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Dos años no fueron suficientes para que, después del fallo de la Corte Constitucional, el gobierno del presidente Gustavo Petro lograra “revivir” la cartera que fue una de las banderas de la campaña. Hoy, el Ministerio de Igualdad —que en menos de cuatro años de creación tuvo el mismo número de ministros— se enfrenta a dos proyectos de ley fallidos y un proceso de liquidación que tiene a cerca de 600 trabajadores en vilo. Un “fracaso”, aseguran los contradictores de la saliente administración.
La “falta de planeación” rodea el proceso que busca darle fin a esa cartera. No es menor para una entidad que durante su vigencia estuvo atravesada por críticas de baja ejecución y cuotas políticas, así como denuncias de acoso sexual sobre al menos dos viceministros y de acoso laboral y racismo de una viceministra. Todo esto incidió en las discusiones del Congreso, que nunca le aprobó siquiera el primer debate.
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Y como todas las esperanzas estaban puestas en esa discusión, la liquidación no comenzó sino hasta que fue muy tarde. Por ello fue que solo el 19 de junio —cuando el país y el mismo Gobierno estaban inmersos en el posible resultado de la segunda vuelta presidencial—, se oficializó el decreto que reglamentó ese proceso y acabó con la personería jurídica del Minigualdad. Esa misma semana, ya la Procuraduría había realizado una visita a las instalaciones de la cartera y allí, en una reunión con los tres sindicatos y los funcionarios no sindicalizados, se habló de la “falta de planeación institucional” ante la falta de “una estrategia definida con suficiente anticipación para afrontar este proceso”.
En el decreto 0626 de 2026, que cuenta con la firma del presidente Petro, el ministro Germán Ávila (Hacienda) y la directora de la Función Pública, Mariela Barragán, se establecieron los pasos a seguir para liquidar la entidad. Pero todo eso dependía de otra figura clave, cuyo nombramiento se oficializó este 1° de julio: la del exministro Luis Alfredo Acosta como el agente liquidador. En un plazo de un año —por lo que tocaría incluso el periodo del electo presidente Abelardo de la Espriella— tendrá que llevar a cabo esa tarea, recibiendo el mismo salario que devengó cuando era el ministro (poco más de COP 30 millones), y asumirá, una vez más, la representación legal de la cartera.
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“El decreto de liquidación da unas órdenes explícitas de cómo se hacen los procesos de liquidación. Entonces, frente a eso yo espero, ya cuando me posicione, hacer todo un plan estratégico, de rapidez, para responder a esas necesidades. Es un ministerio grande, son 560 personas que [allí trabajaron]. Yo creo que voy a empezar por ahí, por el bien de las personas. Un poco para dejar todo en orden y que las cosas se cierren bien”, dijo Acosta en diálogo con El Espectador.
Hasta la fecha, según le dijo él mismo a este diario, no ha hablado directamente con el presidente ni con los sindicatos sobre los pasos a seguir en ese proceso de liquidación. Eso sí, tiene claro que lo más probable es que, cuando llegue el próximo gobierno, Abelardo de la Espriella designe a una persona diferente para continuar con el cierre del ministerio: “Yo haré el plan para un año, pero, como persona, yo iré hasta el 7 de agosto. (…) O ratificará mi nombramiento o designará otra persona. Este mes, yo simplemente voy a tratar de instalar el mecanismo”. Todo eso suma a la incertidumbre que atraviesa a los sindicatos, pues si bien habrá un plan en marcha, este puede sufrir modificaciones importantes en la transición de mando.
Esa zozobra ha atravesado todo el proceso de liquidación. Mientras el cargo de Acosta estaba sin nombramiento, se dio la recomendación a todos los funcionarios de seguir presentándose en sus puestos de trabajo, incluso si el ingreso no les estaba permitido. ¿La razón principal? Que, al menos en el papel, siguen vinculados a la cartera como funcionarios, y dependerá del liquidador la supresión de sus puestos y de la remoción de cada uno de los que fue nombrado por decreto. Incluso, la posibilidad de que exista un traslado de sus puestos a otras carteras es una de las peticiones que han puesto sobre la mesa los sindicatos en sus encuentros con el Ministerio de Trabajo y su cabeza, Antonio Sanguino.
