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Figuras de la política colombiana como Gustavo Petro, Samuel Moreno, Daniel Quintero y Piedad Córdoba, entre otros, han tenido una guerra contra la Procuraduría por destituirlos o suspenderlos de sus cargos y, en algunos casos, inhabilitarlos para ejercer cargos públicos. La lucha entre funcionarios electos por voto popular y el ente de control, se vio mucho más marcada en la última década, en la que se llegó a alegar una persecución política por parte del ente de control y que resultó en acciones legales. Ahora, la Corte Constitucional destraba uno de los pilares fundamentales de este conflicto, quitándole poder al Ministerio Público y dejando en manos de jueces de la República sanciones como inhabilidades y destituciones.
En septiembre de 2010, la senadora Piedad Córdoba fue destituida de su cargo por el entonces procurador general Alejandro Ordóñez, por supuestos nexos con la hoy extinta guerrilla de las Farc. Tres años después, en diciembre de 2013, Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá, por “faltas gravísimas” al implementar un nuevo esquema de recolección de basuras en la capital. Bajo esa misma administración, fueron destituidos casi 800 alcaldes y más de 20 gobernadores en todo el país. En 2022, con Margarita Cabello en cabeza de la Procuraduría, fue Daniel Quintero, alcalde de Medellín, a quien apartaron del cargo por supuesta participación indebida en política, y así varios casos más. Con lo dicho por la Corte, situaciones como estas no volverían a repetirse.
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En muchos de estos casos, los afectados alegaron que el ente de control no tenía la competencia para aplicarles estas sanciones y aseguraron que eran víctimas de persecución política. Esto fue revisado con lupa por la Corte, pues a través de una reforma a la Procuraduría, Margarita Cabello, apoyada por el expresidente Iván Duque, intentó extender las funciones jurisdiccionales del Ministerio Público. “Se ha entendido que las sanciones disciplinarias contra servidores de elección popular solo pueden imponerse por mandato de un juez de la República, dado que pueden afectar sus derechos políticos”, concluyó el Alto Tribunal, que añade que tienen derecho a la defensa. Estos son algunos de los casos en los que figuras de la política colombiana (en ejercicio de cargos de elección popular) se enfrentaron a la Procuraduría:
Gustavo Petro:
El hoy presidente de Colombia es tal vez el político que más se ha enfrentado contra el Ministerio Público. En diciembre de 2013, cuando era alcalde de Bogotá, Alejandro Ordóñez lo destituyó e inhabilitó por 15 años, por considerar que incurrió en “tres faltas gravísimas” al implementar un nuevo esquema de recolección de basuras en la capital. Con esta decisión, Petro hizo dos cosas: buscar apoyo en la ciudadanía a través de la movilización social y llevara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En abril de 2014, Petro regresó a la Alcaldía gracias a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que determinó que sí se le vulneraron los derechos al entonces alcalde. Asimismo, en el caso de Petro contra Colombia por la destitución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares que le permitieron ganarle la partida a Ordóñez, quien lo quería fuera del cargo. Igualmente, por este caso, la Corte IDH falló en julio de 2020 falló en contra el Estado colombiano.
Piedad Córdoba:
En noviembre de 2008, se le notificó a la hoy senadora del Pacto Histórico que estaba siendo investigada por el ente de control por sus supuestos vínculos con grupos al margen de la ley, siendo aún congresista. Los documentos de la Procuraduría para iniciar el proceso decían que tras la Operación Fénix en 2008 (en la que las Fuerzas Militares bombardearon el campamento donde se encontraba alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Farc), se incautaron tres computadores en donde estaban guardados varios documentos en los que se demostraba, supuestamente, su relación con la guerrilla.
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En esa ocasión, Córdoba fue apartada de su cargo e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años. La lucha de la senadora contra el Ministerio Público duró casi seis años, hasta que el Consejo de Estado anuló la decisión de Ordóñez. El Tribunal dijo que las supuestas pruebas encontradas en los computadores de Raúl Reyes no eran legítimas, pues la cadena de custodia de los aparatos tecnológicos se había violado.
Rodolfo Hernández:
El excandidato presidencial y excongresista de Liga de Gobernantes Anticorrupción también fue uno de los sancionados por la Procuraduría. En noviembre de 2018, cuando el procurador general era Fernando Carrillo Flórez, Hernández fue suspendido de su cargo como alcalde de Bucaramanga, por golpear al entonces concejal John Jairo Claro, quien señaló a la familia de Hernández de incurrir en supuestos hechos de corrupción. En ese momento también fue inhabilitado por cinco meses.
Otra suspensión que tuvo fue en 2019, cuando para las elecciones regionales de ese año se le acusó de participación indebida en política. En esa oportunidad, el excandidato presidencial y entonces alcalde de Bucaramanga, apareció en un video invitando a votar por un candidato en particular. Tras esto, Hernández decidió renunciar a su cargo.
Daniel Quintero:
Para las elecciones presidenciales de 2022, el alcalde de Medellín fue apartado de su cargo por orden de la Procuraduría al considerar que el mandatario de la capital antioqueña habría participado indebidamente en política. Según el Ministerio Público, Quintero mostró su apoyo al entonces candidato Gustavo Petro.
En mayo de 2022, a través de cuenta de Twitter, la procuradora general Margarita Cabello anunció la suspensión provisional de los alcaldes de Medellín y de Ibagué, Daniel Quintero y Andrés Fabián Hurtado, respectivamente. La cabeza del Ministerio Público señaló que tomó esta decisión “por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”. La decisión también cobija a Gustavo Herrera Zapata, concejal de Calarcá, Quindío y Grenfeld Lozano, personero de Nataga en el Huila.
Sin embargo, Quintero regresó a su cargo en junio de 2022, luego de que el Ministerio Público levantara las medidas cautelares en su contra. Aún así, no se le levantó la investigación. Por esto, Quintero dijo que, al igual que lo hizo Petro en su momento, llevaría el caso a la Corte IDH, la cual ya había determinado que la Procuraduría no tenía las competencias para adelantar sanciones de ese tipo contra los funcionarios públicos elegidos por coto popular.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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