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ESPECIAL PARA EL ESPECTADOR
Desde los años setenta, varias campañas presidenciales han sido señaladas de estar financiadas con dineros provenientes de traficantes de drogas ilegalizadas, lo que ha levantado un manto de ilegitimidad sobre el primer cargo público de la nación. De este modo, la primera articulación del narcotráfico fue con el régimen político, antes que con la violencia del conflicto armado. (Recomendamos: Las conversaciones telefónicas del escándalo de Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia).
Si bien el proceso 8.000 puso en evidencia la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) con dineros del Cartel de Cali, dicho fenómeno, tanto en lo regional como nacional, se insinuaba en casi todas las campañas y los candidatos se señalaban entre ellos. Desde 1977, en los cables enviados por su embajada al gobierno de los Estados Unidos, se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes de campañas presidenciales de periodos anteriores y se planteaba que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos del gobierno era la principal amenaza para «la sobrevivencia de las instituciones democráticas».
Sin embargo, en muchos de esos cables es claro que la preocupación de Estados Unidos estaba relacionada con el compromiso de colaboración de Colombia con las agendas de dicho país (como las políticas de presencia de sus pilotos en operaciones antidrogas, los programas de desarrollo alternativo, la erradicación con herbicidas y la extradición). Mientras tanto, algunos políticos denunciaban que estos señalamientos eran solo rumores.
Según los testimonios recogidos por la Comisión, la entrada de dinero del narcotráfico en las campañas presidenciales fue una de las formas en que el narcotráfico obtuvo poder y control político. En el periodo de la configuración de los carteles de Medellín y Cali, el tema central de disputa política fue la extradición. La Comisión tuvo acceso a documentos del gobierno estadounidense donde representantes y agencias mostraban serias preocupaciones por el nivel de penetración que podían llegar a tener estos dineros en las campañas de 1974, ganada por Alfonso López Michelsen; la de 1978, ganada por Julio César Turbay Ayala; y la de 1982, donde López Michelsen intentó ser reelegido.
Es difícil precisar quién financió a quién, pero es claro que el sistema político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática–sobre todo a nivel regional– y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político.
Los señalamientos por el involucramiento del narcotráfico en la política han salido de los propios narcotraficantes. En julio de1984, el expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) se entrevistó con narcotraficantes en Panamá, donde dijo que ellos «[c]onfirmaron rumores que circulan acerca de cheques que comprometían a funcionarios públicos, recibidos durante la pasada campaña presidencial». La Comisión de la Verdad entrevistó a conocidos narcotraficantes del Cartel de Cali, que confirmaron una frecuente relación y apoyo económico a diferentes políticos, particularmente miembros del Congreso, Senadores y Representantes de quienes entregaron a la Comisión los nombres.
Frente a estas denuncias, el Estado colombiano no ha establecido una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas. Por el contrario, en la década del noventa, el despliegue del narcotráfico y el paramilitarismo detonó en dos procesos fundamentales que terminaron de quebrar la legitimidad del régimen político e inauguraron una nueva etapa donde el clientelismo y la corrupción aumentaron. El primero fue el proceso 8000: en él, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aduciendo falta de pruebas, sobre la responsabilidad del presidente Samper en la infiltración, ciertamente comprobada de dineros del Cartel de Cali en su campaña, ordenó el archivo del proceso que se adelantaba contra el presidente Samper por infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña. El proceso deterioró las relaciones de Colombia con Estados Unidos, situación que puso en juego la estabilidad institucional del país. En este periodo, a pesar de que el Cartel de Cali se desmanteló, floreció con fuerza el Cartel del Norte del Valle.
El segundo proceso ocurrió en la historia política más reciente. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la ley de justicia y paz que facilitó el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, reveló que en 2005 el 35% del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas.
El escándalo de la parapolítica evidenció que el dinero que financió la política regional y nacional también coadyuvó al agravamiento de la guerra y a la corrupción del régimen político colombiano. Se profundizó el daño a las reglas del juego de la democracia y a las maneras de hacer política, debido a la distorsión de una competencia transparente y democrática, y a la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses, entre otras.
Por ejemplo, Salvatore Mancuso estableció una red de alianzas con los actores políticos de Córdoba que contó con la decisión y voluntad de los mismos, sin ejercer la presión de las armas. En la misma región, como le explicó a la Comisión de la Verdad una excongresista acusada de tener nexos con los paramilitares, candidatos al Congreso que no tenían un peso relevante en la política local, tras la inyección del dinero del narcotráfico y el apoyo de los ejércitos privados paramilitares, lograron más votación que los políticos tradicionales, como «Eleonora [que] salió con 82.000 votos en Córdoba que era una locura. O sea, para una muchacha que acababa de ser concejal de Tierralta con 400 votos».
El principal investigador de la parapolítica le relató a la Comisión que una de las pistas que develó la infiltración del narcoparamilitarismo en las elecciones fue la distribución de las votaciones en los distritos electorales de una manera tan estricta que causó sospechas: «O sea, esto no puede ser disciplina electoral, no puede ser que los partidos son tan fuertes y que les atienden tanto las bases que dicen: “Aquí solo votan por Pedro y al lado solo votan por Juan”, y la gente cumple. Esto tiene que ver con algo más».