“No hay garantías porque no hay agente liquidador. (…) Estamos vinculados, pero no sabemos a qué”, aseguró en ese momento una persona que trabajó en la cartera y habló con El Espectador.
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Y hay varios peros que todavía tendrían que ser solucionados por ese mismo agente. Entre ellos, a dónde van a ir a parar los recursos. Eso pasa no solo por lo que pasará con los salarios de todos esos funcionarios, incluyendo a los cargos más altos —ni siquiera los viceministros tienen en este momento acceso a sus oficinas—, también por el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), el lugar de donde sale toda la plata que se mueve en esa cartera.
El Fonigualdad nunca fue ajeno a las polémicas. Al ser de carácter privado, no operaba bajo las mismas reglas de Ley 80 de contratación pública y manejó un presupuesto abultado. Tan solo en 2024, la asignación inicial a esa cartera fue de COP 1,8 billones, de los que se ejecutaron menos del 10 %. Para el 2026, al Minigualdad le asignó una apropiación de COP 323.442’835.064, de lo que solo se ejecutó el 13,32 % (COP 42.803’971.411) —todo en gastos de funcionamiento—, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con un informe de la auditoría fiscal de la Contraloría del año 2025, a los proyectos claves, que se refieren a las mismas poblaciones que el Minigualdad promete defender, se les asignaron cerca de COP 360.000 millones. De esa cifra, solo se ejecutó el 5 %.
Iniciativas como la que buscaba ampliar el acceso al agua y al saneamiento y la de Jóvenes en Paz —la bandera de este gobierno que nació bajo la consigna de “pagar para no matar”— reportan una ejecución del 0 %. Las que más reportaron pagos fueron la de condiciones de vida para personas mayores (27 %), la de atención a migrantes (54 %) y la del Sistema Nacional de Cuidado (72 %).
“El alcance de su misionalidad se ve impactada de manera negativa al tener una ineficiente gestión de los recursos asignados al presentar una baja ejecución afectando el goce efectivo de los derechos de las poblaciones históricamente excluidas”, se lee en el informe de la Contraloría. Y en ese mismo documento, el ente de control detalla que “este resultado se presenta debido a fallas en la planeación, programación y ejecución del gasto, deficiencias en las actividades de supervisión, procesos contractuales no iniciados y debilidades en el seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal”.
Ese informe pone la luz sobre inconsistencias en los recursos que ahí residen. Según el Ministerio de Igualdad, en 2025, el fondo tuvo ingresos por COP 930.000 millones, mientras que la fiducia señala que el monto es de COP 715.000 millones. Algo similar pasa con los rendimientos financieros: la cartera habla de COP 12.314 millones entre 2024 y 2025, pero la fiducia dejó la cifra en COP 6.387 millones. Ninguna de las dos diferencias tiene explicaciones ni soportes.
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Y un monto no menor fue trasladado a la misma fiducia ad portas del inicio de la liquidación del Minigualdad. Para la vigencia de 2025, de los nueve proyectos de inversión, cerca COP 315 mil millones —correspondientes a cuatro de ellos— fueron trasladados a reservas presupuestales. Además, al liquidador le corresponderá cerrar todos los contratos que siguen vigentes a la fecha con una entidad que, en el papel, ya no existe y que, de acuerdo con denuncias del representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático) ascienden a los COP 430 mil millones.
Todo esto ocurre en un fondo con varios señalamientos de cuotas políticas, como lo reveló en su momento El Espectador. Su dirección ejecutiva ha pasado por varias manos y esos cambios tan repentinos en el ente que maneja la plata han sido señalados desde los mismos altos funcionarios en el interior de la cartera como hechos que “afectan la administración”: “Era un ministerio con tres papás, el ministro, la fiducia y el fondo”. Por allí han pasado nombres cercanos a todos los ministros de esa cartera, pero también a otras personas que han tenido manejo sobre esas oficinas.
Allí figura, por ejemplo, Ricardo Suárez Belmonte, cuota de la exfuncionaria del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero. La polémica integrante del Consejo Superior de la Universidad del Cesar cuyo nombramiento como Viceministra de Juventudes se cayó en dos ocasiones por no cumplir con los requisitos necesarios y por el que hoy enfrenta investigaciones judiciales. Actualmente, ese puesto de la gerencia está en manos del Ministerio de Interior, en cabeza de Armando Benedetti.
