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Aunque a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), le han criticado el hecho de que se atribuya la formalización de más 1,4 millones de hectáreas, cuando le preguntan por el tema se mantiene firme en la cifra. Aunque para el Ministerio de Agricultura la formalización va en poco más de 320.000 hectáreas, Vega asegura que ha culminado varios procesos que las administraciones pasadas habían dejado inconclusos. “Eso es como una persona que tiene una herencia, pero nunca le notifican. O cómo alguien a quien la EPS le autoriza una cirugía, pero nunca se la hace”, comenta sobre el tema.
El primer caso relacionado en la denuncia penal, conocida por El Espectador, es el de la sentencia de restitución de tierras a favor del señor Félix Alfonso Rincón, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). De acuerdo con el documento, aunque la sentencia tiene fecha del 12 de enero del 2017, cuando se le ordenó al Incoder (ahora ANT) que se le adjudicaran las 86 hectáreas al reclamante, el fallo se cumplió apenas el 4 de agosto de 2023. Eso, a pesar de que la sentencia le daba 45 días a la entidad para que comenzara el proceso de restitución, “pero pasaron seis años”, sentenció Vega.
Como esos casos, la Fiscalía recibió otros 78 que sumó al expediente que tiene en curso por supuesto prevaricato por omisión. En la denuncia, también quedaron relacionados los directores de dependencias como la Subdirección de Acceso a Tierras por Demandas y Descongestión, Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas y la Oficina Jurídica de la entidad de los últimos seis años.
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El actual director explicó: “Lo que hemos pretendido hacer es un mapeo de casos en los que existieron dilaciones injustificadas para cerrar los procesos de formalización de tierras”. Y aunque sus hipótesis por las posibles demoras para terminar los procesos son apenas especulaciones, mencionó que la información oficial que tiene de la entidad es que el expresidente Iván Duque “buscaba hacer eventos grandes para entregar todos los títulos, pero si no había eventos, no hacía la formalización y la gente quedaba sin ese acceso a la tierra”.
Pero más allá de la discusión técnica y numérica que sostuvo con la ministra Jhenifer Mojica por las cifras y los resultados en agosto de este año, aseguró que sus antecesores dejaron avanzados varios procesos de formalización, pero “les faltó la estocada final, que era entregarle el título a las familias para que puedan hacer uso, ahora sí, del predio”. Se refiere a 750 sentencias de restitución de tierras y más de 500.000 hectáreas cuyos procesos de titulación arrancaron entre el 2016 y el primer semestre del 2022, pero que, según resoluciones de la ANT, fueron cumplidas en el primer semestre del 2023.
Las denuncias versan sobre esos hechos. La primera fue interpuesta el 31 de julio de este año y la segunda el 25 de septiembre; de ambas, la Fiscalía ya solicitó ampliación a Vega y guarda copia de los expedientes. Este diario pudo confirmar que ninguno de los dos exdirectores de la ANT (Myriam Carolina Martínez Cárdenas, 2018-2022, y Miguel Samper Strouss, 2016-2018) ha sido notificado de estar vinculado al proceso.
En todos los casos, la representación jurídica de la ANT argumentó que se generaron alertas porque, “pese a ser una orden cumplible, se evidencia un tiempo considerable, que en ocasiones supera los dos o tres años, período en el que no se profirió resolución de adjudicación que evidenciara el cumplimiento a cabalidad de la orden”, se lee en uno de los documentos.
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Hay varios casos en los que se escarba incluso en la posible responsabilidad de exfuncionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que funcionó hasta 2016, sobre procesos que quedaron en las fases finales, pero tardaron casi una década en materializarse para las familias. En Mampuján (Montes de María, Bolívar), por ejemplo, los procesos de restitución de tierras cobijan toda la región. Y uno de los más icónicos es el de las víctimas de la masacre de Las Brisas, en el año 2000.
Por este caso, una de las reclamantes es la señora Etelinda García Rodríguez, pues los paramilitares asesinaron su esposo y dos de sus hijos. Su caso llegó hasta Justicia y Paz y el proceso de búsqueda de la verdad la llevó a enfrentar a Edward Cobos, conocido en la guerra como Diego Vecino; de hecho, la sentencia de restitución a su favor tiene fecha del 26 de junio del 2014, aunque en los papeles de la ANT el proceso fue suspendido por casi una década y apenas comenzó su etapa de resolución final el 28 de junio pasado; es decir, nueve años después de la orden judicial.
Otro de los casos que remiten allí es el de la familia Pérez Barrios, en Carmen de Bolívar. De acuerdo con la ANT, aunque hay una sentencia favorable emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito en 2016 y ratificada en 2020, no hay rastro del documento que dé cuenta que les notificaron la sentencia a los familiares, a pesar de que la orden judicial indicaba que en 10 días hábiles se debía adelantar el proceso.
En el documento que tiene la Fiscalía, advirtieron que el cumplimiento de la resolución se dio apenas el 22 de septiembre pasado. “No se tiene conocimiento de la fecha de notificación de la sentencia, pero por medio de dos memorandos se evidenció que se solicitó a la oficina jurídica modular el fallo, porque en la sentencia no se especifica el área que le corresponde a cada beneficiario por inconsistencias en los números de documentos”. Por estos casos, que describen detalladamente en un documento de 57 páginas, la actual dirección de la Agencia Nacional de Tierras le pidió a la Fiscalía que investigue si hay conductas punibles por omisión en algunos de esos procesos en todos los exfuncionarios y exdirectivos de la entidad. En un documento, en poder de este diario, se evidencia que el caso está activo y fue asignado al despacho de la Fiscalía 70 seccional de Bogotá desde el 8 de agosto pasado. En la Procuraduría, por su parte, no hay expedientes abiertos.
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Miguel Samper, exdirector de la ANT, le confirmó a este diario que no ha sido vinculado ni notificado. “No creo que haya sido por actuaciones mías, porque si el doctor Vega quiere que le expliquemos algo sobre mi gestión solo tiene que levantar el teléfono y preguntar”, afirmó. Sobre el proceso penal que hay en curso, Samper dijo que el actual director debería demostrar el dolo o la intención de cometer un delito por parte de los exdirectores. Es decir, presentar pruebas que evidencien que omitieron su trabajo con alguna intención.
Lo cierto es que en las bodegas de la Agencia Nacional de Tierras quedan toneladas de documentos y títulos que no se han entregado a los beneficiarios. Según Gerardo Vega, en los últimos 15 meses han firmado 10.997 títulos que venían en trámite desde otras administraciones. “Encontramos esos títulos, nosotros con presupuesto nuestro, con trabajo nuestro, los entregamos. Es como el que encuentra un puente hecho a la mitad, pues lo termina”. Mientras el trámite administrativo avanza, la Fiscalía continuará la investigación contra los exdirectores.
Por Valentina Parada Lugo
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