A pesar del escándalo y las investigaciones de la parapolítica, no hubo una transformación significativa de la cultura o del sistema político del país que desmontara la relación del narcotráfico y el régimen político, vinculación que aún pervive. De estos dos procesos quedaron varios impactos. Por un lado, con el proceso 8.000 los Estados Unidos utilizaron la coyuntura para incidir en la agenda antidrogas del país; y, por otro, en el caso de la parapolítica, emergió una crisis de legitimidad, y aunque 44 congresistas estuvieron en la cárcel, no se ha investigado suficientemente las redes del sistema político que la hicieron posible, ni los partidos que fueron influenciados o cooptados.
La Comisión de la Verdad considera que la penetración del narcotráfico obedece a un entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se funda en el beneficio y la acumulación de capital, pero también en redes clientelistas y relaciones familiares. Tales redes y relaciones, aunque son conocidas de manera informal o se han evidenciado en escándalos sucesivos, no han sido investigadas en profundidad ni desmanteladas.
Estos vínculos son rastreables en Magdalena, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Meta, Boyacá, Sucre, Cesar, Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira, Nariño, Chocó y Santander, lo que evidencia que no solo las periferias, sino también los centros de poder político, han sido decisivos en la consolidación del poder del narcotráfico. En algunos casos, parte de la impunidad y la corrupción se concentraron en el poder del Congreso, donde sedan los principales debates sobre la agenda antidrogas y la extradición, que determinan el rumbo de la misma. Lo que ha permanecido en el régimen político es una estructura constituida bajo las dinámicas de financiación de campañas, pactos locales y nacionales irradiados o convergentes en el Congreso, y complicidades explícitas entre el narcotráfico, la contratación pública y la representación política. La falta de investigación a profundidad del caso del Parqueadero Padilla, de la Oficina de Unicentro y de Funpazcor son ejemplos de cómo no se alteraron las estructuras financieras ni de poder del narcoparamilitarismo en el país.
La función pública ha sido utilizada por el narcotráfico de dos formas. Por una parte, para asegurar la impunidad en la logística ilegal de la operación del narcotráfico, lo que muestra el entramado paramilitar ya descrito por la Comisión y su influencia en el propio sistema de investigación judicial en diferentes momentos de las últimas décadas. Y por otro, para lavar el dinero a través de la contratación pública o de la compra de tierras (esta compra muchas veces ha estado ligada al despojo de población campesina víctima del conflicto armado y en tal despojo han estado involucrados diferentes niveles de organismos e instituciones del Estado, como algunas notarías).
Es importante prestar atención a la impunidad junto con la corrupción en la reproducción y el escalamiento de las violencias del conflicto armado y el narcotráfico, dado que no ha habido mecanismos efectivos para ejercer justicia frente a la violencia que se desató. Como advirtió en su tiempo el procurador Carlos Jiménez Gómez cuando investigó el grupo Muerte a los Secuestradores (MAS), «nuestra misión no era escribir un informe, sino trabajar contra la impunidad». La arremetida violenta de la alianza de políticos y narcotraficantes tuvo un tremendo impacto negativo en la fortaleza judicial del país.
Una forma usada por el narcotráfico para crear alianzas con la política ha sido mediante la influencia en el nombramiento de cargos públicos de especial relevancia. Hay varios ejemplos al respecto. José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS(2001-2005), mantuvo relaciones estrechas con el jefe paramilitar Carlos Castaño, a quien indujo a asesinar al humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999 .
Un exgobernador del Cauca, elegido para el periodo 2004-2008, se vio involucrado en relaciones con los narcoparamilitares del Bloque Calima, quienes incidieron en su elección como gobernador del departamento y en las elecciones a Congreso, también patrocinadas por el paramilitarismo. Jorge Noguera, exdirector del DAS (2002-2005), condenado a 25 años de prisión, tuvo relaciones cercanas con jefes paramilitares de la Costa Caribe como Hernán Giraldo y alias Jorge 40, a quienes pasaba información confidencial si había alguna operación en su contra o en contra de los intereses del narcotráfico (le alertó a Giraldo sobre una investigación que se estaba llevando en su contra por lavado de activos).
Aunque estas prácticas se han hecho habituales en diferentes regiones del país como parte de la política colombiana, numerosos testimonios presentados a la Comisión muestran un deterioro en la manera como la población percibe la función pública y el papel del Estado. Por ejemplo, en algunos pueblos los alcaldes son vistos como funcionarios comprometidos con el narcotráfico, al ofrecer conciertos y eventos públicos: «con eso mantiene como empendejado el pueblo mientras convierte el municipio en un berraco lavadero». Esta percepción del narcotráfico se mantiene en muchos lugares, como en Buenaventura, Valle del Cauca, y en Barranquilla, Atlántico, donde una buena parte de la ciudadanía considera que la política está orgánicamente relacionada con el narcotráfico.
En los casos de la UIAF se relacionan solamente cuatro investigaciones sobre lavado de activos y narcotráfico sobre políticos y funcionarios públicos entre 2015 y 2020. Esta influencia del narcotráfico en la política, sea directa o indirecta, y las formas de legalizar los dineros del narcotráfico a través de las contrataciones públicas, no solo han profundizado la corrupción estructural, sino que han obstaculizado la posibilidad de una apertura democrática.
Así, las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico con la «guerra contra las drogas», focalizándose en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. El modelo de acumulación de capitales a partir de la cocaína ha sido amplio en el país y, en algunos casos, tan frecuente y profundo, que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones.
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