El cambio no es menor. Esa misma cartera recibirá cuatro de los cinco viceministerios del Minigualdad: Juventudes, Mujeres, Diversidades y Pueblos Étnicos y Campesinos. Tan solo el de Poblaciones y Territorios Excluidos irá a otra dependencia: el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Eso significa no solo un proceso de empalme —que ocurre al mismo tiempo que el del gobierno entrante y el saliente— también la posibilidad de trasladar un grupo de los actuales trabajadores del Minigualdad al DPS y al Mininterior para que continúen con las funciones que ya llevaban a cabo en la cartera en proceso de liquidación.
“El decreto tiene un horizonte de liquidación de un año, que es prorrogable, y eso en el escenario de transición de gobierno es preocupante. Lo que nosotros propusimos es la permanencia de toda la planta, aspecto que fue recibido de manera positiva por el exministro Luis Acosta, (…) mientras exista el lazo con el ente liquidador. (…) ¿Cuál es el tiempo de permanencia de la planta? Esas preguntas serían para el agente liquidador y por eso se necesita el plan de acción”, le dijo a este diario Laura Cartagena, una de las voceras del Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado colombiano (Sunet) del Minigualdad.
Pero no sería tan fácil, especialmente cuando implicaría la ampliación de la planta de trabajadores en un proceso de transición de mando en el que De la Espriella ha prometido desde campaña reducir el tamaño del Estado. El electo vicepresidente José Manuel Restrepo calificó este tipo de “traspasos” como “una burla a la Corte Constitucional”.
Acosta asumirá un proceso técnico que tendrá que poner en marcha en menos de un mes. Lo hace siendo la última cabeza de un ministerio que pasó por cuatro jefes en su existencia: la vicepresidenta Francia Márquez (junio 2023- febrero 2025), Carlos Rosero (febrero 2025-julio 2025), Juan Carlos Florián (agosto 2025-enero 2026) y el ahora liquidador de la cartera (enero 2026-junio 2026). Los tres primeros salieron en medio de roces con el actual jefe de Estado por la falta de ejecución y las tensiones que generó la falta de avances en el proyecto para “revivirla”. Florián, además, pasó por un proceso de suspensión por parte de la Procuraduría, pues su nombramiento no cumplía con la ley de cuotas del gabinete ministerial.
“Me parece que en la planeación y en la construcción de estos procesos que son nuevos debe haber continuidad para que no haya estas situaciones. Si llega un ministro y el otro cambia, después cambia y cambia, eso crea confusión. Y a mí me parece que faltó eso, muchas situaciones de ejecución no se hicieron fue por esas situaciones de cambios”, señaló Acosta.
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Pero el suyo no fue el único puesto sujeto a cambios. Los viceministerios también estuvieron en medio de constantes movimientos en sus cabezas, atravesados por polémicas de acoso sexual y laboral, reveladas por El Espectador, por parte de sus jefes. Por ejemplo, Tamara Ospina Posse, quien encabezó el Viceministerio de las Mujeres, fue señalada de presunto acoso laboral, hostigamiento, racismo y persecución política. En su momento, la funcionaria aseguró que se trataron de “injurias” y “calumnias” que hicieron parte de un “contexto político” en el Ministerio, que no respetó sus derechos de “presunción de inocencia y debido proceso”. Presentó su renuncia cuando Rosero encabezaba la cartera y esta fue aceptada en julio de 2025, pero volvió a su despacho meses después y bajo el mando de Florián.
Nelson Lemus Cruz, exviceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, fue denunciado ante la Fiscalía por acoso sexual y hostigamiento laboral por varias de las mujeres que trabajaron bajo su mando. Cuando presentó su renuncia al presidente Petro, Lemus insistió en su inocencia, afirmó que su actuar “no [quebrantó] ninguna norma moral, étnica ni jurídica” y pidió celeridad en la investigación.
La incertidumbre sobre lo que pasará con la cartera en proceso de liquidación sigue vigente. Lo que el “Gobierno del cambio” instauró como una política de Estado ahora está en manos de su último ministro, encargado de darle cierre a los problemas financieros y responderle a quienes fueron sus trabajadores. Desde el actual Ejecutivo y sus mismas filas en el Congreso no ven que haya posibilidad de revivir la cartera ante un nuevo gobierno que ha criticado ampliamente su ejecución.
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Por María José Barrios Figueroa
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