El espejo retrovisor de la seguridad

Las dificultades por las que atraviesa el país en materia de seguridad, especialmente las causadas por las llamadas bandas criminales (Bacrim), alborotaron el ambiente político. Y el detonante fue una carta del expresidente Andrés Pastrana al senador José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, en la que, al tiempo que le reclama por sus críticas al actual gobierno en su manejo de la seguridad, refuerza su comentario que ya hace carrera en los círculos de opinión, en el sentido de que las Bacrim son el legado del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Pastrana calificó de irrespetuoso e inconveniente que se insinúe que el presidente Santos no está al frente del tema de seguridad. Y cobrando que en su gobierno “se realizó la más grande transformación de las Fuerzas Militares, base de la seguridad democrática”, cuando precisamente Santos era ministro de Hacienda, le aplicó otro dardo a Salazar, al precisar que seguramente está añorando “un estilo más estridente e histriónico en el manejo del tema”. Clara alusión al expresidente Uribe, uno de cuyos principales colaboradores fue el senador conservador.

La controversia entre el expresidente Pastrana y el jefe del Directorio Nacional Conservador deja ver el dilema por el que hoy atraviesa la colectividad azul, entre quienes fueron aliados naturales de Uribe y aquellos que buscan el reacomodo en la llamada Unidad Nacional que lidera el propio presidente Juan Manuel Santos. A esta última tendencia se acerca más Pastrana, no sólo por su reconocida confrontación con Uribe, sino porque cree que el conservatismo tiene que rodear a Santos y su gestión.

Pero más allá de la pelea casera, el análisis de responsabilidades frente al actual desafío de las Bacrim ya puso a debatir a otras vertientes políticas. Ayer mismo, el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, tras respaldar la decisión del gobierno Santos de lanzar una ofensiva contra las Bacrim en el departamento de Córdoba, sostuvo que esas bandas emergentes no son más que el reciclaje de los grupos paramilitares que se acogieron a los programas de desmovilización amparados en la Ley de Justicia y Paz del anterior gobierno.

Casi de inmediato replicó el codirector del Partido de la U, senador Roy Barreras, quien calificó de “sesgadas e injustas” las acusaciones contra el expresidente Uribe y explicó así lo que en su opinión originó las bandas criminales: “En todos los países donde hay posconflicto y se desmantelan grandes grupos armados ilegales, desgraciadamente algunos de los miembros de estos grupos se reciclan en bandas criminales que el Estado debe combatir como delincuencia común”. Barreras observó que es un error desmontar los éxitos de la seguridad democrática de Uribe.

En medio de la discusión política hay una realidad de fondo: las bandas criminales constituyen hoy el mayor desafío para la sociedad y el Estado, porque en ellas se encarna el verdadero enemigo: el narcotráfico. Por eso, cuando se encara el problema con espejo retrovisor o políticamente se acuña como herencia de algún mandato, necesariamente se debe concluir que las Bacrim son el acumulado de un largo proceso de confrontación contra las distintas organizaciones ilegales que han sostenido a través de los años el tráfico de estupefacientes.

En ese sentido, sin que ese sea su propósito, cada gobierno le traslada al siguiente un problema distinto que al tratar de solucionar genera uno nuevo. Para la muestra, basta mirar lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Cuando llegó al poder César Gaviria, en 1990, la urgencia era detener el narcoterrorismo de Pablo Escobar. La confrontación se hizo por dos vías: la militar, que finalmente acabó con el capo, y la de la política de sometimiento a la justicia, que les permitió a varios narcotraficantes saldar sus delitos con laxas penas.

En la era Samper se heredó lo bueno y lo malo. Las negociaciones de las penas que facilitaron a varios capos del Valle ponerse a buen recaudo en la cárcel por pocos años mientras reorganizaban el negocio, y el modelo que sirvió de base para uno de los mayores desatinos legales en la historia reciente: las Convivir. Tras la mampara de la lucha contra la insurgencia, el paramilitarismo terminó por cooptar el invento y al mismo tiempo le permitió disimular su presencia activa en el negocio del narcotráfico. Como si fuera poco, Samper terminó enredado en el proceso 8.000.

Cuando llegó Pastrana, las Farc ya llegaban a las puertas de las ciudades y los ‘paras’ crecían a sus anchas. El 8.000 había obrado como un cernidor, pero la política tradicional pudo reacomodarse. Entonces vino la experiencia de la zona de distensión, y mientras el gobierno trataba de convencer a la guerrilla de entrar en razón y hasta estudiaba la opción de una Constituyente mitad Estado mitad Farc, en el norte del país el paramilitarismo y sus aliados políticos, después de muchas masacres, pactaban a su forma la refundación de la patria.

Es cierto, de la mano del Plan Colombia, Pastrana impulsó la reingeniería de las Fuerzas Militares y eso le sirvió a Uribe para el éxito de su política de seguridad democrática. Pero también dejó un país donde la muerte se paseaba a sus anchas. La guerrilla, con una soberbia sin límites que a punta de crímenes y secuestros tiró por la borda su opción de paz, y los ‘paras’ con todo organizado para cooptar el Congreso, las asambleas, los concejos y las alcaldías. Con los dos, el narcotráfico indemne.

Y luego vino la era Uribe, cuando se le aplicó toda la fuerza del Estado a la insurgencia, pero se embarcó el país en la azarosa aventura de tratar de resolver el desafío criminal del paramilitarismo por la vía de la negociación política. De una y otra acción, la herencia quedó en manos del presidente Santos. El reto de hoy se llama las bandas criminales, legado y nueva cara del narcotráfico. Un desafío de seguridad pública que reedita un dilema de más de 20 años con muchos dirigentes que se reacomodan en el poder cada cuatro años.