El laberinto político y jurídico de la Fiscalía

La Corte Suprema no se quiso meter en el dilema de cuánto tiempo deberá permanecer en la Fiscalía quien salga elegido y se declaró sin competencia para tomar esa decisión. Tampoco lo hizo el Consejo de Estado en su larga sentencia de nulidad de la elección de la exfiscal Viviane Morales. El gobierno del presidente Santos esperaba que alguno de los dos resolviera el asunto para integrar la terna de postulados. Ahora la pelota está en la cancha de la Sala de Consulta del mismo Consejo de Estado, cuyos conceptos no son obligatorios.

Un laberinto jurídico con trasfondo político. Para nadie es un secreto que desde la nulidad de la elección de Viviane Morales, el pasado 28 de febrero, salieron a relucir las rencillas internas en los poderes públicos. Ahora el pulso subsiste porque es mucho lo que se juegan todos con la designación del nuevo o nueva fiscal. Y lo real es que a todos los tomó por sorpresa lo sucedido en los últimos días. Hasta la renuncia de Morales, que les salió adelante a quienes esperaban que se iba a aferrar al cargo con alguna acción judicial.

Entre los cálculos que se tenían previstos para 2012 se anunciaba un duro forcejeo entre Gobierno, Congreso y cortes por la reforma a la justicia, que debe entrar a segunda vuelta en el período legislativo que comienza el 20 de marzo. De hecho, terminando 2011, el asunto había quedado en punta porque los magistrados se apartaron de la discusión sobre los contenidos de la iniciativa e incluso el hoy presidente de la Sala Penal de la Corte, Leonidas Bustos, alcanzó a sugerir que lo que no había hecho el gobierno Uribe lo estaba haciendo el de Santos.

Lo que nadie se esperaba es que se cayera la fiscal por un error de procedimiento en su elección en noviembre de 2010, que 72 horas después ella renunciara y que tampoco el vicefiscal Wilson Martínez se pudiera posesionar porque no cumplía los requisitos. En este vacío institucional terminó ocupando el puesto la abogada Martha Lucía Zamora, quien apenas llevaba un mes como asesora en la Fiscalía. Hoy todas las miradas del poder convergen hacia sus decisiones, en un compás de espera para saber hasta dónde puede llegar.

En círculos políticos se dice que podría ser incluida en la terna que debe presentar el presidente Santos y que incluso hay altos dirigentes que ven con buenos ojos que pueda tener un período individual o institucional al frente del ente acusador. Pero también hay quienes piensan que es mejor no arriesgarse con una fiscal de probadas condiciones como investigadora y penalista. Entre los indecisos, la nota predominante es aprovechar la expectativa que existe actualmente para saber si conviene o no postularla para que siga en el cargo.

Pero como es claro que en esta decisión el Gobierno propone pero la Corte Suprema dispone, en el terreno del alto tribunal también las cargas están equilibradas. Hay quienes confían en sus capacidades, pues de hecho antes de ser asesora en la Fiscalía, Martha Lucía Zamora formaba parte del grupo de investigadores de la Corte en el tema de la parapolítica, pero hay magistrados que quieren otra tónica en las relaciones institucionales con los demás poderes y estarían dispuestos a apoyar otra fórmula que venga desde el Ejecutivo.

En ese escenario se siguen barajando nombres. El de la misma fiscal encargada Martha Lucía Zamora, el del asesor para la defensa jurídica del Estado y exministro de Justicia Fernando Carrillo, el del magistrado de la Corte Constitucional a punto de concluir su gestión Humberto Sierra Porto, el del exmagistrado y exembajador en Ecuador Fernando Arboleda Ripoll o los de los exmagistrados de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre.

Cualesquiera sean los ternados, por ahora todo depende de que la Sala de Consulta del Consejo de Estado opine si el período de la Fiscalía es individual o institucional, porque en esa misma medida, como lo aceptó el propio presidente Santos, depende que unos u otros le acepten ser postulados para el cargo. Y en esta materia, como hoy están las cosas, todo apunta más hacia el período institucional que al individual. Al menos eso es lo que opinan los expertos en estos asuntos.

Por ejemplo, el exalcalde y exministro de Justicia Jaime Castro sostiene que la Constitución es clara en cuanto a plantear que los períodos son institucionales, pero también que esa norma ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones, como sucedió cuando el exfiscal Gustavo de Greiff tuvo que dejar su cargo en 1994 y asumió Alfonso Valdivieso. Hasta los estrados judiciales llegó la polémica para recortarle el mandato al fiscal del 8.000. Al final él tampoco terminó el período por lanzarse a la política.

El constitucionalista Juan Manuel Charry tiene su propia interpretación: “Para mí está clarísimo que todos los períodos son institucionales. Y no es mi criterio, así está escrito en el acto legislativo de 2003. Por eso no tengo dudas. Lo que pasa es que todo empezó a enrarecerse desde que empezaron las tutelas contra sentencias y desde que el gobierno Uribe decidió quitarle su apoyo a la Corte Suprema. Hoy lo que hay son posiciones radicales y todo se usa como pretexto para ahondar las diferencias”.

