ministerio del Interior en un momento de crisis. Hoy puedo decir que hay un rompimiento de la coalición y, a pesar de esa crisis y a pesar del rompimiento, logramos sacar de las comisiones la reforma pensional y la reforma a la salud, y logramos sacar el Plan de Desarrollo”.
Cindy Morales, de Colombia+20, escribió un texto sobre el año que cumplían las curules de paz. Una acción en “cumplimiento de uno de los puntos del Acuerdo de Paz de 2016″ que significaba “la materialización de la participación política para quienes fueron más azotados por la guerra”, contaba. ¿Cuál fue el balance? “Su trabajo se ha centrado en proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz o con necesidades de sus territorios. Por ejemplo, al menos 13 representantes son coautores del proyecto sobre el fortalecimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) —cuyo objetivo es transformar los 170 municipios priorizados por ser los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas, y son justo las mismas zonas de las circunscripciones de paz—. También han propuesto aceleración de los trámites para la restitución de tierras, tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores de plantaciones de uso ilícito, planes para vivienda rural, incentivos al agro y el proyecto para el reconocimiento, perdón y reparación de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras”.
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Ad portas de este nuevo periodo en el Congreso, los observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana, ya lanzaron su propuesta de la que se llamó la reforma laboral 2.0. “El texto habla de salarios diferenciales y se mantiene cauto con costos como los recargos nocturnos o dominicales”, que ha sido uno de los temas espinosos desde que se está conversando sobre dicha modificación.
Y por el lado de Justicia, también entrevistamos al ministro Néstor Osuna. ¿Qué dijo en esta conversación con El Espectador? Ley de sometimiento y de humanización de prisiones está en sus tareas. Por ejemplo, dice que en su política de drogas considera importante proponerle a la población afectada por las drogas un suministro controlado, tal como hizo el presidente Petro durante su alcaldía en Bogotá. Asimismo, encontró viable reforzar la Ley de Justicia y Paz, creada para el desarme paramilitar, como modelo para someter a los grupos criminales, nos contaron los colegas Sebastián Cote y David Ortega, quienes conversaron con él.
Sobre política de drogas, dijo: “Ese proyecto entronca con todo el proyecto de reforma agraria. Una parte de la compra de tierras dentro de la frontera agrícola estará priorizada para el traslado de personas que están en zonas cocaleras. Eso para quienes voluntariamente quieran aceptar ese traslado. Para quienes quieren permanecer en los territorios que hoy en día explotan, en los que hay que admitir que la enorme mayoría no tiene la propiedad, entonces sí estamos buscando fórmulas para que se les pueda titular, una vez ingresen a ese programa de tránsito a la legalidad. El proyecto va en dos caminos: el primero, sustituir cultivos de hoja de coca por cultivos de una actividad económica dentro del circuito legal; y segundo, dedicar el cultivo de hoja de coca a los usos lícitos de la planta”.
¿Qué contó sobre la ley de sometimiento? “Las conversaciones con esas estructuras criminales que no tienen carácter político han sido muy abiertas, en el sentido de que algunos grupos quieren algo y otros piensan diferente. Con algunos las conversaciones han avanzado y con otros son muy incipientes. Eso me sigue llevando a la convicción de que es muy necesario tener ese marco jurídico ya. Uno puede discutir un acuerdo de paz con un grupo rebelde, pero con estructuras criminales se deben delimitar los términos del sometimiento a través de una información jurídica clara; unas rebajas de pena así, con determinadas condiciones y ante ciertos jueces”.
Por ahora y en la previa de este 20 de julio, con el telón de fondo que deja la renuncia de la ministra de minas y energía, Irene Vélez tras varios escándalos en su contra con el más reciente relacionado con el uso y poder de su cargo para que su hijo menor de edad saliera del país sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley; se sabe que con la llegada de este nuevo periodo legislativo estará nuevamente agitada la agenda. El ministro Osuna se refirió a las que le competen: “La de humanización de prisiones se radicará tal como quedó en las ponencias para el primer debate. A la de sometimiento de grupos criminales creo que vale la pena darle una revisión adicional. Varias voces, como el Alto Comisionado para la Paz y algunos congresistas, han dicho que, probablemente, sea más sencillo prorrogar el régimen de Justicia y Paz. Para mí eso tiene el inconveniente de que ese sistema está pensado para los sometimientos individuales. Pienso que para los que están pensando en entregarse es más o menos lo mismo, pero con otro nombre”.
Mañana se deben definir las cabezas del Congreso, pues ahí están las fichas que pueden influir a favor o en contra de las reformas del Ejecutivo. Por ahora se sabe que este 20 de julio o en los días que vienen, entraría la reforma a la educación, a los servicios públicos, al código minero y la laboral 2.0. Sigue su curso la de salud y la pensional. El país, en su mayoría, votó por la propuesta de cambio, así que tiene todo el sentido que se esté buscando ese cambio vía reformas, pero ojalá con participación de todos una lógica que piden líderes gremiales y otros actores principales de los distintos sectores que se están tocando. Al final, todo está enlazado, porque la educación influye en el empleo, el de calidad, que se relaciona con el ambiente laboral más sano, el mismo que sostiene el modelo pensional. Si el costo de los servicios públicos baja de precio, a quién le podría caer mal una decisión así, claro, asegurando la confiabilidad de todos estos sistemas. Si la industria minera se entiende en una mejor relación con el medio ambiente, ganamos todos y, aunque parezca obvio, pero hay que enfatizar en ello: ¿qué colombiano o colombiana no quisiera vivir en paz sin tener que sufrir esta violencia de las guerrillas y bandas criminales?
Muchos proyectos llegan a este Congreso. Estaremos aquí para contarles, desde cada uno de los equipos periodísticos, cómo nos tocan estas reformas, qué se aprueba, qué sale; cómo votan los congresistas, qué opina la oposición, qué cambios sustanciales para la sociedad, para la economía, para el país salen de la relación Ejecutivo – Legislativo.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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