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Una nueva polémica surgió en el país político después del concepto del procurador Alejandro Ordóñez, mediante el que le dio vía libre al referendo reeleccionista. La controversia tiene que ver con la petición que hizo el jefe del Ministerio Público al presidente Álvaro Uribe para que se acoja a las prohibiciones que establece la Ley de Garantías.
Desde la oposición se insiste que el Primer Mandatario debe cumplir con lo que exige la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales). Así lo ha hecho el candidato del liberalismo a la Presidencia, Rafael Pardo, quien el mes pasado les envió una carta a los organismos de control exigiendo su cumplimiento.
De otro lado, desde el uribismo se ha señalado que legalmente al Presidente no lo rige esta norma, pues “constitucionalmente, en este momento, no puede ser candidato”, ha recordado Rodrigo Rivera, uno de los principales promotores de la iniciativa reeleccionista.
Entre los analistas tampoco hay consenso. Por ejemplo, el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto, quien ha dicho que en este proceso no hay claridad sobre cuáles son las normas aplicables y cree que el Presidente debería acogerse a la Ley de Garantías, “pues permite una competencia más igual entre el Presidente en funciones y los otros candidatos”.
Mientras tanto, el constitucionalista Juan Manuel Charry ha repetido que sólo hasta cuando el referendo sea aprobado por el pueblo se tendrá que interpretar la aplicación de la Ley 996 o Ley de Garantías. Por lo pronto, el Presidente Uribe dijo que “se respeta y se acata” el concepto del Procurador y solicitó analizar la posibilidad de suspender la transmisión por TV de los consejos comunales.
Garantías en 2006
Según el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, para las elecciones presidenciales de 2006, la Ley de Garantías se expidió muy cerca de los comicios y tuvo, por lo tanto, cumplimiento parcial. El ex ministro agrega que, por ejemplo, se siguieron transmitiendo por televisión los consejos comunitarios hasta cuando se logró convencer al Presidente de la República de que no podía hacerlo. Luego la suspensión de contratos y el nombramiento de funcionarios empezó a regir, igualmente, con retardo. Para él, la norma fue insuficiente y agrega que en esta ocasión se tendría que expedir otra ley estatuaria.
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