Más allá de las consideraciones de los especialistas, en el seno del Consejo de Estado, cuya Sala de Consulta va a tener el primer juicio de valor a la hora de decidir sobre la disyuntiva entre el período institucional y el individual, ya existe un precedente a tener en cuenta y de muy reciente debate. En la ponencia que se discutió en la Sala Plena, y que fue derrotada por la mayoría que decidió anular la elección de la fiscal Viviane Morales, hay 12 páginas que precisamente se ocupan de este tema, como quiera que también fue expuesto en la demanda.

En concreto, la ponencia que elaboró el magistrado Alberto Yepes Barreiro hace un análisis pormenorizado de lo que sucedido en el país desde la expedición de la Constitución de 1991 sobre el carácter personal o institucional de los períodos en los cargos de elección, dejando ver cómo la Corte Constitucional, desde sus primeros fallos, hizo claras distinciones entre las dos opciones porque en su criterio cargos como el del contralor necesariamente tienen que coincidir con el del presidente.

Sin embargo, la misma Corte Constitucional admitió que los cargos de los alcaldes y gobernadores tenían un período subjetivo o individual, porque no existe una norma que fijara una fecha o inicio de sus funciones. En el trasfondo de la discusión lo que siempre imperó fue la interpretación de varios artículos de la Constitución Nacional, aunque también desde el principio fue evidente la discrepancia del Consejo de Estado frente a esta doctrina y su inclinación hacia el período institucional.

Ya concretamente, frente al tema del período del fiscal, existe un antecedente de debate. Cuando Gustavo de Greiff tuvo que dejar el cargo en el 94 por llegar a la edad de retiro forzoso y la Corte escogió para reemplazarlo a Alfonso Valdivieso, esta última decisión fue objeto de una demanda de nulidad. Después de una ardua discusión política y jurídica, la Sala Plena del Consejo de Estado concluyó que el fiscal había sido elegido para cuatro años. Por eso continuó en el cargo. El tema quedó cerrado, a menos que se diera una reforma a la Carta.

Y, como lo resaltó el fallido proyecto de fallo del consejero Alberto Yepes, esta reforma se dio. El Acto legislativo 01 de 2003 le añadió un parágrafo al artículo 125 de la Constitución y dejó claro que “los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período que éste fue elegido”.

De esta manera quedó atrás la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y se puso fin a la discusión sobre el carácter personal o institucional de los cargos de elección. En ese orden de ideas, la propuesta que se hizo a la Sala Plena en el caso de Viviane Morales fue que su gestión debía terminar el 31 de julio de 2013, es decir, cuatro años después de dejar el cargo Mario Iguarán, contando el tiempo que estuvo como encargado Guillermo Mendoza Diago.

A no ser que se plantee otra teoría, porque el derecho es cambiante y en Colombia más, estos argumentos tendrían que ser incluidos en el concepto que en breve deberá entregar la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Y de ser así, vuelven y juegan las conjeturas. ¿Podría quedarse Martha Lucía Zamora hasta julio del próximo año? ¿Alguien se le mediría a estas condiciones de una breve gestión? Todo depende de la evolución de los grandes procesos y también de la política. Amanecerá y veremos.

Rumores en la Corte Suprema

Si hay algo claro es que la declaratoria de nulidad de la elección de Viviane Morales como fiscal general por parte del Consejo de Estado sacó a relucir las divisiones internas en la Corte Suprema de Justicia. Aunque nadie se atreve a reconocerlo, los rumores hablan de un pulso entre un grupo de magistrados, que hoy son mayoría, que tendrían una posición conciliadora cansados del desgaste por los duros enfrentamientos del pasado con la administración Uribe y que estarían alineados al lado del presidente Santos.

En otro lado estarían otros, considerados de línea dura, que se inclinarían por dejar a Martha Lucía Zamora hasta el final del período institucional, con el fin de que los procesos que hoy se llevan contra algunos funcionarios del anterior gobierno no se paren. Dicen que el mensaje para la Casa de Nariño es que la terna que se conforme será la decisión más compleja a tomar, por significar la muestra del compromiso del presidente con la justicia.

‘Es grave que la Fiscalía se politice’: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe arremetió esta semana contra la fiscal encargada, Martha Lucía Zamora, tras escuchar su discurso de posesión, en el que dijo que “la ciudadanía puede estar tranquila de que todos los casos siguen sin tropiezo; prueba de ello son las últimas decisiones” (refiriéndose a la acusación contra Andrés Felipe Arias) y llamó al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo para que regrese al país y enfrente la justicia.

Según el exmandatario, sus palabras estaban cargadas de odio, pasión y rabia, y no estaban basadas en el derecho, lo cual es muy grave: “Quieren amedrentar a la sociedad colombiana haciéndole creer que toman decisiones ejemplares teniendo como chivos expiatorios a gente honesta. A mí me parece grave que la Fiscalía se politice y se anuncie esto como los grandes trofeos, en un país donde se va a llevar a la cárcel a gente honorable”, dijo Uribe.